CHIMALHUACÁN,
EDOMEX.— La estructura es tan imponente como polémica. El Guerrero Chimalli, del escultor chihuahuense Sebastián, con sus sesenta metros de altura, puede verse desde cualquier punto de Chimalhuacán, uno de los municipios del Estado de México que acusa mayor pobreza e inseguridad. Más allá de la estética, la enorme figura roja que porta en la mano derecha una rodela y, en la izquierda, un escudo, ha sido cuestionada desde su develación, en diciembre de 2014, por la ofensa que supone: en él se invirtieron 30 millones de pesos del erario, un exceso para una ciudad en la que 40 % de su población sufre por hambre.

La escultura es, a un mismo tiempo, la metáfora de cómo se maneja la entidad. En 2012, al anunciar su construcción, el gobernador Eruviel Ávila dijo que ese guerrero de 870 toneladas protegería a los habitantes de la pobreza. Un chiste, a no ser por la realidad que envuelve a los 700,000 habitantes del municipio. De acuerdo con el Coneval, 54.3 % de ellos no tienen acceso a ningún servicio de salud. Con un médico por cada 1,052 habitantes, el INEGI registra 14 % de decesos por tal grado de carestía.

Con todo y su pobreza, Chimalhuacán es para el PRI una trinchera clave: de acuerdo con datos del Instituto Electoral del Estado de México, su lista nominal es la sexta más grande en el estado. Sin embargo, aquí, como en el resto de los municipios de la entidad, los candidatos del partido se han visto desafiados por primera vez en más de siete décadas de dominio hegemónico. La corrupción y los fenómenos desatados a partir de ella colocan la contienda por la gubernatura en un empate, algo que jamás ocurrió.

Alfredo del Mazo, primo del presidente Enrique Peña Nieto y parte del clan político más poderoso de la entidad, el grupo Atlacomulco, ha echado mano de todo el recurso disponible para despegarse un poco de la candidata de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador. Con un discurso en ocasiones incauto, Delfina Gómez, una maestra que gobernó sin mayor trascendencia el municipio de Texcoco, sorpresivamente pudiera triplicar los 600,000 votos obtenidos por la izquierda hace seis años, y con ello se ha convertido en la amenaza más seria para el estamento político que convirtió al Estado de México en una enorme y compleja fábrica de dinero para unos cuantos.

La joya en la corona es la magna obra que Peña Nieto prometió para Atlacomulco: el Parque Ecológico con Unidad Deportiva, aun inconcluso, en el que se han invertido millones sin transparencia. FOTO: ANTONIO
CRUZ/NW NOTICIAS

EL VOTO FÁCIL

El 4.5 % de los chimalhuaquenses mayores de edad son analfabetas, y votan. Este es un territorio en el que Alfredo del Mazo, el candidato a gobernador del PRI, no tiene necesidad de convencer al ciudadano común para que vote por él. Aun así, a las mujeres se les han repartido tortilleros de tela y secadores de cocina en la que la imagen impresa del candidato, emanado del Grupo Atlacomulco, les promete su “salario rosa”.

“Ojalá nos regalaran refrigeradores”, dice Rosa María Ramírez, jefa de familia que trabaja como doméstica en la colonia Roma de la CDMX.

En los indicadores que el Coneval toma como referencia para hablar de la pobreza en este municipio se dice que el 27 % de los hogares no dispone de refrigerador, y el 40 % carece de lavadora. Chimalhuacán, uno de los 125 municipios que comprenden el Estado de México, es en sí mismo una estampa de la política de Eruviel Ávila Villegas como gobernador, la misma que le heredó Enrique Peña Nieto cuando estuvo al frente de la entidad (2005-2012), y que este a su vez heredó de su tío Arturo Montiel (1999-2005), y este de los que le precedieron, incluidos dos Del Mazo: Alfredo del Mazo González (1986-1988) y Alfredo del Mazo Vélez (1945-1951), quien a su vez lo hizo guiado por su mentor, Isidro Fabela (1942-1945), a quien se atribuye la creación del llamado Grupo Atlacomulco.

La misma casta política que ha gobernado la entidad por medio siglo con el mismo acento, proyectos de obra pública que priorizan los dividendos de grupos afines: constructores, industriales, proveedores… y proyectos convertidos en deuda a muy largo plazo, o concesiones que los mexiquenses seguirán pagando por las siguientes décadas (entre estas las de OHL), independientemente de los resultados de las elecciones del próximo 4 de junio.

INFRAESTRUCTURA PARA RICOS

Una de las vialidades más grandes en la zona es el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), también llamada Autopista Mexiquense. En realidad, se trata de una serie de vías de cuota de 110 kilómetros de longitud, construidas entre los años 2006 y 2011 para conectar el Estado de México con el Distrito Federal. La megaobra fue concesionada al grupo español OHL (Obrascon Huarte Lain).

El dinero público etiquetado para esa y otras vialidades no cumple, sin embargo, con el propósito de servir a la comunidad.

Más allá de cuotas de peaje que difícilmente puede pagar de manera cotidiana la mayoría de los habitantes de la zona, el censo refiere que buena parte de ella tampoco cuenta con automóvil. En el CEM hay 32 casetas, y para atravesar alguno de sus tramos hay que pagar hasta 78 pesos.

Mural en el palacio municipal de Atlacomulco con significativos personajes como Peña Nieto y Arturo Montiel. FOTO: ANTONIO CRUZ/NW NOTICIAS

Tampoco los camiones y combis suburbanos utilizan esa vialidad. A cambio, atraviesan colonias en las que se gesta el mayor porcentaje de robo con violencia y agresiones sexuales contra mujeres.

El Informe de Incidencia delictiva en el Estado de México, elaborado por el Instituto de Estudios Legislativos de la entidad en 2016, identifica al Edomex como el estado de mayor incidencia delictiva del país, con delitos como robo a transeúnte, vehículos y a casa habitación; homicidio doloso y culposo, secuestro y extorsión.

La inseguridad prohijó una red de transporte alternativo. Los municipios que atraviesa la autopista de cuota han sido inundados con bicicletas y motocicletas adecuadas como taxi. A cambio de una cooperación voluntaria (que suele ser de diez pesos), se garantiza al cliente que nadie osará atracarlo a bordo. Los permisos que facultan su operación son veta de negocio de Antorcha Campesina, es decir, del PRI.

En Chimalhuacán la población sostiene que el CEM no solo no los beneficia, sino que fueron afectados porque las personas que aquí habitan, así como en los municipios vecinos —Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tultepec— quedaron partidas en dos, sin puentes de conexión. En el CEM mismo los retornos están hechos para pagar casetas de cualquier manera.

En beneficio del consorcio español OHL, concesionario del Circuito Exterior Mexiquense, se permitió la compra masiva de terrenos a bajo costo para la construcción de la obra, cuyas cuotas de peaje van a parar al otro lado del Atlántico, en España.

Enrique Peña Nieto y su sucesor en el gobierno estatal, Eruviel Ávila, enfocaron su plan de obra pública para concesionarla a empresas como OHL, que a su ingreso en México dirigían desde España Juan Miguel Villar Mir de Fuentes y su yerno, Javier López Madrid. En México, su operador era José Andrés de Oteyza, quien fue secretario de Patrimonio y Fomento Industrial con José López Portillo.

OHL tuvo en su planta de consejeros a altos funcionarios del gabinete de Peña, como Emilio Lozoya Austin, director de Pemex (diciembre de 2012 a febrero de 2016).

El propio CEO de OHL, Juan Miguel Villar Mir, se adhirió a la realeza, desde que su amigo el rey Juan Carlos I le creó un título nobiliario mediante el Real Decreto 137/2011, publicado en el Boletín Oficial del Estado en Madrid el 3 de febrero de 2011, el cual podrá heredar a sus sucesores según la legislación nobiliaria española.

Quién le diría al marqués de Villar Mir que el Estado de México, la fábrica de pobres más grande del país, le daría el negocio más lucrativo a OHL, que en 1987 le compró a Altos Hornos de Vizcaya, llamada entonces Sociedad General de Obras y Construcciones (Obrascón).

Obrascón entonces enfrentaba una fuerte crisis, que ahora parece tan lejana ante la bonanza financiera que la empresa comenzó a tener al poco tiempo de entrar en el mercado mexicano, en el año 2002, en el sexenio de Vicente Fox, cuando este presidente mexicano, su esposa Martha Sahagún y sus más cercanos colaboradores visitaban a su amigo el rey Juan Carlos y su esposa Sofía, y estos, a su vez, hacían visitas oficiales a México, que incluían almuerzos en el rancho San Cristóbal.

En el Estado de México gobernaba el tío de Peña, Arturo Montiel, y fue con ese gobierno, en 2003, cuando, según datos de la empresa OHL, se les adjudicó el Circuito Exterior Mexiquense.

La obra pública de los mexicanos salvó a OHL de seguir en números rojos, y ese mismo dinero de los mexicanos al parecer la sigue sosteniendo: la empresa misma identifica proyectos como el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario y otras obras en México, como primordiales para la compañía.

El dinero público etiquetado para el Circuito Exterior Mexiquense no cumple con el propósito de servir a la comunidad. Es una autopista para ricos. FOTO: ANTONIO CRUZ/NW NOTICIAS

El abogado Paulo Diez Gargari dice que vialidades como el Circuito Exterior Mexiquense debían estar ya en manos del Estado y no de OHL, pues, asegura, “OHL ya recuperó su inversión y debería devolver esa concesión al Estado de México. Pero, por el contrario, y ante la falta absoluta de esa información, lo que se hace no solo es que no devuelva esa concesión en beneficio de la sociedad, sino que se le amplían concesiones de plazo, incrementos de tarifa y nunca sabemos por qué”.

Desde hace varios años, Diez Gargari ha tenido bajo lupa las concesiones de OHL en el Estado de México y opina que en esta entidad “se han aplicado mecanismos muy sofisticados de corrupción para el manejo del erario en obra pública”.

Diseccionando los que considera focos rojos en el manejo de recursos públicos en la entidad, explica: “Pongo un ejemplo muy concreto: en el Circuito Exterior Mexiquense, la SCT modifica la concesión para incorporar dos cuestiones: la construcción del Monumento Bicentenario en Toluca con un Museo de Independencia que no tiene nada que ver con el Circuito Exterior Mexiquense, y que está incluso a unos cien kilómetros del punto más cercano al circuito, pero para este se destinaron 350 millones de pesos, se dijo, y que construyó una filial del Grupo Higa (Concretos y Obras Civiles del Pacífico).

“Y la compra de unas máquinas renovadoras de barrera, que proveyó la familia San Román, y uno dice: ¿qué tiene que ver eso con el Circuito Exterior Mexiquense? Asumiendo que fueran necesarios, entonces debió ser una obra pública que tenía que haberse licitado públicamente y que tendría que haber pagado el gobierno del Estado con recursos propios o tenía que haber obtenido un financiamiento para pagar. Pero no hace eso, sino que (el secretario de Comunicaciones) Ruiz Esparza dice: con esto hacemos varias cosas: se amplía el plazo de concesión a OHL, se le reconocen los montos y 500 millones de pesos para las máquinas, 350 millones del Monumento Bicentenario, y el Grupo HIGA hizo el monumento, y las máquinas con el señor San Román”.

Este, dice el abogado, “es un caso típico que muestra cómo el gobierno del Estado de México es un gobierno que vive desde hace muchos años no en la opacidad, sino en la oscuridad absoluta, en cuanto al tema del manejo de dinero para obra pública”.

Con el Circuito Exterior Mexiquense como una de las principales vías de conexión con la capital del país, se construye el nuevo aeropuerto, una obra que tampoco usará la mayoría de los habitantes de la zona.

Por la misma conexión se llega al Aeropuerto Internacional de Toluca, cuyo flujo de ingresos igualmente aterriza en las arcas del consorcio español, ya que, a través de Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S. A. de C. V. (AMAIT) posee una parte de la sociedad en la concesión (49 %) por lo menos hasta el año 2055.

El conjunto de concesiones en autopistas, carreteras y aeropuerto, los ingresos para OHL fluyen al mismo tiempo en que sus altos ejecutivos en España son señalados por supuestos sobornos.

Javier López Madrid fue detenido en abril pasado y puesto en libertad bajo fianza, dentro de la Operación Lezo que lleva la justicia española, que lo acusa de sobornar al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para la asignación de obra pública y financiamiento ilegal al Partido Popular.

En abril de 2016, José Andrés de Oteyza dejó su cargo luego de que en mayo de 2015 se ventiló una serie de escuchas telefónicas entre altos ejecutivos de OHL que lo vinculaban en supuestas irregularidades. En junio lo haría en España Villar Mir, y diez meses después, en abril, aparecía como imputado por la Audiencia Nacional en indagatorias que siguen en curso. Pero desde el Estado de México, cada vez que un automovilista cruza por cada caseta en el CEM, el dinero sigue llenándoles los bolsillos.

INSEGURIDAD Y POBREZA

El vecino Ecatepec, la tierra del gobernador Eruviel Ávila Villegas, es solo un eco de Chimalhuacán, con la peculiaridad de que es, a decir de sus habitantes, el municipio más inseguro del país.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU 2017), elaborada por el INEGI, indica que el 93.4 % de los residentes se siente inseguro. De estos, el 95 % lo hace al utilizar transporte público; el 65.1 %, al transitar por las calles; el 80 %, al utilizar cajeros automáticos; 58 %, al acudir al mercado, y tres de cada diez no se sienten seguros ni en su casa.

No se trata solo de percepciones. Ecatepec, el municipio más densamente poblado, que concentra a 1 millón 677,678 habitantes, más del 10 % de los 16 millones 187,608 que hay en la entidad —según cifras del INEGI—, registra los más altos índices de incidencia en homicidio doloso y robo a casa habitación, a pesar de que en la zona conurbada de los valles de México y Toluca existen 51 Bases de Operación Mixta (BOM) integradas por elementos del Ejército y la Armada de México.

Ecatepec representa, en materia electoral, la lista nominal más alta: 1 millón 200,000 electores. Le siguen Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla y Chimalhuacán.

En la cuna de Eruviel Ávila, los pobladores sufren cualquiera de los dos flagelos, la inseguridad o la pobreza. Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) son particularmente hirientes en el segundo de los apartados: 40.8 % de la población vive en situación de pobreza y con carencias alimentarias.

Teniendo ya al Guerrero Chimalli en Chimalhuacán, Eruviel Ávila no quiso que su municipio se quedara atrás. Ya como gobernador mandó construir su vigilante para Ecatepec: un hombre alado con antifaz y gestos animalescos, que según su creador emula al dios del viento, Ehécatl, que da nombre al municipio.

La escultura monumental, elaborada por Jorge Marín, se levanta sobre la carretera México-Pachuca, que conecta Ecatepec con Tlalnepantla. La construcción de la base y plaza en derredor se le asignó a Launak Construcciones, una de las compañías con varias de las más importantes contrataciones de obra pública en la administración de Eruviel Ávila.

Launak Construcciones es una constructora domiciliada en el Estado de México, a la que se le han contratado obras como el Parque Morelos y el Auditorio Metropolitano, en Ecatepec, además de trabajos en espacios públicos de la unidad habitacional CTM XIV y el Puente Acueducto II-Tulpetlac, en Ecatepec. También la construcción de carriles confinados para la Línea 4 del Mexibús y obras complementarias en Tlalnepantla, Ecatepec, Tecámac, además de múltiples obras de pavimentación y bacheo en una decena de municipios, entre ellos la capital, Toluca. Pero la joya en su corona es la magna obra que Enrique Peña Nieto prometió para Atlacomulco: el Parque Ecológico con Unidad Deportiva, aún inconcluso, y en el que se han invertido millones sin transparencia.

Pero la realidad en Ecatepec es distinta a las pretenciosas obras de sus gobernantes. Los pobladores son víctimas cotidianas de la delincuencia que opera impunemente y a cualquier hora.

Cuando inauguró el monumento del vigilante en Ecatepec, en marzo de 2016, Eruviel Ávila fue acompañado por Peña Nieto. Exaltado, lo comparó con Moisés, porque, sostuvo, el presidente nunca olvidó sus orígenes.

“Hoy en la tarde tuve una reunión con los señores obispos del Estado de México y recordábamos la visita del santo padre, el papa Francisco, aquí en Ecatepec, precisamente, y recordaremos una cita que él mencionó en la misa.

“Decía que Moisés le dio una recomendación a su pueblo: en el momento de la cosecha, el momento de la abundancia, en el momento de las primicias, no te olvides de tus orígenes, no te olvides de dónde vienes, decía Moisés a su pueblo. Y hoy quiero decirle, señor presidente, que sus paisanos, las y los mexiquenses, le estamos muy agradecidos porque usted nunca se ha olvidado de dónde viene; usted siempre ha querido a su tierra, usted siempre ha apoyado al Estado de México y la inversión más grande que hemos tenido en la historia de este gran estado es gracias a Enrique Peña Nieto”.

Una de esas “inversiones” a las que aludía Ávila es el Mexicable, la obra que se proyectó en 2014 y que aquel octubre del mismo 2016 inauguraban juntos nuevamente.

En 2014 se adjudicó la concesión a Mexiteleféricos, S. A. de C. V., que formaron en sociedad el consorcio de IUSA, de la familia Peralta, y la empresa Alfa Proveedores y Contratistas, S. A. de C. V., de la familia Abed, dueños del Consorcio Aristos, S. A. B. de C. V.

La presidencia de Mexitelefércios, S. A. de C. V. la lleva Carlos Peralta Quintero, cabeza de IUSA, el consorcio que creó su padre, y que ha sido una de las empresas bendecidas del Grupo Atlacomulco, y como secretario, Julián José Abed Jiménez, de la familia Abed, dueños del consorcio Aristos.

La construcción del teleférico que transporta a los habitantes de varias de las colonias más rezagadas del municipio generó a las concesionarias un repunte en sus cotizaciones en la BVM, de acuerdo con los estados financieros del Consorcio Aristos.

En 4.9 kilómetros, el Mexicable tiene siete estaciones (Santa Clara, Hank González, Fátima, Tablas de Pozo, Los Bordos, Deportivo y La Cañada) que unen la zona alta de la Sierra de Guadalupe con la Vía Morelos. El viaje cuesta seis pesos.

Durante su construcción, habitantes de Santa Clara y San Andrés de la Cañada denunciaron supuestos abusos en la expropiación de predios para esta obra.

Para la inauguración del teleférico que en octubre de 2016 hicieron el presidente Peña y el gobernador Ávila se remozaron solo las calles frontales, para que se tomara la fotografía oficial. Al día siguiente, acabada la fiesta, las calles aledañas a las estaciones se convirtieron en nuevas áreas de operación de asaltantes que esperan a los usuarios, ya que no hay seguridad. Y a través de redes sociales, principalmente, usuarios han reportado fallas diversas que incluso los han dejado suspendidos en las alturas.