Una multitud de argentinos repudió el miércoles un fallo de la Corte Suprema capaz de liberar a represores de la última dictadura, y alzó los simbólicos pañuelos blancos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que tras 40 años de lucha clamaron por un “nunca más”.

Al menos medio millón de personas, según los organizadores, asistió a la marcha poco después que el Congreso frenó con una ley el alcance del polémico fallo, pero sin convencer a la ciudadanía de que la política de derechos humanos está fuera de peligro.

Las veteranas activistas que perdieron a sus hijos y nietos en la dictadura que marcó a Argentina entre 1976 y 1983, Estela de Carlotto, Lita Boitano y Taty Almeida -mayores de 85 años-, cantaron a voz en cuello: “Olé, olé, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.

Foto: AFP

También gritaron su lema: “Señores jueces: Nunca más ningún genocida suelto. 30,000 detenidos-desaparecidos ¡presentes!'”.

Por primera vez en la historia invitaron a los asistentes a llevar sobre sus cuellos el simbólico pañuelo que identifica a las Madres de Plaza de Mayo. “Afortunadamente la sociedad ha reaccionado con firmeza”, agradeció Carlotto.

Horas antes el Congreso aprobó por unanimidad una ley que impide conceder a los culpables de crímenes de lesa humanidad el beneficio de reducción de condenas. Se aprobó en debates con la emoción a flor de piel de diputados y senadores, algunos de ellos víctimas directas de la dictadura.

“Hemos demostrado, una vez más, que no queremos que los genocidas, los violadores y los asesinos caminen a nuestro lado”, clamó Almeyda por la organización Madres de Plaza de Mayo línea fundadora.

Carlotto agradeció decisiones como las del Congreso y pidió que “los representantes de los tres poderes del Estado tomen el reclamo del pueblo unido en esta plaza para dar vuelta este fallo antidemocrático y pro-dictadura”, afirmó.

En otras partes de Argentina como Neuquén, Córdoba, Río Negro, Chacho, Santa Fe y Tierra del Fuego también hubo marchas similares.

En alerta

En la plaza del centro de Buenos Aires la multitud se mezcló con cantantes, actores, políticos de todas las tendencias, futbolistas, legisladores y referentes de derechos humanos.

“Tenemos que protestar para que ni se les ocurra largar a los genocidas otra vez”, dijo a la AFP Alba Cervantes, una mujer que colgaba en su cuello la foto de su hermano desaparecido por la dictadura el 20 de septiembre de 1977, Miguel ‘Cacho’ Cervantes.

Cervantes, como una gran mayoría de los manifestantes, recibió con sospechas la rápida ley que aprobó el Congreso contra el polémico fallo de la Corte. “Es una medida distractiva, para que el presidente (Mauricio) Macri siga implementando sus medidas económicas contra el pueblo”, dijo.

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La expedita reacción del Congreso significa “una señal muy clara a la sociedad y a los jueces de cuál es la posición del pueblo argentino” frente a los derechos humanos, dijo Federico Pinedo, presidente provisional del Senado y hombre cercano a Macri.

El cuestionado fallo de la Corte Suprema, con el cual tres de los cinco jueces aprobaron una reducción de pena para el exagente paramilitar Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión-, puso en rebelión a abogados, jueces, fiscales y legisladores.

Macri, señalado por opositores de estar detrás del fallo de la Corte, rompió el miércoles un criticado silencio. “Estoy en contra de cualquier herramienta que facilite impunidad, más aún cuando es por delitos de lesa humanidad”, indicó.

Sin Perdón

Victoria Donda es uno de los 122 nietos recuperados gracias al trabajo de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Como diputada y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja afirmó que “a los genocidas no se los perdona”.

El apropiador de Donda, el exprefecto Juan Antonio Azic, de 76 años, fue uno de los primeros en pedir el beneficio de reducción de su condena.

“No queremos que ningún genocida esté caminando en nuestras calles”, reclamó Donda al revivir la crueldad de la dictadura que la convirtió en uno de los 500 bebés robados. Sus padres figuran entre los 30,000 desaparecidos, según organismos de derechos humanos.

Carlotto, Boitano y Almeida saludaron el “triunfo parlamentario” que limita un fallo que revivió episodios que daban por zanjados en la justicia.

Los tres magistrados que votaron a favor del represor fueron acusados de prevaricato. Fallaron a favor de Muiña aplicando una ley derogada en 2001, que permite computar doble el tiempo pasado en prisión preventiva a la hora de fijar la condena.

En 2005 se derogaron las leyes de amnistía para los autores de crímenes de lesa humanidad, lo que permitió dictar 689 condenas por tortura, secuestro y asesinato de opositores, según un informe judicial a junio de 2016.