La más reciente captura del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, se suma a la de otros mandatarios, la mayoría de ellos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como Javier Duarte y Roberto Borge, quienes han sido señalados, acusados y arrestados por delitos similares y plantea la incógnita de si habrá otro encarcelamiento, sobre todo por las sospechas que persiguen a otros de sus colegas todavía en el poder o ya fuera del gobierno.
La mayoría de las sospechas contra un exgobernador recaen en Roberto Sandoval Castañeda, quien se encuentra en la mira de la Procuraduría General de la República (PGR) por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión en Nayarit. El chihuahuense César Duarte con acusaciones similares tiene una orden de arresto en su contra, aunque se desconoce su paradero exacto. También existen señalamientos contra del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, pero como en el caso de su hermano Humberto, su predecesor, no se tiene conocimiento de que sean investigados por el gobierno mexicano o el de Estados Unidos como ha ocurrido con otros políticos mexicanos.
Eugenio Hernández quien gobernó Tamaulipas en el periodo 2005-2010 fue detenido el viernes acusado de malversación de los fondos públicos y lavado de dinero de procedencia ilícita, además de ser requerido por la justicia estadounidense por blanqueo de dinero del crimen organizado.
Estos casos han sido ampliamente abordados por la prensa mexicana sobre todo por tratarse, en el caso de Borge y Duarte, de dos mandatario que eran cercanos al presidente Enrique Peña Nieto. No obstante, en una posición similar se encuentran otros exgobernantes como el exmandatario del estado de Sonora Guillermo Padrés Elías, quien a finales del año pasado se entregó ante un juez para enfrentar cargos de defraudación fiscal y lavado de dinero, por un monto de 8.8 millones de dólares. Días después se le dictó auto de formal prisión al considerarlo como probable responsable de la comisión de tres delitos catalogados como graves; razón por la cual no tuvo el beneficio de la libertad provisional.
Rodrigo Medina, exgobernador estado de Nuevo León, es otro de los exmandatarios acusados de corrupción. Se le responsabiliza de haber generado daños al patrimonio estatal por 3.128 millones de pesos y de presuntas irregularidades al otorgar incentivos al fabricante de automóviles coreano KIA Motors para instalar una planta en Nuevo León, polo económico del norte del país. A principios de año, un juez federal ordenó su liberación de Rodrigo Medina porque no se dio cumplimiento a un recurso promovido por la defensa y el delito por el que es procesado no es grave.
Estos casos recientes de exgobernadores detenidos por presunta corrupción no son los únicos. La lista data de tiempo atrás con el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, quien fue detenido en 2001, extraditado a Estados Unidos y condenado por vínculos con el narcotráfico, antes de ser devuelto a México donde fue nuevamente encarcelado, y la completan: Andrés Granier, exgobernador del estado de Tabasco, quien en julio de 2013, la justicia mexicana le dictó auto de formal prisión por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal; Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán, preso en abril de 2014 por vínculos con el crimen organizado, Luis Armando Reynoso Femat, del opositor Partido Acción Nacional, quien fue arrestado el 2 de mayo de 2014 y puesto en libertad días después tras pagar 2,2 millones de dólares, en un proceso por malversación de fondos públicos.
También figuran en el listado, Jorge Juan Torres López, exgobernador interino de Coahuila, quien se encuentra prófugo y es buscado tanto en México como en Estados Unidos acusado del desfalco del erario de Coahuila.
