Aquel 4 de agosto de 2016, el sol de mediodía caía a plomo sobre el Panteón Municipal 12 de Tijuana. En una cuesta del camposanto, decenas de personas sostenían globos y pancartas. Era el cortejo fúnebre de Usiel Alejandro Jiménez Hipólito, quien tuvo una existencia corta, de apenas tres años.
Veintiocho días atrás, la mañana del 8 de julio, Usiel vivió otro día bajo el flagelo del maltrato, con su padrastro, Rafael Rosas Luviano, como verdugo.
Rosas Luviano se quedó a cargo de Usiel y sus cinco hermanas, en tanto la madre de los menores, Diana, acompañaba a su abuela al médico.
Ese viernes Usiel tenía diarrea y se defecó en la ropa y en el piso de una recámara de su casa, ubicada en Lomas de San Martín.
Eso causó que Rosas Luviano le soltara una andanada de cachetadas y nalgadas, hasta que el niño comenzó a vomitar sangre.
Después el padrastro le ordenó a Karla Britania, hermana de Usiel, que limpiara y se llevó al menor a la cocina, donde lo hincó y pateó en el estómago y los genitales.
El niño siguió vomitando sangre.
Una patada llevó la cabeza de Usiel al refrigerador y quedó semi inconsciente.
Sin atención médica oportuna, condenado a morir, Usiel agonizó el resto del día. Karla Britania, de 8 años, avisó a su madre, quien sólo lo bañó, y medicó con paracetamol antes de enviarlo a dormir.
Usiel murió en su cama.
Al siguiente día, el padrastro lo metió a una bolsa negra de plástico y junto a la mamá, aventaron el cuerpo en un baldío situado en el semipoblado bulevar 2000.
Luego, la madre de Usiel fue ante las autoridades para denunciar que le habían robado a su hijo en un mercado. Cuatro días más tarde, un pepenador halló el cuerpo sin vida de Usiel. Esa fue la punta de la madeja…
El caso de Usiel fue apenas uno de los 2 mil 80 registrados en Tijuana, durante 2016, en el marco de un ascenso sin freno del maltrato infantil en todo Baja California.
Para la psicóloga Alicia Hernández, el maltrato infantil es una conducta que detona, principalmente, por la falta de estabilidad emocional en los padres.
Influye desconocimiento del desarrollo del niño, por baja escolaridad y, en un plano perpendicular, las adicciones, dice.
Usiel Alejandro murió en un año en el que uno de cada 244 niños bajacalifornianos sufrieron maltrato.
A fin de poner de relieve esta cifra, la tasa en España es de un niño maltratado por cada 604, de acuerdo a datos oficiales. Es decir, la tasa bajacaliforniana es 2.4 veces mayor.
En Baja California, el maltrato a menores aumentó un 55% en los últimos cinco años, de acuerdo con la secretaría de Seguridad Pública del Estado.
En Ensenada la situación es grave. El número de reportes subió 178% de 2007 a 2016, alcanzando la tasa más alta del estado, con uno de cada 155 niños sufriendo maltrato.
10 años atrás, esta tasa era de una niña o niño maltratado por cada 400.
La ausencia de políticas públicas eficaces para erradicar o disminuir el maltrato infantil, ha provocado que existan colonias donde esta conducta se ha vuelto endémica a lo largo del tiempo, de acuerdo a datos oficiales.
De las colonias que estaban en los cinco primeros lugares por municipio en 2007, al menos cuatro de cada ciudad, se mantienen entre los primeros 20 lugares en las cifras relativas a 2016.
Por ejemplo, la colonia Popular 89 lleva 11 años seguidos como la zona con más reportes de maltrato en Ensenada.
La colonia Constitución, en Playas de Rosarito, desde 2007 presenta el mayor número de casos, y al cierre de 2016, seguía en el primer lugar.
La colonia Benito Juárez, en Tecate, ha estado entre las cinco con más reportes de maltrato infantil, en 10 de los últimos 11 años.
Los reportes de maltrato infantil en B.C. aumentaron 55%, entre 2011 y 2016. Todos los municipios registran incrementos, pero el mayor se da en Ensenada con un 178% durante los últimos 10 años.
Y la Primera Sección de Mexicali lleva 11 años en los tres primeros lugares.
En Tijuana, Urbivilla del Prado 2 tiene el mayor número de reportes en tres de los últimos cuatro años.
Pero a las colonias urbanas que encabezan los índices de maltrato infantil, se han sumado zonas rurales donde esta conducta se ha incrementado, así como los fraccionamientos con viviendas de bajo costo, edificados en las márgenes citadinas, durante elboom inmobiliario de la década pasada.
Ejemplo es San Quintín, que en 2007 ocupaba el lugar 18 en reportes de maltrato en Ensenada, y este 2017 se colocó en el sexto lugar.
El alza en las zonas agrícolas, es explicada por Hernández debido al deterioro de las condiciones socioeconómicas.
Los padres presionados “por el estrés de su situación económica, no proporcionan una disciplina positiva al niño, y se vuelven intolerantes a todo lo que hace. Quieren que el niño no los moleste”, dice la psicóloga.
Pero no todo es culpa de padres y tutores. La indolencia de los funcionarios públicos para rescatar a las niñas y niños donde son víctimas, agrava la situación.
Una semana después que se descubriera el cadáver de Usiel, medios de comunicación en Tijuana dieron a conocer que la secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS), así como la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, adscrita al DIF estatal, fueron informadas desde el 1 de junio de 2016 —39 días antes de que Usiel falleciera— que existían episodios de maltrato en la vivienda del menor.
En el puerto de Ensenada, uno de cada 155 niños sufrió maltrato. FOTO: Newsweek En Español Baja California
El programa de protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la SEBS, alertó al kinder Cecilia Grierson que había detectado quemaduras en las manos de una de las hermanas de Usiel y al cuestionar a la madre, aceptó que se trataba de un castigo por mal comportamiento, por lo cual se dio parte a la citada fiscalía.
Sin embargo, la trabajadora social asignada al caso, aseguró haber acudido a la colonia Lomas de San Martín y no haber encontrado la casa de Usiel.
El maltrato infantil es una conducta que detona principalmente, por la falta de estabilidad emocional en los padres.
Ni ella volvió, ni la procuraduría insistió enviando a otra trabajadora. Hay quienes piensan que eso hubiera podido salvar la vida a Usiel.
“Hay medidas aplicables para evitar el maltrato infantil. Sin embargo, hace falta mucho en la prevención e investigación sobre este tipo de conductas”, dice Marina del Pilar Ávila Olmeda, abogada y catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Observa que los casos de violencia contra niñas y niños, donde son familiares quienes los dañan, violan y asesinan, son cada vez más frecuentes.
Dice que algunos casos de maltrato pudieran evitarse con vigilancia y atención oportuna a las denuncias que se hacen.
A pesar del alza en las denuncias, son pocos los casos que se atienden. Solo cuatro de cada diez menores llegan a ser protegidos. FOTO: Newsweek En Español Baja California
“Muchas veces se denuncian este tipo actos cuando todavía se puede rescatar a estos niños que están en una situación de violencia intrafamiliar”, añade.
A futuro, el panorama tampoco se muestra halagador. El número de menores resguardados por el DIF estatal creció 120% entre 2010 y 2016, pero apenas cuatro de cada diez niñas y niños víctimas de maltrato llega a tener esa protección.
De igual forma, las revocaciones de patria potestad han caído un 37% entre 2012 y 2016.
Quitar la patria potestad a los agresores es una forma efectiva de reducir el maltrato, como lo muestra el caso de Virginia del Oeste, Estados Unidos, que en 2006 tenía la cuarta tasa más alta de ese país.
En varios casos de homicidio por abuso infantil, no hay detenidos. FOTO: Newsweek En Español Baja California
En esta década, su tasa se redujo hasta 11 puntos, de acuerdo a datos del gobierno estadounidense, a la par que, en 2015, alcanzó el primer lugar nacional en revocaciones, con 283 por cada 100 mil menores.
En Baja California, la tasa de revocaciones es de 6 por cada 100 mil niños.
Menores abandonados a su suerte
Lo que no se mide, no se puede mejorar. La secretaría de Seguridad Pública del Estado no tiene datos de quién reportó cada uno de los 4 mil 369 casos de maltrato infantil registrados en Baja California durante 2016, ni tampoco los de años anteriores.
Esto impide saber cuántos menores denuncian su calvario, o cuántos de sus vecinos o familiares son los que alertan. Con ello se complica la creación de políticas públicas eficientes.
En 2013, dio la vuelta al mundo una estrategia aplicada por la fundación ANAR en España, mediante anuncios en parabuses instalados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Vigo, con la leyenda “Si alguien te hace daño, llámanos y te ayudaremos”, así como un número telefónico de contacto. Los textos eran colocados a la altura en que solamente podían verlos los niños.
Esta técnica fue usada en respuesta a un incremento de 14% en los casos de maltrato infantil en la nación ibérica, entre 2011 y 2012.
Y más allá de mediciones, está la ominosa impunidad.
El pasado 18 de abril, Rosas Luviano, el padrastro de Usiel, fue sentenciado a 22 años de prisión por homicidio, pero su madre, cómplice al tirar el cadáver y de mentir a las autoridades, no recibió castigo.
En la mayoría de los casos, la justicia no ha alcanzado a los agresores y homicidas de niñas y niños bajacalifornianos.
Ese fue el caso de Kimberly Hernández Mendoza, una bebé de 16 meses que fue violada y asesinada.
El 11 de julio de 2016, dos días después de que el cuerpo de Usiel fuese abandonado, Kimberly perdió la vida.
Ya muerta, fue llevada por sus padres biológicos, Ariadna Janeth Mendoza Espinoza, de 29 años, y Aurelio Hernández Morales, de 53, a un consultorio de las Farmacias Similares, explicando que se les había caído en un balde con cloro.
Ahí, el médico que atendía intentó reanimarla, pero al no conseguirlo les recomendó ir a la clínica 1 del IMSS en Tijuana.
Kimberly llegó al hospital público acompañada de su madre y el personal médico únicamente pudo certificar su muerte.
Pero cuando los médicos salieron en busca de la madre para informarle la noticia, ya no estaba.
La autopsia al cuerpo de la bebé reveló que la causa de la muerte era por luxación de primera y segunda vértebra y que había sido ultrajada sexualmente.
Mendoza y Hernández, según sus propias palabras, se escondieron primero en Mexicali, luego en los Estados Unidos, para reaparecer con un amparo bajo el brazo, tras nueve días de la muerte de Kimberly y con su cuerpo abandonado en el Servicio Médico Forense.
Los padres de la menor acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), declararon cinco veces y salieron sin problema.
A 10 meses del homicidio de Kimberly, no hay un solo detenido.
Caso similar es el de Elliot Nathaniel Aguirre Villalobos, quien llegó solo a los siete meses de vida.
El 2 de septiembre de 2016, su cadáver fue encontrado en un terreno baldío de la colonia Lomas de la Presa, donde fue abandonado por su madre, Jazmín Evelyn Villalobos, de 20 años, y su novio, Luis Octavio Espinoza, de 22, con quienes vivía en San Diego, California.
Villalobos y Espinoza declararon ante las autoridades tanto de Estados Unidos como de México. Sus versiones fueron distintas.
En la unión americana aseguraron que Elliot estaba enfermo, lo llevaron a su cuna y ya no despertó, mientras que en México dijeron que se les había caído y que a consecuencia de ello, falleció.
En su declaración explicaron haber cruzado la frontera para abandonarlo en Tijuana por temor a ser encarcelados.
La PGJE indicó que el menor había fallecido entre el 7 y 9 de agosto; es decir, su cuerpo permaneció en el baldío entre 25 y 27 días.
Tras nueve meses del fallecimiento de Elliot, tampoco hay detenidos en su caso.
Ávila refiere que no son nuevas leyes lo que hace falta, sino aplicar las ya existentes.
“Sí existen los tipos penales para sancionar estas conductas, pero lo que no existe es voluntad”, dice la catedrática de la UABC.
Tras los homicidios de Kimberly y Usiel, el DIF estatal lanzó una campaña contra el maltrato infantil en periódicos de Tijuana.
“Ni palabras que duelan, ni golpes que hieran”, rezaba el cintillo que apareció en la portada de los impresos durante nueve días en 2016.
La campaña se lanzó cuando la indignación pública por los asesinatos de Kimberly y Usiel estaba en su apogeo.
A partir del 1 de agosto, con los casos de Kimberly y Usiel convertidos en piezas de hemeroteca, los cintillos desaparecieron y el tema se olvidó.
Lo que no se mide, no se puede mejorar. La secretaría de Seguridad Pública del Estado no tiene datos de quien reportó los casos de maltrato infantil registrados en Baja California.
Municipio |
Tasa en 2007 |
Tasa en 2016 |
Ensenada |
1 por cada 400 niños |
1 por cada 155 niños |
Mexicali |
1 por cada 389 niños |
1 por cada 309 niños |
Tecate |
1 por cada 355 niños |
1 por cada 230 niños |
Rosarito |
1 por cada 500 niños |
1 por cada 281 niños |
Tijuana |
1 por cada 492 niños |
1 por cada 256 niños |
Tasas basadas en datos del Conteo de Población y Vivienda 2005, y la Encuesta Intercensal 2015, elaboradas por el INEGI. En el caso de los datos de Tijuana relativos a 2011, el cálculo se hizo con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. Para esta ciudad, se toma la tasa de 2011, primer año completo por la SSPE.
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, firmada por México, es responsabilidad de los gobiernos velar por los derechos de la infancia.
En casos de maltrato infantil, las fiscalías y procuradurías de protección deben resguardar a los menores violentados.
El “resguardo” de un menor es la aplicación del artículo 112, inciso Octavo, de la ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dicho numeral faculta a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, para solicitar al Ministerio Público “la imposición de medidas urgentes de protección especial, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes”.
El Ministerio Público tiene tres horas para conceder dichas medidas. Una vez efectuada la concesión, se ingresará al menor en un centro de asistencia social por las siguientes 24 horas.
Tras ese lapso, el fiscal puede revocar las medidas, modificarlas o ratificarlas, en cuyo caso se le concede la custodia provisional a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado.
Aunque, de acuerdo con las cifras del DIF estatal, la cifra de menores resguardados ha crecido 76% entre 2011 y 2016, la protección real apenas ha aumentado de 39 a 44 niñas y niños maltratados por cada 100.
Más complicado aún es que se revoque una patria potestad.
De acuerdo con las mismas fuentes, en tanto hubo 4 mil 369 niñas y niños maltratados en 2016, apenas se le retiraron sus derechos a 66 padres.