Dos exgobernadores mexicanos han sido detenidos en menos de una semana. Los dos escaparon del país a raíz que de que las denuncias en su contra por actos de corrupción fueran activadas en juzgados mexicanos.
La más reciente de las capturas es la de Javier Duarte de Ochoa, prófugo por 186 días. El exmandatario veracruzano enfrenta acusaciones en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Fue arrestado en un lujoso hotel de Guatemala tras una investigación realizada por México en coordinación con las autoridades de ese país.
Seis días antes, Tomás Yarrington Ruvalcaba corrió la misma suerte. La diferencia radicó en que el exgobernador de Tamaulipas, acusado también por lavado de dinero y delincuencia organizada, logró evadir a la justicia por casi un lustro, hasta que elementos de la policía de Italia lo aprehendieron en Florencia.
Tanto Duarte de Ochoa como Yarrington Ruvalcaba llegaron a la cúspide de su carrera política cobijados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual fueron expulsados como consecuencia de las acusaciones que se formularon contra ellos. El exmandatario nacido en Córdoba, Veracruz, fue identificado por el presidente Enrique Peña Nieto como perteneciente a la generación del “nuevo PRI”. El exgobernador tamaulipeco, por su parte, aspiró a ser el candidato de ese partido a la presidencia de México.
Duarte de Ochoa firmó contratos millonarios con empresas fantasma durante su gobierno, lo que dejó al estado de Veracruz al borde de la quiebra; su administración también estuvo marcada por ataques contra periodistas y un recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico. Yarrington Ruvalcaba es acusado por su parte de recibir desde 1998 grandes cantidades en sobornos provenientes de los principales narcotraficantes que operan en Tamaulipas, además de ser involucrado en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de Veracruz a los Estados Unidos en el periodo de 2007 a 2009.
El exgobernador Tomás Yarrington. Foto: Especial.
Además de estas dos capturas, otros casos recientes de corrupción han puesto en jaque a la clase política mexicana. El exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez es acusado de enriquecimiento ilícito. El político también expulsado del PRI escapó a Estados Unidos a raíz de que un juez mexicano ordenara su captura. El exmandatario habría financiado con recursos públicos un banco en el que él y su esposa eran accionistas y del que su secretario de Hacienda era fundador y director.
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por su parte, está en la mira de las autoridades mexicanas, mientras su expediente se amplía con nuevas líneas de investigación a partir de la presunción de irregularidades en el manejo de fondos millonarios durante su mandato.
En los últimos días, además, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha salpicado a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien antes y durante su administración frente a la petrolera estatal fue identificado como uno de los hombres cercanos al presidente Enrique Peña Nieto. Nuevos datos han surgido en los últimos días sobre la trama y se asegura que el gigante sudamericano recibió una petición en 2014 para pagar ilegalmente cinco millones de dólares a Lozoya como contraprestación por “beneficios indebidos” que le fueron otorgados, según el expediente de la investigación en Brasil. Se desconoce quién solicitó el pago y si este se llevó a cabo.
A finales de marzo, otra detención evidenció a la clase mexicana en el poder: El fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia, fue detenido a finales de marzo en San Diego California, Estados Unidos, acusado de narcotráfico. El gobernador de ese estado, Roberto Sandoval, alguna vez se refirió a Veytia, quien era su compadre, como el mejor funcionario de su gabinete. No obstante, el ahora exfiscal es acusado de conspiración para producir, transportar y distribuir droga.
La corrupción le cuesta a México 347,000 millones de pesos al año, eso representa un 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, de Transparencia Internacional (TI), el país se ubicaba en el lugar 95 de 168 países.