Durante los últimos tres años, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) pagó la fianza de 193 presos indígenas, quienes permanecían en reclusión en Centros de Readaptación Social (Ceresos) del estado por delitos no graves.
Daniel Rolando Jiménez Rojo, delegado de la comisión en la entidad, afirmó que en estos casos “no es de que no hayan tenido un traductor o intérprete, sino fue por falta de dinero” para pagar una fianza el motivo por el que estaban en prisión.
Para lograr la libertad de los indígenas, la Cdi invirtió más de 2 millones 400 mil pesos en el periodo que comprende de 2013 a lo que va de 2016.
El delito más común por el que los presos indígenas enfrentaban proceso es el de lesiones, dijo Jiménez Rojo.
Cuestionado sobre el número de miembros de pueblos originarios que tiene sentencia o se encuentra sujeta a proceso judicial en las penitenciarías del estado, el funcionario federal excusó que actualmente se realiza un censo que determinará esta cifra.
“Lo estaremos terminando a finales de octubre, principios de noviembre”, aseguró Jiménez.
Esta medición, dijo, se realiza con visitas a los penales, donde entrevistan a los detenidos para comprobar su condición indígena, pues reconoció que “muchos pueden decir soy indígena y no lo son”.
El funcionario aclaró que a este beneficio sólo pueden acceder aquellos presos que incurrieron en delitos no graves.
El delegado de la Cdi apuntó que son tres regiones las que recorren para elaborar el censo: la Otomí-Tepehua, Sierra y Huasteca, así como el Valle del Mezquital.
Jiménez afirmó que los presos indígenas en su mayoría son varones.