La Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) advierte, una vez más, que el riesgo de ingobernabilidad es latente en los 12 Centros de Reinserción Social, cinco cárceles distritales de la entidad y el centro de internamiento para adolescentes.
Así lo dio a conocer en el diagnóstico penitenciario del segundo semestre de 2016, el cual público ayer en su página web.
De acuerdo con el visitador general Humberto Vieyra Alamilla, la ingobernabilidad es un riesgo constante de no mejorar las condiciones de sobrepoblación en estos sitios y de seguir una deficiente atención médica, y una inadecuada separación de poblaciones: procesados y sentenciados, hombres y mujeres.
“La gobernabilidad hacia el interior de los Centros de Reinserción Social siempre será un tema de importancia en su buen funcionamiento, la seguridad al interior de los penales es parte medular para el proceso de Reinserción Social”, señala el análisis efectuado de julio a diciembre de 2016.
El organismo llama a evitar conflictos entre personas internas, como fue la riña que se presentó en julio pasado en la cancha de la cárcel distrital de Tizayuca, que derivó en la quema de colchones, ropa y otros objetos por parte de los reclusos, propiciando que los familiares de los presos bloquearan por espacio de una hora la avenida Juárez de ese municipio en señal de protesta.
A finales de septiembre se suscitó un amotinamiento en el área entonces denominada de “Máxima Seguridad” del Cereso de Tula, en virtud de inconformidades que presentaron internos que permanecían en ella, lo que originó que cambiará a Módulo de Tratamiento Especial.
Por dichos acontecimientos, la comisión inició las quejas de oficio CDHEH-TIZ-0240-16 y CDHEH-TA-0672-16, respectivamente.
En el diagnóstico semestral también documenta el uso de celulares por parte de reclusos al interior de Tulancingo y Pachuca, lo que ameritó que la CDHEH iniciara las investigaciones oficiosas correspondientes y dirigió al secretario de Seguridad Pública en el estado la Propuesta de Solución número PS-VG-0126-16.
La CDHEH recomendó a las autoridades encargadas de los Ceresos (Poder Ejecutivo y Judicial) continuar operativos en los penales, para evitar que los internos tengan en su poder teléfonos móviles, que prohíben la normatividad penitenciaria, al igual que instrumentos peligrosos.
De acuerdo con el estudio, en el segundo semestre de 2016 se observó una disminución de población carcelaria: de 4 mil 75 en enero-julio, bajó a 3 mil 829.
Las cárceles que más baja de internos reflejaron son las de Actopan, Apan, Hinchapan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Molango, Tula y Tulancingo. Una de las causas: en este semestre trasladaron a 41 internos a penales federales. No obstante la sobrepoblación sigue existiendo en prácticamente en los 18 centros, puntualiza el estudio.
El organismo hizo hincapié en la necesidad de la construcción de un nuevo Cereso.