En algún tiempo la familia Muñoz Guzmán sintió orgullo por el Ejército mexicano. Casi “lo idolatrábamos”, recuerda María Guadalupe. Su hermano Miguel Orlando fue quien llevó al extremo esa admiración. Desde niño quiso ser militar. Lo consiguió en 1987, cuando se graduó como subteniente de infantería. Él quería seguir su carrera en la Escuela Superior de Guerra, pero su historia quedó en pausa el 8 de mayo de 1993. Después de ese día no se le miró más. Las instalaciones del 26 Batallón de Infantería fue el último lugar donde se le vio. El Ejército mexicano lo acusó de ser un desertor. Cuando la familia investigó encontró evidencias de que a Miguel lo desaparecieron sus compañeros militares. Fue entonces cuando a los Muñoz Guzmán se les desmoronó la idea que tenían del ejército. Fue entonces cuando comenzaron su larga búsqueda de justicia.
Miguel Orlando Muñoz Guzmán nació el 12 de febrero de 1968, en San Julián, Jalisco. Estudió en el Colegio Militar; cuando egresó lo enviaron a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Después estuvo comisionado en Ciudad Juárez. A finales de 1992 fue designado comandante de partida en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Ahí encabezó la detención de un grupo de civiles que, al parecer, estaban ligados con el narcotráfico. Desde que realizó esa detención, Miguel Orlando comenzó a tener problemas con los comandantes de la quinta zona militar, entre ellos el general Luis Montiel López. Incluso llegó a comentar a la familia que “el enemigo del verde es el mismo verde”. Tenía 25 años cuando lo desaparecieron, en mayo de 1993.
Su padre, Miguel Muñoz García, denunció la desaparición con autoridades militares y civiles. Buscó a los compañeros de Miguel. Los que se atrevieron a decir algo solo le advirtieron que era mejor no preguntar. Fue entonces cuando la familia comenzó a recibir amenazas telefónicas. Aun así siguieron denunciando. Su búsqueda de justicia los llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1999 presentaron el caso.
Ese año, el organismo internacional recibió otras 39 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas en México. En ese entonces el país no encabezaba la lista de casos que llegaban a la Comisión. Ese lugar nada privilegiado lo tenían naciones como Argentina (123) y Perú (119).
A partir de 2002, México comenzó a ubicarse entre los tres países de América con más denuncias ante la CIDH. En 2012, por ejemplo, 431 solicitudes de México se presentaron al organismo internacional. En 2013 el número se elevó a 660. Las últimas cifras disponibles en el portal de la CIDH muestran que en 2015 se recibieron 849 denuncias, un número que representa 39.2 por ciento del total de las peticiones de ese año.
“México es uno de los principales usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos —resalta la abogada Alejandra Nuño, quien ha litigado varios casos en este sistema—. Las cifras son una muestra del deterioro de los derechos humanos en el país, pero sobre todo de la impunidad. Son una muestra de que el sistema de justicia mexicano está lejos de responder a las graves violaciones de derechos humanos, por eso las víctimas están buscando una justicia internacional que no reciben en su país”.
Si se revisa la lista de casos de México que en los últimos años han tocado las puertas de la CIDH, se encontrará una galería de la “impunidad estructural”, como la denominó la Comisión en su último informe sobre el país: desapariciones forzadas ocurridas desde la década de 1970 hasta el siglo XXI; ejecuciones extrajudiciales; casos de tortura; feminicidios; violaciones sexuales cometidas por militares; amenazas contra defensores de derechos humanos; personas que han sido encarceladas sin haber contado con un debido proceso; muertes que han quedado impunes, como la de los 65 mineros en la explosión de la mina Pasta de Conchos o la de 49 niños en el incendio de la Guardería ABC. Para todos ellos, y muchos más, la CIDH es la última alternativa para encontrar la justicia que en México se les ha negado.
“México está pasando por uno de sus momentos más fuertes en cuanto a violaciones de derechos humanos. Y la impunidad es muy preocupante”. Emilio Álvarez Icaza lanza su diagnóstico del país dos días antes del 15 de agosto del 2016, fecha en que terminó su cargo como secretario ejecutivo de la CIDH.
Durante sus cuatro años de trabajo en la Comisión Interamericana, Álvarez Icaza no solo miró cómo se incrementaba el número de peticiones que llegaban procedentes de México. También fue parte del equipo que tuvo que reaccionar poniendo en marcha mecanismos inéditos para responder a casos como la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero. Pero, sobre todo, debió enfrentar uno de los momentos financieros más difíciles del organismo.
A lo largo de su historia, la CIDH ha sufrido un proceso de debilitamiento económico, el cual llegó a un punto crítico en mayo de 2016. Por la falta de recursos se suspendieron los periodos de sesiones de julio y octubre, las visitas a los países y se anunció que a finales de junio despediría a 40 por ciento de su personal.
LARGA HISTORIA, POCOS RECURSOS
María Guadalupe y su familia, como gran parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se enteraron de la existencia de la CIDH durante su peregrinar en busca de justicia. Cuando la familia agotó todas las posibilidades en el país, solicitó al organismo internacional que aceptara su caso. Fue entonces que los Muñoz Guzmán se enteraron de que la Comisión tiene una historia de más de 50 años.
En 1959, durante una conferencia de ministros de relaciones exteriores se decide crear una comisión, con sede en Washington, para que se encargue de monitorear el cumplimiento de la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en abril de 1948.
Sus primeras acciones se concretaron en realizar visitas a los países y hacer informes sobre su situación. Seis años después de su creación, en 1965, se le autorizó para comenzar a recibir y procesar denuncias sobre casos individuales de violaciones a los derechos humanos. En 1969 se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), aunque entró en funciones hasta 1979, cuando se establece en San José de Costa Rica. La Comisión y la Corte son los pilares que sostienen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Para que un caso llegue a la CoIDH primero debe ser presentado en la CIDH, organismo que evalúa si cumple con los requisitos para ser admitido. Si la denuncia se acepta, se realiza un informe de admisibilidad y la Comisión se pone a disposición de ambas partes (Estado y denunciante) por si quieren llegar a una solución amistosa. Si esto no se concreta, la CIDH emite un informe de fondo en el que se decide si el Estado violó derechos humanos y se presentan una serie de recomendaciones que el Estado tiene que cumplir. Si no se cumplen, la Comisión puede presentar el caso en la Corte Interamericana. Hasta finales de agosto de 2016, la Comisión había enviado a la corte un total de 227 casos.
“El Sistema Interamericano ha sido fundamental para varios temas —resalta Alejandra Nuño—. En desapariciones forzadas sentó bases que, incluso, fueron adoptadas por el sistema europeo. Ha sido esencial para capturar y procesar a Fujimori, para la discusión sobre el paramilitarismo en Colombia, para la erogación de la amnistía en El Salvador y para reformar el fuero militar en México”.
A principios de la década de 1970, la CIDH recibía poco más de 100 denuncias al año. Para 2015 el número se elevó a 2164. Hasta mediados del 2016, la Comisión había admitido 19 423 denuncias en toda su historia.
“La CIDH —apunta Álvarez Icaza— tiene cada vez más incidencia. El concepto de derechos humanos no solo ha ido ganando legitimidad y terreno, sino que se está convirtiendo en un indicador de la gobernabilidad democrática”.
Esa incidencia no ha ido de la mano con un fortalecimiento financiero del Sistema Interamericano. Si el Consejo de Europa destina el 41.5 por ciento de su presupuesto a la promoción y protección de derechos humanos, el Sistema Interamericano solo recibe el 6 por ciento del presupuesto que los Estados otorgan a la OEA. Para 2015, esta cifra fue de casi 5 millones de dólares.
Para complementar su presupuesto, la CIDH también cuenta con las contribuciones voluntarias de Estados miembros y observadores permanentes, entre ellos países europeos. En 2015, esos fondos representaron el 54 por ciento de su presupuesto total, el cual fue de 10 millones de dólares. Además, también tiene proyectos financiados por universidades, fundaciones o agencias de cooperación internacional.
Aun así, los recursos no han sido suficientes. Sobre todo porque, en los últimos años, varios países han decidido cerrar la llave del dinero. Por ejemplo, algunos miembros de la Unión Europea destinaron los recursos que otorgaban a la atención de los refugiados sirios y los migrantes africanos. Canadá, un país que daba contribuciones voluntarias a la Comisión, dejó de hacerlo.
Pero, sobre todo, varias naciones latinoamericanas han disminuido los recursos al Sistema Interamericano. Incluso, algunas dejaron de financiarlo.
En octubre de 2015, integrantes de la CIDH ofrecieron una conferencia a propósito del término de su visita a México, cuya finalidad fue evaluar la situación del país en derechos humanos. FOTO: Armando Monroy/CUARTOSCURO
PRESENCIA INCÓMODA
Hay una historia que refleja el actuar de varios países de América Latina respecto a la CIDH. Hace cuatro años, cuando Álvarez Icaza llegó a la Comisión, se encontró con que el organismo vivía un proceso de fortalecimiento, “pero en realidad parecía más bien un proceso de debilitamiento”. El exsecretario ejecutivo recuerda que las amenazas de varias naciones se cumplieron, entre ellas las de Brasil. En ese entonces, la presidenta Dilma Rousseff estaba muy enojada porque, en 2011, la Comisión otorgó una medida cautelar para frenar la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, megaproyecto que impulsaba el gobierno desde la presidencia de Lula da Silva. El enojo de Rousseff no quedó solo en una rabieta. La presidenta retiró a su embajador de la OEA y dejó de pagar las cuotas al organismo. Hace unos meses, la presidenta suspendida de sus funciones solicitó a la CIDH que le otorguen medidas cautelares, ante el proceso que se le sigue en su nación.
Brasil no es el único que ha tenido una postura crítica contra la CIDH, ahí también están Venezuela, Colombia, Ecuador, Nicaragua (que en forma reiterada se ha negado a que la Comisión realice una visita al país) y, en los últimos dos años, México.
El caso de México es singular. Hasta 2014 era uno de los países latinoamericanos que más contribuciones voluntarias otorgaba a la CIDH (500 000 dólares dio ese año). Después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno mexicano decidió incrementar esos recursos —entre 2015 y 2016 dio cerca de dos millones de dólares—, pero ese dinero se enfocó exclusivamente en las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual se creó como un acuerdo entre el gobierno mexicano y la CIDH. Así que la Comisión no recibió recursos de México para realizar sus labores cotidianas.
“Hace cuatro años México era un país que apoyaba muy fuerte a la Comisión. Eso cambió con esta administración —asegura Álvarez Icaza—. La relación con México se transformó, sobre todo, porque hoy hay una crisis en derechos humanos que ya no es posible cubrirse con buena diplomacia”.
El viraje en la posición de México no solo fue evidente con el Sistema Interamericano. También se notó con otros organismos internacionales de derechos humanos. En los últimos dos años, por ejemplo, funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto han descalificado el trabajo de los relatores especiales sobre tortura y ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas. Además, el país no ha aceptado la competencia de los comités de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que puedan recibir comunicaciones por violaciones a los derechos humanos. La actual administración tampoco ha autorizado la visita de Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
La crisis de la CIDH se hace aún más evidente cuando “México y otros países de Latinoamérica han sido evidenciados como violadores reiterados de derechos humanos. El trabajo que ha realizado la Comisión Interamericana ha causado molestia en los gobiernos”, resalta la abogada Nancy López, directora del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que litiga varios casos.
La situación financiera de la CIDH tocó fondo en mayo de 2016. Y el pleno de la Comisión decidió hacer pública la crisis económica que arrastraba desde hace años. La medida, explica Álvarez Icaza, se tomó porque no había recursos para realizar varias de sus acciones. Además, si los Estados no le otorgaban más recursos, tendría que despedir a cerca de 30 personas, de las 75 que trabajan en la Comisión.
El llamado de auxilio encontró eco en países como Estados Unidos, Argentina, Panamá, Antigua y Barbuda, Colombia, Chile y Uruguay, los cuales otorgaron aportaciones voluntarias o firmaron cartas compromiso para dar recursos adicionales a la Comisión. Gracias a estos apoyos, la CIDH pudo extender los contratos de una parte de su personal, pero no por mucho tiempo: algunos terminan el 30 de septiembre y otros, el 30 de noviembre.
Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y quien ha litigado varios casos en el sistema interamericano, resalta que la actual crisis financiera de la Comisión “es una expresión más extrema de una situación estructural que lleva décadas. Los estados crearon un Sistema Interamericano que ha provocado importantes reformas, que ha documentado graves violaciones de derechos humanos en la región. Como esto es cada vez más evidente, entonces no hay mucha voluntad de dotarla de recursos para que siga haciendo su trabajo”.
El principal impacto de la crisis económica está en los tiempos de respuesta que tiene la CIDH ante los casos que le llegan; algunos han tenido que aguardar entre cinco y ocho años para saber si serán admitidos por el organismo internacional. Una vez aceptados, los denunciantes esperan otros años más para que la comisión presente su informe final, conocido técnicamente como informe de fondo.
VÍCTIMAS EN ESPERA
Cuando los familiares del teniente Miguel Orlando llevaron el caso ante la CIDH, el organismo aún no tardaba tanto tiempo en responder a una petición. En 2000, un año después de la denuncia, la Comisión les informó que su denuncia sí sería admitida. La larga espera comenzó después.
La CIDH tardó seis años en presentar el informe de fondo sobre la desaparición forzada del teniente. “Hay que tener mucha paciencia —dice María Guadalupe, hermana de Miguel—. Hay que estar en pie de lucha mucho tiempo para que estos casos no queden impunes”.
En el informe de fondo de la CIDH, publicado el 28 de febrero de 2006, se enumeran las irregularidades en el caso de Miguel. Por ejemplo, se señala que ninguna autoridad ha realizado una investigación adecuada. También se destaca que se falsificó la firma del teniente en documentos donde, supuestamente, él se retractaba de querer ingresar en la Escuela Superior de Guerra, y que a la familia no se le entregaron todas las pertenencias del militar, en especial el portafolio donde él guardaba su diario. La Comisión realizó varias recomendaciones al Estado mexicano, como realizar una investigación “completa, imparcial y efectiva”, para determinar el paradero de Miguel, establecer que hubo desaparición forzada y sancionar a los responsables.
Para reducir los tiempos de respuesta, Emilio Álvarez Icaza explica que se diseñó un programa integral de atención al retraso procesal, que contempló la reorganización de los trabajos de la secretaría, la formación de grupos especializados para cada etapa procesal y la implementación de nuevas tecnologías. “Con esto se logró revisar prácticamente todas las peticiones que llegaron hasta mediados de 2015. Falta informar los resultados de esta revisión y es aquí donde entra la debilidad estructural de la comisión y la falta de financiamiento, porque no se pudo tener el apoyo administrativo para informar sobre estas decisiones”.
Álvarez Icaza señala que “pareciera que existe una voluntad de los gobiernos de la región, particularmente América Latina, para que la Comisión Interamericana no tenga recursos, porque así no se generan las condiciones para que pueda responder más rápidamente a su mandato”.
Entre quienes esperan saber si sus casos serán admitidos o no por la CIDH están la hija de Alicia de los Ríos Merino, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, detenida y desaparecida por elementos de la brigada blanca, en 1978; las esposas, hijos y padres de los mineros que fallecieron por la explosión de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila; los padres de los 49 niños que perdieron la vida durante el incendio en la Guardería ABC; las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Nuevo León y Sinaloa, así como los padres de víctimas de feminicidio, entre ellas Sara Chavolla, de 15 años, asesinada en Tijuana, en 2005, y Nadia Muciño, cuyo cuerpo se encontró en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, en 2004.
Entre los casos que ya fueron admitidos, pero que se ha demorado el informe de fondo de la CIDH, se encuentra el de las once mujeres que sufrieron tortura sexual en Texcoco y San Salvador Atenco, en mayo de 2006; el caso de la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz, ocurrida en la década de 1970, en Michoacán; la denuncia de los primos Rocío Irene Alvarado, Nitzia Paola Alvarado y José Ángel Alvarado, desaparecidos en Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009; y el caso de Silvia Arce, desaparecida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1998.
HERRAMIENTAS PARA ROMPER LA IMPUNIDAD
En México hay casos emblemáticos que fueron llevados al Sistema Interamericano y que gracias a ellos se consiguieron reformas constitucionales, cambios en la jurisprudencia o pusieron los reflectores sobre graves violaciones a derechos humanos.
Entre las primeras peticiones que llegaron a la CIDH provenientes de México están las denuncias de fraudes electorales ocurridos en Chihuahua y Durango en la década de 1980, de acuerdo con un análisis realizado por Alejandra Nuño, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua.
En la década de 1990 llegaron casos como el del general José Francisco Gallardo Rodríguez, uno de los primeros militares que pusieron sobre la mesa el tema de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército.
En esa misma década, la CIDH presentó informes de fondo sobre la tortura y asesinato de indígenas de Chiapas en el ejido Morelia, por parte de militares, en enero de 1994 (un caso que aún espera que se cumplan las recomendaciones de la Comisión), y el asesinato de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, en junio de 1995.
Entre los casos que han llegado a la Corte Interamericana están el de Jorge Castañeda, quien denunció al Estado mexicano por impedirle participar como candidato independiente en las elecciones a la presidencia. “A partir de entonces comienza una discusión sobre el sistema electoral mexicano y se dan importantes reformas en el tema”, recuerda Nuño.
En 2009, la CoIDH presenta dos sentencias en contra de México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla en Guerrero, en 1974, y la desaparición y muerte de Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, cuyos cuerpos fueron localizados en un campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2001.
El caso Radilla, cuya sentencia se conoció en 2009, impulsó cambios estructurales en el país, entre ellos que la Suprema Corte estableciera que la jurisdicción militar no era competente para juzgar a militares acusados de violar derechos humanos; que los jueces federales y locales deberían verificar la compatibilidad de sus decisiones con los tratados internacionales de derechos humanos y que las averiguaciones previas en casos de violaciones a derechos humanos se consideraran información pública.
La sentencia de la corte en “Campo Algodonero”, como se le conoció al caso de las jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, “tuvo un impacto latinoamericano en términos de jurisprudencia. Permitió sentar las bases sobre debida diligencia, sobre cómo se deben investigar los casos de feminicidios, cómo sancionar a funcionarios y en mostrar el impacto social que tienen estas violaciones a los derechos humanos”, explica Nuño.
Un año después, en 2010, la Corte Interamericana presenta sentencias sobre tres casos más: el de Valentina Rosendo, el de Inés Fernández —indígenas me’phaa, violadas por militares en Guerrero— y el de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, quienes fueron detenidos y torturados por el ejército. Ellos, junto con otros pobladores de Petatlán, Guerrero, se organizaron en 1998 para combatir la tala en la región y evitar la entrada de una compañía que buscaba aprovechar la madera de la sierra de Petatlán.
Estos casos —los cuales aún están en fase de revisión del cumplimiento de las sentencias— impulsaron una reforma en la legislación de amparo, la cual permite que ahora las víctimas y familiares puedan impugnar la intervención de una autoridad pública en una investigación, cuando esta violente sus derechos humanos. Además se vuelve a tocar el tema de la urgencia de eliminar el fuero militar.
Stephanie Brewer, del Centro Prodh, explica que gracias a la sentencia de la CoIDH, las autoridades judiciales del país están excluyendo pruebas obtenidas bajo tortura.
Después de estos casos, en junio de 2014 se promulgó la reforma al Código de Justicia Militar, en donde se excluye la intervención del fuero militar para las violaciones a los derechos humanos.
Además, la CIDH ha otorgado medidas cautelares —un instrumento diseñado para prevenir daños a las personas en situaciones graves y urgentes— a personas que reclaman la búsqueda de sus familiares desaparecidos, a defensores de derechos humanos, a los estudiantes de la escuela rural “Raúl isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, entre muchos otros más.
En el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la CIDH tuvo que poner en marcha mecanismos inéditos como la creación del GIEI para dar asistencia técnica en la investigación; así como el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones realizadas por el grupo de expertos.
“Con la creación del GIEI, la Comisión Interamericana marcó un antes y un después en el tema de los derechos humanos”, señala Stephanie Brewer.
JUSTICIA QUE TARDA
En mayo de 2016, la familia Muñoz Guzmán cumplió 23 años de denunciar la desaparición forzada del teniente Miguel Orlando, más de dos décadas de buscar justicia. Durante este tiempo, la familia tuvo que mudarse de domicilio por las amenazas que recibió. “Nos llamaban en forma constante; nos decían que si seguíamos mencionando al ejército lo íbamos a lamentar. Nos acosaban todo el tiempo”, recuerda María Guadalupe.
En estos 23 años, la familia ha tenido pérdidas importantes. El señor Miguel Muñoz García, padre del teniente, falleció. La estafeta de seguir con la búsqueda fue tomada por la mamá y la hermana de Miguel. Ellas son las que no han dejado que el caso se quede en el olvido.
En 2012, la madre del teniente Miguel Orlando envió una carta al entonces candidato a la presidencia de la república, Enrique Peña Nieto. En ella le solicitaba que, en caso de llegar a Los Pinos, se comprometiera a que el Estado mexicano cumpliera con las recomendaciones de la CIDH, porque la administración de Felipe Calderón no lo había hecho. La carta no tuvo respuesta. Hasta ahora siguen sin cumplirse las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana.
En abril de 2016, durante el 157 periodo de sesiones de la CIDH, la familia del teniente Miguel Orlando tuvo una audiencia con representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para dar seguimiento a las recomendaciones. Tanto las autoridades federales como estatales señalaron que no tenían herramientas para investigar la desaparición de Miguel. “Este caso, pese a tener recomendaciones de un organismo internacional, ejemplifica la impunidad que existe en el país, sobre todo cuando se trata del ejército”, resalta Nancy López, de la CMDPDH, organización que acompaña a la familia Muñoz en su denuncia ante la Comisión Interamericana.
Estos años le han enseñado a María Guadalupe que durante “la administración (de Peña Nieto) y la pasada (Felipe Calderón) ha existido un descaro total en el tema de violaciones a derechos humanos. No hay voluntad política para resolverlos. Nosotros nos sumamos a un montón de casos que están en la impunidad en México”.
Para María Guadalupe y su familia, la Comisión Interamericana ha sido “una herramienta que nos ayuda en nuestra lucha. El caso no se ha archivado justo porque lo tomó la Comisión; el que le dé seguimiento este organismo internacional permite que sigamos presionando para que se investigue, para que no se olvide que hay un militar víctima de desaparición forzada, una desaparición realizada por el mismo ejército”.
Otro caso que también aguarda que el Estado mexicano cumpla con todas las recomendaciones realizadas por la CIDH es el de las hermanas González Pérez, indígenas tzeltales que fueron detenidas ilegalmente, violadas y torturadas por militares en Chiapas en junio de 1994. En 2001, la Comisión señaló que el Estado debía hacer una investigación adecuada, castigar a los responsables y reparar el daño hecho a las víctimas.
Los familiares de los indígenas torturados y asesinados por militares en el ejido Morelia, en Chiapas, también esperan que el gobierno mexicano cumpla con los compromisos que firmó en 2015, para atender las recomendaciones realizadas por la CIDH. Entre las cosas que deberá hacer el Estado están el indemnizar a las víctimas, ofrecerles una disculpa pública y generar garantías de no repetición.
Por la crisis económica que atraviesa la CIDH no existe aún fecha para que se reanuden los periodos de sesiones, durante los cuales se realizan audiencias para abordar temas generales o casos específicos. La abogada Nancy López, de la CMDPDH, señala que estas audiencias son vitales para revisar el cumplimiento del Estado mexicano a las recomendaciones del organismo internacional.
“Por la crisis que está viviendo la CIDH se hará más grande el retraso procesal que ya se tenía —lamenta María Guadalupe, hermana del teniente Muñoz—. Eso es incompatible con el derecho a la justicia. No es fácil ver que pasan tantos años y no sucede nada… Por eso estamos evaluando qué otras alternativas tenemos para que el caso avance y no quedarnos con las manos cruzadas ante esta crisis de la Comisión”.
Hay víctimas que ya comenzaron a tocar las puertas de otros organismos internacionales, como una alternativa ante el retraso procesal que se vive en el Sistema Interamericano. Organizaciones como I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la CMDPDH ya presentaron, por lo menos, tres denuncias contra el Estado mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, por desaparición. También se han presentado denuncias en el Comité contra la Tortura de la ONU.
Las organizaciones de derechos humanos de México saben que, además de abrir otras puertas para el litigio de casos, es vital insistir en el fortalecimiento del sistema interamericano, el cual durante sus poco más de 50 años de existencia ha mostrado que es una herramienta clave para comenzar a romper el círculo de impunidad. “Tanto la Comisión Interamericana como la Corte ha tenido un papel clave en ello”, recuerda Stephanie Brewer. Como ejemplo menciona los casos de Valentina Cantú e Inés Fernández. Gracias a que sus denuncias llegaron al Sistema Interamericano hay militares que están siendo procesados por violación.
La familia Muñoz Guzmán espera que en algún momento ellos también puedan ver procesados a los militares que desaparecieron a Miguel Orlando: “Para nosotros, justicia sería localizar a nuestro hermano y que se sancione a los responsables de su desaparición forzada. Si no sabemos en verdad qué pasó, cómo pasó, por qué sucedió, no tendremos justicia”.
Por lo pronto, el futuro financiero de la Comisión Interamericana es incierto. Sobre todo porque ya se anunció que para 2017 se reducirá el presupuesto de la OEA en casi 15 por ciento. Hasta ahora, explica Álvarez Icaza, la propuesta que está en la mesa es que no se disminuya el financiamiento que se otorga a la CIDH. Además, hay varios países que insisten en la necesidad de hacer reformas a la Comisión Interamericana. Por ejemplo, el embajador de México ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, ha propuesto que traslade su sede a Costa Rica y que realice cambios en su estructura.
Será en junio de 2017, durante la Asamblea General de la OEA que se realizará en México, cuando se concreten o desechen varias de estas propuestas y se marque el nuevo camino del Sistema Interamericano.
Ahogar financieramente a la Comisión y a la Corte traería costos políticos. Si los derechos humanos ocupan cada vez más un lugar preponderante en los índices de gobernabilidad y de la salud de la democracia de un país, el ser visto como una nación que busca debilitar al Sistema Interamericano no es una muy buena carta de presentación en el ámbito internacional.
“Hoy —explica Alejandra Nuño— los derechos humanos son parte de la agenda política y democrática de cualquier país. El dejar de apoyar a un Sistema Interamericano, que ha sido fundamental para el fortalecimiento de los derechos humanos y el desarrollo democrático de la región, es un muy mal mensaje no solo para la sociedad del país, sino para la comunidad internacional”.
Nuño destaca que hoy una nación que no atiende y fortalece los derechos humanos es señalada como autoritaria. “El no apoyar a un sistema internacional de derechos humanos —insiste— es contribuir a que sigan perpetuándose sistemas antidemocráticos en diferentes países de las Américas”.
Defender el presupuesto de la Comisión, disminuir el rezago procesal y, sobre todo, seguir siendo una herramienta efectiva para la defensa de los derechos humanos son varios de los desafíos que tiene ante sí el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, el brasileño Paulo Abão, quien comenzó su periodo de cuatro años el pasado 16 de agosto de 2016.
Álvarez Icaza, por su parte, regresa a México, país que está “peor que cuando me fui. Se están viviendo momentos muy fuertes en el tema de derechos humanos”. Su paso por la CIDH, al parecer, lo dejó exhausto. “Me voy a tomar un sabático”, dice. Antes de definir cuál será su nueva trinchera, considera que es “más prudente regresar al país, reconectar y escuchar”.