Con 24 votos a favor y dos abstenciones, integrantes del Congreso local aprobaron la reforma a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que modifica los artículos 107 y 123, con lo que se transfiere la impartición de justicia laboral al Poder Judicial, con lo que desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje federal y estatales.
Es decir, que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades, detalló el diputado del Partido Encuentro Social (PES) Daniel Andrade Zurutuza
“Las modificaciones fortalecen la vida democrática de los sindicatos y eliminan del área de los poderes ejecutivos la justicia laboral, para pasarla a los poderes judiciales del ámbito federal y local, dando paso a fortalecer la independencia de la justicia laboral, desapareciendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje federal y estatales, para que sus funciones sean asumidas por tribunales laborales de los poderes judiciales respectivos”, indicó en su lectura.
Con la reforma se crea un organismo federal de conciliación descentralizado, con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. Este contará con personalidad jurídica y patrimonio propios.
El cambio constitucional también señala que las huelgas laborales serán ilícitas cuando se ejerza violencia contra personas o propiedades, “o en caso de guerra, cuando aquellos (sitios) pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependen del gobierno”.
Las abstenciones para esa reforma estuvieron a cargo de la diputada perredista Simey Olvera Bautista y el diputado de Morena Efrén Salazar Pérez.
En su participación a favor del proyecto, el presidente de la Comisión del Trabajo del Congreso estatal, Miguel Ángel Uribe, expresó que tienen un año para homologar las leyes laborales locales.
En entrevista, precisó que esta ley sólo modifica el apartado A del artículo 123, que regula a quienes laboran para empresas privadas, no así el B, que norma a los trabajadores del sector público, quienes seguirán siendo parte del Ejecutivo estatal.
