La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) demandó este viernes a Nicaragua desechar el proyecto de canal interoceánico por los “graves” daños que causaría a más de 100,000 campesinos, a bosques y al mayor lago de Centroamérica.
El organismo exhortó a Nicaragua a “renunciar al proyecto del canal interoceánico” y a obras anexas previstas en la concesión, en un informe presentado en Managua sobre “el grave impacto en los derechos humanos” que provocaría la vía trasatlántica.
El gobierno de Nicaragua concedió a la empresa china HKND el derecho de construir un canal interoceánico de 270 kilómetros de extensión por el sur del país con un valor de al menos 50,000 millones de dólares.
La iniciativa despertó consternación entre ambientalistas por la destrucción de bosques y la posible destrucción del lago Cocibolca, conocido también como el Gran Lago de Nicaragua, además del desplazamiento de pobladores a lo largo de su ruta.
La FIDH, que tiene sede en París y representa a 180 organizaciones de derechos humanos del mundo, recomendó a Managua derogar la Ley 840 para el desarrollo del canal, aprobada el 13 de junio del 2013 sin contar con estudios de factibilidad.
Llamó la atención sobre la represión policial contra los campesinos que han protestado contra el canal los últimos dos años y urgió “cesar la militarización” en las comunidades afectadas por el proyecto.
El informe de 60 páginas denuncia además la persecución, amenazas y allanamientos de propiedades de líderes de las protestas, quienes han sido tildados por el gobierno como “enemigos del desarrollo”.
El informe fue elaborado por la FIDH con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que forma parte de la Federación, con base en un análisis jurídico de la concesión y el testimonio de 131 campesinos radicados en la proyectada ruta canaleta.
El documento expone “las numerosas violaciones de derechos humanos que podrían resultar” de la polémica licencia que el presidente Daniel Ortega entregó en 2013 al consorcio Hong Kong Nicaragua Development Invesment (HKND) del inversionista chino Wang Jin por un plazo de 50 años renovable por otros 50.
El proyecto, que buscaría competir con el Canal de Panamá, pasaría por el Lago Cocibolca que abastece de agua a 80.000 nicaragüenses del sur del país.
Las obras arrasarían con 193,000 hectáreas de bosques y al menos siete reservas, entre ellas la biósfera de Ometepe, la isla lacustre más grande del mundo, indica el documento.
Cheque en blanco
De acuerdo con el informe, el régimen jurídico del canal vulnera cuatro tratados internacionales, ocho leyes nicaragüenses y “deroga toda norma que se le oponga, adoptando indebidamente un rango supraconstitucional”, advirtió la FIDH.
Esta concesión “es un cheque en blanco para el inversionista” chino porque “le permite desarrollar o negociar con una amplia gama de proyectos en condiciones excepcionalmente favorables”, agregó.
Tendrá asimismo “derechos exclusivos y transferibles” para ocupar propiedades y acceder a todas las fuentes hídricas que necesite para ejecutar las obras, sin pagar contraprestación al Estado, según la FIDH.
“Se han encontrado graves deficiencias” en la concesión para “facilitar un mega acaparamiento” de 2.900 km de tierra que serían expropiadas a precios irrisorios, dejando en “grave indefensión” a miles de campesinos e indígenas, alertó el organismo.
Calculó que unas 119.000 personas serían desalojadas de sus tierras por el canal, muy por encima de los 27.000 apuntadas por HKND.
La FIDH recriminó la indiferencia oficial ante las numerosas acciones legales que fueron presentadas por las comunidades afectadas para suspender la concesión, entre ellas la presentación de 28.000 firmas ciudadanas al Congreso.
Para la FIDH también es necesario “dilucidar si China estaría detrás del inversionista” Wang, puesto que “las entidades que han intervenido en la preparación para la construcción del canal son empresas chinas estatales”.
China debería “abstenerse de contribuir a través de sus empresas estatales a una concesión tan lesiva para los intereses de Nicaragua y el medio ambiente”, estimó la FIDH.
El informe recoge un estudio de la consultora nicaragüense Mónica López que demuestra “la existencia de una red de más de 15 sociedades mercantiles” vinculadas al proyecto registradas en Nicaragua, Islas Caimán, Holanda, Hong Kong y Beijing.
