El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, reconoció en su informe de seguimiento sobre su visita realizada del 22 de abril al 2 de mayo de 2013 a México los avances hechos por el gobierno en relación con algunas de las recomendaciones hechas hace dos años, sin embargo dijo que “aún existen dificultades en relación con la protección del derecho a la vida”.
El reporte plantea que en los dos años transcurridos desde la visita de Heyns al país, México ha hecho progresos “en un intento por hacer frente a la impunidad, reducir la militarización de la seguridad pública, mejorar la coordinación institucional y la recopilación de información en las investigaciones de vulneraciones de los derechos humanos y ofrecer protección jurídica a los grupos vulnerables”.
Sin embargo, dice el informe, México sigue afrontando diversas dificultades en relación con la protección del derecho a la vida.
El relator Christof Heyns destaca que los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales “siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables”.
“A pesar de una serie de reformas jurídicas e institucionales, la falta de rendición de cuentas por las violaciones del derecho a la vida sigue siendo un grave problema que fomenta la percepción pública de impunidad y alimenta el ciclo de la violencia”, dice el reporte.
El documento hace mención a los problemas de la prolongada militarización. Indica que en su informe anterior, el Relator Especial criticó a México por el hecho de que las fuerzas armadas tenían encomendadas funciones de seguridad pública y señaló el riesgo de abuso por los agentes que no podían renunciar al paradigma militar y la falta de rendición de cuentas por esos abusos en la justicia militar.
Refiere que aunque el gobierno indicó que la participación del ejército, la armada y la fuerza aérea en la defensa de la seguridad pública se ajustaba a lo dispuesto la ley, “algunas fuentes no gubernamentales informaron de que, en algunas entidades federativas, se había encomendado a los militares la seguridad pública”.
En ese sentido, el Relator lamentó que no se haya avanzado en la aplicación de la recomendación y señaló una serie de trágicos acontecimientos en los que recientemente las fuerzas armadas fueron el centro de las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.
En especial el documento hizo mención a lo ocurrido en junio de 2014 cuando murieron 22 civiles en Tlatlaya, en el Estado de México, en un enfrentamiento entre civiles armados sospechosos de estar involucrados en la delincuencia organizada y el ejército. También mencionó otros casos en los que presuntamente participaron militares en la desaparición forzada y el asesinato de siete personas en el municipio de Calera, estado de Zacatecas, en julio de 2015, y la muerte de un niño de 12 años en Santa María de Ostula, estado de Michoacán, en julio de 2015.
El Relator Especial expresó además su preocupación por las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por los agentes del orden público en las manifestaciones o cuando se practicaban detenciones y observó que no existía un marco jurídico coherente en ese ámbito.
Dijo que aunque hay directrices generales para el uso de la fuerza por los agentes de la seguridad pública por parte de las coporaciones de seguridad federales, hechos como los ocurridos en julio de 2014 en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla; en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y en enero de 2015 en Apatzingán, Michoacánn, muestran la falta de aplicación de estos protocolos.
El informe menciona además que las medidas de protección de los grupos en situación de riesgo siguen siendo insuficientes e ineficaces y que las víctimas no reciben una reparación adecuada.
Refiere que hay un elevado número de asesinatos de personas vulnerables, ante lo cual el relator ha recomendoado que se iniciaran con prontitud investigaciones exhaustivas, efectivas, imparciales y diligentes de los homicidios de mujeres, migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos, niños, reclusos y detenidos y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.
Dice que aunque el gobierno ha establecido Fiscalías especiales para dar seguimiento a los casos de violencia de género y agresiones a la prensa y defensores de derechos humanos, además de protocolos de actuación con respecto a otros casos, reportes como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2015 han señalado que los grupos vulnerables seguían siendo objeto de violencia y vulneraciones de los derechos humanos de forma desproporcionada, en particular los migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados, las mujeres, los niños y las personas que vivían en la pobreza.
El reporte indica que la CIDH también observó que existía un nivel preocupante de violencia contra los familiares de las víctimas, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, y señaló que su falta de acceso a la justicia fomentaba la impunidad estructural por esas violaciones.
Por todo ello, la relatoría sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias pidió al gobierno de México adoptar medidas adicionales para aplicar plenamente las recomendaciones anteriores del Relator Especial a fin de garantizar mejor la protección del derecho a la vida.
