EL SALVADOR, SV.— A unos días del arresto de Raúl Mijango y otras 20 personas relacionadas con la tregua entre gobierno y pandillas en El Salvador —que se llevó a cabo entre marzo de 2012 y mayo de 2014 y que redujo drásticamente los homicidios en el país— se presenta una entrevista inédita a quien fuera uno de los mediadores más importantes en este proceso. La conversación con el exguerrillero salvadoreño se realizó en agosto de 2015, poco tiempo después de ocurrido el paro forzado al servicio de transporte público en ese país por parte de las pandillas, quienes son ahora un actor político real de la región.

Raúl Mijango explica aquí la problemática histórica de El Salvador, desmitificando versiones que colocan el conflicto en esta nación centroamericana como el simple resultado de las acciones de un violento grupo de criminales que debieran ser encarcelados o incluso exterminados. Pero, según lo interpreto, lo que Mijango propone en esta conversación “no es” un pacto con criminales. Lo que explica el facilitador de la tregua es una realidad muy compleja que involucra una serie de actores nacionales de diversa índole, así como a Estados Unidos, a quien considera una pieza clave para explicar la violencia en El Salvador y otras regiones de Centroamérica.

Eludiendo interpretaciones maniqueas, la “tregua” según Mijango no es un pacto entre pandilleros criminales y un narcogobierno corrupto y represor. El proceso al que se refiere es una “tregua entre Estado y sociedad” para poder avanzar hacia una situación más justa y alcanzar la paz en El Salvador. Según esta visión, el Estado mantiene una deuda histórica con la juventud perdida en el continente, en un contexto donde no pueden tomarse acciones unilaterales que criminalicen a aquellos quienes son el producto de una realidad injusta y compleja que involucra a muchos más actores.

En efecto, para Mijango el problema no se reduce únicamente a los pandilleros, o al gobierno que utiliza escuadrones de la muerte para hacer una limpieza étnica, o a los oficiales que tienen vínculos con el narcotráfico y redes criminales transnacionales. Tampoco atribuye la situación actual exclusivamente a las políticas de “mano dura” de la derecha salvadoreña, ni al fracaso de la izquierda en el país, ni se centra sólo en el papel histórico que ha jugado Estados Unidos en la generación de la problemática social y humana en Centroamérica.

El conflicto en El Salvador incluye a todos los actores antes mencionados, quienes debieran reconocer por igual su enorme responsabilidad en el conflicto. La “tregua”, en un primer momento, se consideró como una herramienta basada en el diálogo y la civilidad para enfrentar la emergencia y plantear opciones de largo plazo. El objetivo último era hacer frente a un conflicto social y humano de grandes dimensiones, que si no se resolvía efectivamente prolongaría la guerra y la crisis social que se viven actualmente en El Salvador. Desafortunadamente, esto es lo que ha pasado. Miles de vidas humanas están en juego. Ninguna vale más que la otra. Ninguna es más perversa que la otra. No hay muerte que se justifique. Muchos han sido los responsables… dentro y fuera de El Salvador.

Fotografiados: Imágenes de los maras presos en la Penitenciaría de Izalco, al oeste de San Salvador. Foto: José CABEZAS/AFP 

Me reuní con Mijango la tarde del 11 de agosto de 2015. La entrevista se llevó a cabo en la capital de un país que ha llegado a tener la tasa de homicidios más alta del mundo, y donde el número de fallecidos por causa de violencia supera, según estimaciones, los niveles que se tuvieron durante el periodo del conflicto armado en la década de 1980. Abierto, franco y bastante lúcido, así se expresó Raúl Mijango.

—Sr. Mijango, ¿cómo se puede explicar en la actualidad la violencia en El Salvador?

—Esta situación es producto de dos guerras en desarrollo. Una de ellas lleva más de 25 años de estarse desarrollando, y se vino gestando por los efectos de haber utilizado el país como el laboratorio de un nuevo modelo socioeconómico, un modelo neoliberal que lo único que generó fue pobreza y una mayor concentración de la riqueza. Actualmente el país se caracteriza por una enorme desigualdad; aquí un pequeño grupo de personas domina el 87 por ciento de nuestra base económica.

“La segunda guerra es la que se expresa a través de grupos de jóvenes que se organizan en pandillas. Este fenómeno no es producto de lo que sucedió en el interior de El Salvador exclusivamente, sino que responde a fuerzas que vienen del extranjero y tiene su origen principalmente en la agenda de política exterior de Estados Unidos.

“En El Salvador, el concepto general de ‘mara’ se refiere a un grupo de amigos. Dicho concepto asumió una connotación criminal cuando en Estados Unidos muchos jóvenes salvadoreños que habían emigrado hacia allá —en búsqueda de nuevas oportunidades o huyendo del conflicto armado— se organizaron en distintas expresiones violentas. Aquí cometieron delitos, fueron procesados y encarcelados, y después de que purgaron sus penas en Estados Unidos, se tomó la decisión de repatriarlos a El Salvador. Sólo en un lapso de dos años (1994-96), después de que se habían firmado los Acuerdos de Paz en El Salvador, Estados Unidos envió un promedio de 150 000 deportados, entre los cuales venían muchos jóvenes que allá habían delinquido y que estaban familiarizados con las prácticas de organizaciones pandilleriles. Ellos regresan a un país que recién estaba saliendo de una guerra y que enfrentaba profundos problemas económicos y sociales.Este fue el caldo de cultivo que da origen a la actual situación de violencia en El Salvador.

—¿Cómo son las pandillas hoy en El Salvador, cuál es su dimensión?

—Según los registros existentes, hay cinco pandillas salvadoreñas bien identificables: la Mara Salvatrucha Trece (MS-13); Barrio 18 (que tiene dos expresiones, el Ala Sureña y el Ala Revolucionaria); la Mao Mao; la Mirada Locos Trece, y la Mara-Máquina. Es necesario decir que las dos pandillas más grandes, MS-13 y Barrio 18, nacieron en Estados Unidos, en calles de Los Ángeles, California, y ahora se extienden por varios países del sur del continente, incluyendo El Salvador, Honduras y Guatemala.

“Las cinco estructuras que mencioné cuentan en promedio, en El Salvador, con cerca de 70 000 miembros activos, de los cuales hay cerca de 12 500 privados de libertad y el resto se encuentran libres y tienen presencia o control de buena parte del territorio salvadoreño. Es importante destacar que aquellos vinculados directa o indirectamente con las maras representan alrededor del 10 por ciento de la población salvadoreña. Estamos aquí hablando de “mareros” (miembros de las maras) y de aquellos que están relacionados familiarmente con ellos o viven en comunidades controladas por las pandillas”.

—¿Cómo se define la problemática en el país?

—Estamos hablando de un problema enorme, que no es simplemente un asunto delincuencial, sino que es claramente un problema social. Y según cómo se interprete el fenómeno, se decidirá la forma de abordarlo. El principal error que se ha cometido en el país —apoyado por la visión estadounidense— es que se ha operado bajo la lógica de que la situación de violencia en El Salvador es un problema exclusivamente de orden criminal. Y si se analiza el fenómeno desde esta perspectiva, ya la ruta de acción está trazada: hay que investigar, capturar, procesar, condenar y recluir; o hay que matar en el camino, no hay otra ruta. Sin embargo, si lo vemos como un problema social, las acciones serían diferentes. Y en efecto, en El Salvador la problemática parece tener profunda raíces socioeconómicas estructurales.

“Además, el modelo neoliberal aplicado en el país no logró generar los beneficios esperados y, por el contrario, lo que hizo fue debilitar al Estado, que abandonó gran parte de sus responsabilidades sociales, abandonó el control y la incidencia, y en este contexto, muchos espacios de su competencia son ahora ocupados o controlados por las pandillas.

“Los pandilleros me decían a mí en una ocasión: ‘A nosotros nos acusan de haber tomado control del territorio, pero nosotros no hemos sacado a nadie, simplemente aquí no había presencia del Estado y lo que nosotros hemos hecho es llenar ese vacío’”.

—¿Y cómo reaccionó el Estado ante esta nueva realidad?

—Pues tenemos una nueva guerra que se genera a principios de este siglo —específicamente en junio de 2003, que es cuando el Estado toma la decisión de declararle frontalmente la guerra a las estructuras pandilleriles—. En esta nueva era se militariza la forma de actuación en contra de estos grupos delincuenciales. Ahora el Estado no investiga, sino que persigue, enfrenta y encarcela o mata.

“Lo anterior provocó una nueva guerra que ha dejado decenas de miembros de la policía muertos, algunos efectivos del ejército muertos y centenares de pandilleros muertos. El conflicto interno que existía entre las pandillas evolucionó e hizo mutar a estos grupos ‘delincuenciales’, los cuales adquirieron una connotación política, porque empezaron a percibir que su principal enemigo ya no era la otra pandilla que les disputaba el control del territorio, sino el Estado mismo. Y es a partir de este momento cuando se puede empezar a pensar en la existencia de una especie de guerra civil. Las pandillas se convierten en entes políticos. Sin embargo, no aspiran a alcanzar el poder político o disputarlo con el Estado. Las pandillas simplemente son la expresión reactiva a las acciones del Estado, a quien perciben como agresor.

“Al final podemos decir que las pandillas son una expresión o la reacción ante el fracaso de un modelo socioeconómico que ha marginado a los jóvenes salvadoreños y los ha dejado sin oportunidades. El Estado no ha tenido la capacidad de proporcionar alternativas a los jóvenes, y eso ha hecho que la pandilla se presente como la única forma que ellos ven para alcanzar el éxito. Y entonces su mayor aspiración se vuelve pertenecer a una pandilla. Por ejemplo, para la muchacha más bonita del barrio, su gran aspiración es ser la ‘jaina’ (novia) del ‘palabrero’ (jefe), porque ser un palabrero representa tener estatus, tener autoridad. Así, en la pandilla se llenan los vacíos que el Estado, la familia y la sociedad no han podido llenar.

“Además, en el esquema de violencia general que se crea por este fenómeno, los jóvenes se ven forzados a migrar a Estados Unidos u otros países en busca de oportunidades laborales o se integran a la pandilla o al narcotráfico para sobrevivir. El fenómeno de las pandillas es un fenómeno multicausal que se relaciona directamente con el fenómeno de la migración, la desintegración familiar, la falta de desarrollo económico, así como con la existencia de políticas inadecuadas para contrarrestar este problema. Entonces, podemos concluir que debemos ver esto como un gran problema social. Y si se quiere combatir, se tiene que trabajar en el fortalecimiento del Estado, quien tiene como tarea generar espacios que se consideren de mucho más éxito que las mismas pandillas. Es prioridad del Estado salvadoreño resolver esta problemática, pues si no lo hace se corre el peligro de inmovilizar a la sociedad, frenar el desarrollo del país e, incluso, se puede llegar a una explosión interna.

Cientos de maras participaron en las negociaciones de la paz para El Salvador. La tregua buscaba enfrentar el fenómeno de la violencia. Foto: Juan Carlos/AFP

—¿Cómo puede resolverse la situación de El Salvador? ¿Ustedes concibieron la “tregua” como una vía de solución?

—Bueno, primero decirle que lo que ustedes llaman “tregua” fue para nosotros el inicio de un proceso de paz que comenzó en marzo de 2012 y que buscaba enfrentar de una forma diferente el fenómeno de la violencia en el país. Tenemos muchos años de venir enfrentando el problema desde una lógica exclusivamente delictual, implementando acciones represivas, que en lugar de resolver el conflicto extremo, lo han hecho más grande. En efecto, los niveles de violencia crecieron exponencialmente con las políticas areneras de represión policial de “mano dura”, al tiempo en que se sobrepoblaron nuestras cárceles. Tenemos el sistema penitenciario más sobrepoblado de América Latina, con un hacinamiento de cerca de 300 por ciento en instalaciones sin la infraestructura adecuada para albergar dignamente, o más o menos humanamente, a los privados de libertad. Con las agresivas políticas de “mano dura” de los gobiernos de derecha, el problema no se resolvió, sino por el contrario, se hizo más agudo.

“Entonces, ¿qué hicimos en 2012? Reflexionamos y concluimos que habíamos equivocado el enfoque y que debíamos ahora abordarlo desde una perspectiva integral. En principio, identificamos a aquellos que son los generadores principales de violencia e intentamos contener el conflicto entre ellos. Lo que hicimos inicialmente fue tratar de frenar la guerra entre pandillas con el objeto de reducir drásticamente la violencia y, después, avanzar hacia una solución integral y de largo plazo. Y así, en 48 horas logramos paralizar un conflicto que nadie había podido detener o contener durante 17 años.

—¿Cómo se hizo eso?

—Dialogando. Tomando a representantes de las diferentes pandillas, a sus diferentes expresiones, y estableciendoen primera instancia un diálogo con cada grupo por separado, con el objeto de conocer sus motivaciones y principales preocupaciones. A través de este proceso, aprendimos que los problemas de cada grupo eran similares; ellos no sólo se consideran victimarios, sino también víctimas. Entonces los sentamos a todos en una misma mesa y les dijimos: “Miren, la solución a este problema está en manos de ustedes. Porque quienes mantienen esta guerra que está ensangrentando el país son ustedes y las principales víctimas también son ustedes. Y les queremos decir un secreto: el fenómeno de la inseguridad es el negocio más rentable de los últimos años. En efecto, la inseguridad que ustedes generan y donde ustedes ponen los muertos, tiene sus beneficiarios. En realidad, quienes lucran económicamente con esta inseguridad son otros. Hablamos en particular de los que venden servicios de seguridad privada. Sólo en este país tan chiquitito y tan pobre se paga anualmente una factura de 700 millones de dólares en compra de servicios de seguridad privada”.

—¿Quién brinda esos servicios? ¿Son grupos nacionales o extranjeros?

—Son, en su mayoría, empresas locales, pero las armas se compran en el extranjero. La escopeta y las pistolas que usan las empresas de seguridad privadas las compran mayormente en Estados Unidos. También importan las municiones y el equipo que incluye cámaras para establecer los circuitos cerrados de televisión. Todo esto es parte de una gran industria.

“¿Quién se lleva el dinero entonces? Los que desarrollan la tecnología de seguridad y están al frente de esas empresas. ¿Quién pone los muertos? Las mismas pandillas. Y es entonces cuando los pandilleros comienzan a tomar conciencia y reconocen que de la violencia que generan son otros quienes se benefician mayormente. Así deciden trabajar con el Estado, para juntos buscar una solución a este problema”.

—¿Qué se ofreció y qué se negoció específicamente?

—Lo que se le ofreció a los pandilleros en este caso fue ver y abordar el problema desde una perspectiva de conflicto social. Se reconoció entonces que el problema tiene causas estructurales, y que la base del problema es la enorme desigualdad socioeconómica, por lo que había que trabajar en abrir oportunidades de reinserción social y productiva para los jóvenes que estuviesen dispuestos a abandonar la violencia. Al mismo tiempo, ellos habían entendido que aquellos que habían cometido delitos estarían obligados a pagarlos. ¿Qué ofrecimos nosotros? Una salida a un problema que parecía no tener solución. Y en este proceso salían ganando ellos y ganaba el país.

“Se negoció bajar la intensidad de la acción de confrontación con el Estado, y a cambio de ello mejorar las condiciones de internamiento en los centros penitenciarios. Al mismo tiempo, existía un estímulo subjetivo para los pandilleros: convertirlos en protagonistas de un proceso que beneficiaría al país y eso les iba permitir reivindicarse en cierto modo ante la sociedad por todo el daño que habían causado. Esto hizo que la tasa de homicidios en 48 horas se derrumbara, de un promedio de 14 homicidios diarios a cinco. Y durante 15 meses continuos sostuvimos esa reducción”.

—¿Por qué entonces el Estado decide romper ese acuerdo?

—Por cálculos político electorales. Este proceso, considerado exitoso, generó una reacción política en el país primeramente del lado de la oposición, que sentía que una victoria tan significativa le iba a traer réditos políticos al gobierno en turno y eso se iba a expresar en votos a la hora de las elecciones. Ellos tenían el apoyo de un empresario privado que no estaba dispuesto a permitir una acción que le generaría mayores posibilidades a la izquierda en el país. También contaban con el apoyo de los medios, del sector ultraconservador de la Iglesia católica y, según algunos, del gobierno de Estados Unidos.

“La reacción en contra del proceso fue muy extrema. Por ejemplo, se alegó (sin fundamento) que los muertos habían bajado, pero que había aumentado el número de desaparecidos. Además, se dijo que la tregua era el producto de una negociación oscura, que implicaba pagos a los pandilleros a cambio de su apoyo al proceso. De mí se decía que era una de las personas más ‘oscuras’ en El Salvador, no sólo de piel, sino de actuación. Y se dijeron muchas otras cosas, con el objeto de descalificar un proceso que había sido exitoso. Y estas acciones en contra de la tregua progresaron, lo cual se entiende dado que una buen parte de la sociedad se siente afectada por la acción delictiva de las pandillas. Hay odio, hay resentimientos, hay sentimientos de venganza; la gente pide sangre. Todo ello lo comprendemos.

“Pero el verdadero motivador de la resistencia a la tregua fue de naturaleza político electoral. Por un lado estaba la oposición y, por el otro, el mismo gobierno que resultó atemorizado por la posibilidad de perder apoyos en las elecciones venideras por apoyar un proceso que se consideraba poco popular.

“Cuando Salvador Sánchez Cerén, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), logra ganar la elección presidencial en segunda vuelta, lo hace por un margen muy estrecho de 6000 votos. Eso lo lleva a constituir un gobierno que se considera débil; ellos mismos se concibieron así. Entonces hicieron algunas apuestas para generan consensos y lograr la gobernabilidad que consideraban necesaria. Pensaron que era importante contar con el agrado de Estados Unidos y establecer una relación cordial. Estados Unidos no quiere treguas. Pensaron también en tener agradada a la cúpula empresarial del país y a la expresión más radical de la Iglesia católica. Ellos tampoco quieren treguas ni diálogos como los que habíamos planteado nosotros.

“El gobierno, entonces, cierra la posibilidad de seguir desarrollando aquel proceso que fue tan exitoso y opta por el viejo camino, que es el de enfrentar directamente a las pandillas a partir de la opción represiva. Y aunque ellos mismos están convencidos de que eso no resuelve el problema, pensaron que era el camino para mantener la gobernabilidad en la cúpula y lograr popularidad para futuras elecciones. Parece ser que esta decisión se basa meramente en un cálculo político electoral”.

Raúl Mijango: “¿Hacia dónde vamos? En mi opinión, hacia un recrudecimiento de la violencia y un ascenso cualitativo del conflicto en El Salvador”. Foto:José CABEZAS/AFP

—¿Y qué sucede cuando se termina el diálogo, cuando se rompe la tregua?

–Es preciso destacar que quien rompe le tregua no son los pandilleros. Es el Estado el que ya no cree conveniente seguir generando las condiciones para que el proceso de diálogo continúe desarrollándose. Esto provocó que en un año la tasa de homicidios diarios se elevara nuevamente de cinco a diez. La administración de Sánchez Cerén comienza con una cuenta de diez homicidios diarios y en un solo año alcanzó los 22.5 muertos. Estas cifras demuestran que la forma a través de la cual se está intentando resolver el problema no es la adecuada. Sin embargo, el gobierno actual ha decidido continuar con esta línea de acción, utilizando su mano dura y limitando cualquier proceso de diálogo.

“¿Y hacia dónde vamos? En mi opinión, nos dirigimos hacia un recrudecimiento de la violencia y un ascenso cualitativo del conflicto en El Salvador. Las pandillas van a reaccionar y ya incluso han comenzado su propio debate en el sentido de la necesidad de unirse para enfrentar al gobierno. Han hablado de la creación de La 503 (quinientos tres), que es la figura federativa que asumirían las cinco pandillas para enfrentar directamente al gobierno.

—¿Qué es “La 503”, qué significa “503”?

—La 503 es el código de país que El Salvador tiene. Es el código telefónico. Lo que significa es una fusión de pandillas; la unidad de las pandillas de El Salvador, o un momento en el cual desmontan su guerra histórica para unir fuerzas y enfrentar al Estado. Y ya lo han estado haciendo [como cuando decidieron declarar un “cese al fuego” unilateral, o cuando forzaron el paro en el transporte público que paralizó al país en 2015].

—¿Y qué propone usted?

—Hay que aprovechar la experiencia histórica que vivimos como salvadoreños. Fuimos protagonistas de uno de los procesos de paz más exitosos del mundo, que puso fin a un conflicto de los más cruentos de toda América Latina. ¿Y por qué no utilizar aquí la experiencia para resolver el grave conflicto que ahora enfrentamos? Claro, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es aceptar que tenemos un problema fundamentalmente social y humano. Porque si seguimos como hasta ahora no vamos a resolver nada. Diez por ciento de nuestra población está vinculada directa o indirectamente a las pandillas. No hay que olvidar esto. Es humanamente imposible reprimir, matar o encarcelar a toda esa gente.

“Hay que aprovechar nuestra experiencia histórica. Pero no se está actuando efectivamente y no lo entiendo. El presidente de la república tiene experiencia en resolver conflictos, pues formó parte de la comisión que negoció la paz en El Salvador. Y hoy ¿qué discurso tiene? Exactamente el mismo que tenían los gobiernos de la derecha durante el conflicto armado: calificándonos de delincuentes, de terroristas, y diciendo que con los terroristas no se negocia…, exactamente el mismo discursos que ellos mismos enfrentaron décadas atrás. Entonces parecería ser que se confirma aquella tesis de que el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra.

“Es probable que se recrudezca el problema y que la actual administración continúe enredada en una guerra violentísima con las pandillas. Después de cinco años de lo mismo, de destrucción y muerte, es posible que el gobierno del FMLN termine más desgastado que al inicio. Si así es, se estaría desaprovechando una oportunidad histórica y lo que finalmente sucedería es que se entregaría de nuevo la estafeta a la derecha para que siga gobernando este país. Eso es lo que va a pasar si no se realiza un cambio ahora.

“Deseo que la sensatez y la inteligencia vuelvan a tener un espacio y resolvamos este problema de manera más efectiva, humana y civilizada. Ello le permitirá a El Salvador superar su más grave problema, sin que tenga que pagar un mayor costo social al que ya hemos pagado, que hasta la fecha acumula la pérdida de más de 58 000 salvadoreños [y los que se han ido acumulando desde que se realizó esta entrevista].

Agentes de policía y médicos forenses inspeccionan la escena donde cuatro presuntos miembros de la banda Mara Salvatrucha fueron asesinados por un hombre, en Cojutepeque, en octubre pasado. Foto: Marvin RECINOS/AFP

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Raúl Mijango y otras 20 personas relacionadas con la “tregua” en El Salvador fueron arrestadas en mayo pasado. La Fiscalía los acusa de haber cometido delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos o falsedad ideológica en el marco de la tregua.

La claridad con la que el legendario exguerrillero retrata las operaciones de fuerzas institucionales han sido avaladas por Adam Blackwell, quien fungió como secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2010 y 2015. En una entrevista publicada el jueves 26 de mayo por El Faro, el canadiense sostiene que en la tregua el gobierno salvadoreño fue un participante integral, lo que contraviene la versión oficial que reduce todo a un acuerdo entre pandillas en el que se corrompió el grupo de los 21.

“Yo soy uno de los arquitectos del proyecto”, dice Blackwell. “Durante mi gestión como secretario de Seguridad Multidimensional, la OEA evaluó el sistema de seguridad de El Salvador, con consultas en Colombia, en México, en Estados Unidos… hasta en Inglaterra, en lugares que han tenido que luchar contra bandas criminales. […] El Salvador es de nuevo el país más violento del mundo, pero ahora con una tasa de más de 100 [homicidios por cada 100 000 habitantes]. No sé qué más tenemos que demostrar. Las estrategias de represión, ya sea en la guerra contra las drogas o contra las pandillas, no funcionan”.