Raymundo Cárdenas Vargas, director general de la franquicia en Zacatecas, califica la medida como de “falsa austeridad” y critica que se haya aplicado sin las reglas para la asignación de publicidad oficial que empresarios de los medios propusieron en septiembre a la nueva administración.
“Durante todo este periodo no se trabajó, pese a que el titular del ejecutivo así lo determinó en una reunión junto con varios de los compañeros de medios de comunicación, directores y directivos, hacer una ley de medios o cuando menos una reglamentación en el acceso a esos recursos”, dice a Newsweek Aguascalientes.
El pasado 16 de enero, Tello Cristerna anunció que el presupuesto de comunicación social pasaría de 164 a 100 millones de pesos. Para La Jornada Zacatecas el recorte equivale al 66 por ciento de sus ingresos por publicidad oficial.
“A mí me parece que ese discurso radica más bien en una falsa austeridad y en un intento, más bien, de mantener a los medios de comunicación que ejercen un periodismo serio, crítico también a la vez y conscientes de cuando se hacen cosas bien”, señala Cárdenas Vargas.
Además del gobierno, otras instituciones como el Congreso local y la Universidad Autónoma de Zacatecas, en las que el diario investigó y publicó irregularidades, han recortado o eliminado su gasto en medios. Eso, reconoce el director, ha puesto en aprietos a prácticamente todos los medios en Zacatecas.
Bajo la perspectiva de que el gobierno debe garantizar el acceso a la información, la iniciativa que encabeza el impreso plantea ocho puntos basados en losPrincipios Sobre Regulación de la Publicidad Oficial y la Libertad de Expresión publicados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además de ayudas indirectas o subsidios diferenciados de la publicidad oficial, lineamientos para la asignación de esos apoyos y de la pauta oficial en medios y asignación pública de contratos de publicidad, propone que un órgano autónomo vigile que esos recursos se otorguen de forma equitativa.
“Acá hay un órgano que puede hacer eso, que es el IZAIP, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública. Ya no se crearía otro, sino más bien se le darían esas tareas al IZAIP para realizar ese monitoreo”, detalla Cárdenas Vargas.
Recorte de personal, la última alternativa
La situación financiera de La Jornada y otros medios ‘tradicionales’ en Zacatecas no es nueva en México ni el mundo. Desde finales de la década de 1980 ha obligado a las empresas a ‘resetear’ su modelo de negocio y, en algunos casos afortunados, ayudado a cortar su dependencia de la publicidad de gobierno.
“Se creó esta unidad de investigaciones especiales donde dimos a conocer el uso de facturas fantasmas. Creo que por ahí podríamos ser los primeros en dar con esa forma de sacar dinero ilegalmente a través de empresas que solo facturan, pero no realizan los trabajos. También sacamos un reportaje sobre el conflicto de intereses de la ex secretaria de economía y otras de la universidad”, ejemplifica.
Y aunque no es la primera vez que el periódico se ve afectado por recortes al presupuesto para publicidad gubernamental -mantiene un litigio contra la Secretaría de Salud por convenios que la dependencia nunca pagó- sí es el más grave.
Hasta ahora, defiende Raymundo Cárdenas, la franquicia se ha mantenido editorial e informativamente autónomo gracias a mecanismos de distinción entre la publicidad y sus contenidos. Pero este nuevo recorte obliga a la administración a evaluar estrategias de comercialización en web, recortar la edición impresa y modificar su distribución.
“El recorte de personal sería la última alternativa”, asegura el director general.
Actualmente, La Jornada Zacatecas emplea a 75 personas entre periodistas, editorialistas distribuidores y administrativos.
