El presidente Mauricio Macri y dos de sus ministros son investigados por la justicia argentina por emitir un decreto que otorga amnistía fiscal a su padre y familiares de funcionarios.
La oposición criticó ampliamente la orden de Macri, acusándolo de cometer “delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Victoria Donda, diputada izquierdista de Libres del Sur presentó una denuncia contra el Presidente, el jefe de gabinete, Marcos Peña y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, al que el fiscal Guillermo Marijuan les sumó imputaciones.
El cuestionado decreto especifica que podrán sincerar activos sólo aquellos familiares que puedan probar que esos bienes fueron incorporados en su patrimonio con anterioridad a la asunción en el cargo de su familiar.
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El decreto modifica así la ley vigente, aprobada hace cinco meses, que excluía del llamado “sinceramiento fiscal” a los familiares de funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (cónyuges, padres e hijos menores emancipados) que ejercieron desde el 1 de enero de 2010.
Hace dos semanas, Macri, Peña y Prat-Gay firmaron este decreto que provocó indignación en todo el arco opositor al considerar que se hizo para beneficiar al padre del mandatario, Franco Macri, un magnate con el que comparte empresas ‘offshore’ en Bahamas y Panamá, según la investigación denominada Panamá Papers.
“Lo firmado (en ese decreto) está dentro del espíritu de la ley. Nos parece que es una discusión técnica. Al final del día, le corresponderá a la justicia analizarlo”, dijo Peña días atrás, defendiendo la medida.
La exclusión de familiares directos de funcionarios al blanqueo de capitales había sido una condición exigida por el Frente Renovador (FR, peronismo de centro derecha) e incluso por parte de la coalición de gobierno Cambiemos (derecha y socialdemócratas) para aprobarla en julio pasado en el Congreso.
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“Es un decreto impúdico”, sentenció Alberto Fernández, dirigente del FR y exjefe de gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007).
Desde el lanzamiento, en agosto, del plan oficial de blanqueo, argentinos que tenían divisas ocultas del fisco y fuera del sistema financiero declararon casi 7,000 millones de dólares, sin obligación de repatriarlos.
También se declararon unos 20,000 millones de dólares en tenencia de activos, propiedades y otros bienes, según un informe oficial.
Con información de AFP
