Durante los primeros cuatro años de la administración de Enrique Peña Nieto, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), solicitó 2 mil 789 intervenciones de comunicaciones privadas a un juez, mientras que en todo el sexenio de Felipe Calderón únicamente se pidieron 319, de acuerdo con datos del sistema de transparencia que dio a conocer en un reporte el programa de radio por internet Aristegui Noticias.
En los últimos dos sexenios, el uso de tecnología para intervenir comunicaciones usada por el gobierno mexicano ha sido utilizada de manera discrecional. Sin embargo, la administración del presidente Enrique Peña Nieto alcanzó su máximo en diciembre de 2016 cuando realizó 844 trámites para obtener el aval judicial para intervenir comunicaciones.
En la administración de Felipe Calderón el mayor número de solicitudes del sistema ocurrió en octubre de 2012, con 29 solicitudes.
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PGR abre investigación por caso de “Gobierno Espía”
La Procuraduría General de la República (PGR) iniciará una investigación por la intervención ilegal de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática que habría realizado el gobierno mexicano en contra de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos.
Después de que el The New York Times difundiera que un programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano, el cual a petición del fabricante solo debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas, habría sido usado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, entre ellas destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) dijo que investigará los delitos de intervención de comunicaciones previstos en los artículos 177 y 211 bis 1 del Código Penal Federal.
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El grupo de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas que habrían sido objeto de vigilancia presentaron una denuncia penal ante la PGR contra quien resulte responsable por el presunto espionaje del que fueron víctimas.
Como parte de la investigación, la PGR llevará a cabo el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos.
La Procuraduría también investigará a los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos, afirmó la dependencia en un comunicado de prensa.
“La FEADLE garantiza el derecho de las y los denunciantes para coadyuvar en la investigación por sí o a través de sus representantes. La Procuraduría General de la República rechaza enérgicamente las intervenciones ilegales de comunicaciones”, mencionó la PGR.