PUEBLA, PUE.– Los pasos de Angelina no se oyen. Sigilosa anda pero rápido, es el ritmo que agarra para llegar desde el cerro al pueblo en media hora. Casi corriendo, entra a votar en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, una de las cuatro casillas que se instalaron en el municipio de San Antonio Cañada, región Sierra Negra, el rincón más pobre de Puebla.
Angelina Giménez, cabello plateado amarrado en largas trenzas y un rebozo encima de su delantal morado, tiene 66 años. Vive con su esposo, Ángel, porque los ocho hijos de ambos ya se fueron.
Siembran aguacate, durazno y guayaba en la parcela que también ocupa su casa, “a veces vendemos y otras nos lo comemos”, dice y sonríe como quien admite una travesura. “Cuando hay dinero, comemos pollito. Si no hay dinero, frijol, huevo y sopa. O pura tortilla con sal, frijolitos ¡y salsita! —aclara— Ya ve que Dios regala”.
Aquí también regala el gobierno, al menos en la teoría. San Antonio Cañada es uno de los 400 municipios más pobres del país, los elegidos para empezar en 2013 la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa de asistencia social del presidente Enrique Peña Nieto.
Sobre los cerros áridos, que serían pelones si no tuvieran arbustos y cactáceas sobre sus laderas, trepan pequeñas casitas como la de Angelina y Ángel. Diviso unos pocos tinacos con el sello “Cruzada contra el hambre” y pregunto a un niño sobre más personas beneficiadas por el programa. “No conozco a nadie por aquí”, responde.
Afuera de la Presidencia Municipal, que se transformó en despacho local de la cruzada, hay una montaña de carretillas azules. El apoyo —como le llaman— queda a la vista de quienes llegan a votar y lo miran de reojo.
“¿Es usted del PRI?”, me pregunta Angelina nerviosa porque varias personas pasaron a nuestro lado y un señor se detiene a escuchar la entrevista. “Ya voté, sí voté, sí voté por el partido, siempre voto por el PRI”, aclara en voz alta aunque no le había pedido revelar su preferencia.
Las casillas están prácticamente vacías, pasado el mediodía sólo votaron 79 personas de las 702 empadronadas. Por la calle pavimentada, en cambio, avanza una nutrida procesión de hombres, mujeres y niños: más que las elecciones, entusiasma la fiesta de San Antonio de Padua.
“No pude votar todavía, mi esposo no puede caminar”, aclara nerviosa Luz Amador López cuando llego a la puerta de casa y la patrulla de la policía local se estaciona para preguntar qué hacemos un par de periodistas allí. “Está enfermo, no puede caminar y ahora tampoco ve bien”, dice ella y Juventino Nolasco asiente desde el colchón donde pasa las horas. Lleva 30 años postrado, no saben qué problema físico padece y nunca ha tenido una silla de ruedas.
Luz y Juventino tienen 88 y 90 años. Viven en una casa con paredes de carrizo que deja pasar el sol, imagino que también el aire del crudo invierno en estas montañas. “Sí hace frío —dice ella—, pero tenemos cobijas que nos dieron mi sobrina y su esposo. Se casó a los 14”.
La sobrina les regaló el terreno y los mantiene. Los gobiernos municipales pusieron energía eléctrica y cañerías pero esos servicios llegaron hace apenas una década: Luz vivió por 78 años sin agua potable.
—¿Es difícil aquí? —pregunto.
—Sí. Mucha gente se va a Estados Unidos. En la casa de enfrente se fue un muchacho apenas, en la de allá también —señala con su bastón.
Puebla tiene uno de los peores índices de desarrollo humano de México (0,7518 según última medición del PNUD) y la pobreza aquí supera ampliamente la de por sí elevada tasa nacional: mientras el 46.5 por ciento de los habitantes del país no puede satisfacer sus necesidades básicas, en Puebla el porcentaje es de 64.5 y subió un 3 por ciento durante el gobierno de Rafael Moreno Valle (Coneval). Además, el 75.2 por ciento carece de seguridad social y es el quinto peor lugar nacional en rezago educativo.
Este 5 de junio, seis de cada diez poblanos decidieron no votar. Para el Instituto Electoral del Estado (IEE) no hubo incidentes a destacar pero en la prensa aparecieron muchas denuncias de irregularidades. La Jornada de Oriente documentó que tanto PRI como PAN ofrecían entre 200 y 500 pesos por voto. “A mí me dieron un cheque de 200 —me cuenta Guillermina, empleada doméstica—. Cuando lo fui a cobrar no tenía fondos”.
Angelina Giménez, habitante de San Antonio Cañada, uno de los 400 municipios más pobres de México. A veces el dinero sólo le alcanza para comer tortilla con sal y salsa. Foto: Marlene Martínez
II.
“Parecemos cadeneros de antro”, bromean corpulentos y serios guardias mientras tratan de ordenar el ingreso al lujoso hotel Presidente Intercontinental, devenido en búnker del candidato Antonio Gali Fayad en la capital de Puebla. Pasan de las 19:00 horas y ante ellos se amontonan mujeres que llevan bolsas caras, peinado de salón y tacones stiletto. También hombres de cabello engominado, mocasines y camisas perfectamente planchadas.
El hall huele a perfume cuando Tony Gali llega radiante, con una sonrisa aún más grande de su gesto habitual. “¡Felicidades, señor gobernador!”, le dice un hombre entre empujones y abrazos. “¡Faltan 10, faltan 10 (minutos)!”, responde él sin dejar de sonreír.
A las ocho en punto, cuando comenzará a difundirse el conteo rápido oficial, Gali entra en el salón donde lo esperan prensa y seguidores. El senador Javier Lozano toma el micrófono: “Les quiero presentar al próximo gobernador de Puebla, ¡Tooooony Gaaaali!”, en tono maestro de ceremonias en pelea de box. A todo volumen suena “We Are The Champions” y Gali Fayad saluda desde el escenario. Lo recorre con soltura y gesticula: señala al auditorio, golpea su pecho del lado del corazón y se abraza.
“¡Tony gobernador!”, grita la gente. “¡Tony gobernador!”, grita él. Se asume mandatario electo aunque todavía no hay resultados oficiales, apenas los primeros números que difunde una televisora en una pantalla instalada en un rincón. Da un breve pero enérgico discurso al cual siguen música, cuanta entrevista le piden y un sinfín de selfies.
La fortaleza de Antonio Gali “es ser lo opuesto de Rafael Moreno Valle”, dice Aurelio Fernández, director del periódico La Jornada de Oriente. Mientras el gobernador saliente “no tiene buena imagen, es un represor que no tolera la crítica y ha hecho de Puebla el estado con más presos políticos —cerca de 250 según organizaciones locales—, Gali es simpático y entrador”. Canta, baila y se abraza a quien sea, lo mostró seguido durante la campaña. “Es un hombre que no quiere pleitos pero sin dudas es también un producto de Rafael (Moreno Valle)”, quien a su vez tiene una carrera política ligada a Elba Esther Gordillo.
Antonio Gali Fayad (Puebla, 1959) es economista por la Universidad de las Américas de Puebla. Empresario, inició en la industria textil y después ocupó varios cargos públicos. En 2009 fue designado delegado federal del Servicio de Administración Tributaria; en 2011 secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública durante la alcaldía de Moreno Valle, y en 2013 lo sucedió tras ganar las elecciones locales.
Su fortuna creció exponencialmente en los últimos años: en 2009 declaró un patrimonio 23 millones de pesos y ahora reporta 77.5. Se le adjudica la propiedad de un emporio de exclusivos bares, restaurantes y discotecas en Puebla y Cholula, como también cuentas off shore en Panamá.
Juntos, Moreno Valle y Gali Fayad han emprendido las grandes obras que maravillan a algunos y escandalizan a otros: un teleférico; la rueda de la fortuna más grande del mundo; remodelación del estadio de fútbol; vistosos puentes; nuevos edificios para instituciones públicas y un museo internacional de arte, entre otros.
“El desarrollo de grandiosos espacios arquitectónicos ha jugado un papel fundamental en la construcción del nuevo rostro de la entidad poblana”, celebra la revista Sexenio, infaltable en hoteles de lujo. Periodistas como Aurelio Fernández advierten que “los costos de las obras están sobrevaluados” y así, además de las sospechas por enriquecimiento ilícito, “han endeudado al estado por 70 mil millones de pesos. Han comprometido las finanzas por seis o siete sexenios”.
El Museo Internacional del Barroco, por ejemplo, costó cerca de 1742 millones de pesos (casi 100 millones de dólares) con una estructura de aspecto moderno que abarca 18 000 metros cuadrados y tiene un lago artificial. El portal Lado B denuncia que la obra completa, desde la construcción a la colección que alberga, ha estado signada por la opacidad. Cada vez que pidieron datos por transparencia, las autoridades clasificaron información.
En la Puebla pujante, que sólo en 2015 recibió 556.9 millones de dólares por inversión extranjera directa y ha extendido la estancia de turistas de uno a dos días y medio en promedio, por todas partes aparece el sello de la administración panista: rejas que asemejan un entramado delimitan todos los parques y espacios públicos; del mismo hierro blanco se construyeron varios puentes; idénticos azulejos azul con blanco marcan ruta de bicisenda como recubren hospitales y edificios. “Las obras tienen el propósito de hacerle creer a la gente esto del refrán: ‘sí roba pero hace cosas’ —advierte Fernández—. Pero además, otro problema es que el 70 o el 80 por ciento de lo hecho está en la capital y peor aún, en las zonas de mayor desarrollo, Angelópolis y Los Fuertes, es decir donde viven ellos, políticos y ricos”.
Luz Amador y Juventino Nolasco, de 88 y 90 años. Pasaron ocho décadas sin agua potable, dicen así es la vida en la Sierra Negra de Puebla y por eso muchos jóvenes emigran a Estados Unidos. Foto: Marlene Martínez.
III.
María Elvira y su hija Alicia venden elotes en una angosta carretera en las afueras de Cuetzalan del Progreso. Tienen una mesa y como techo usan la lona de una antigua campaña electoral. A un lado está su casa, construida con bloques de cemento, y en un costado el cartel del Partido Acción Nacional con la sonrisa de Tony Gali, del Partido Acción Nacional. “Lo pusimos porque un primo está con ellos”.
—¿Les ha ido bien con el PAN? —pregunto.
—Con todos es igual. Hagamos lo que hagamos, votemos o no, nada cambia.
En esta región de la sierra nororiental no hay pedazo de tierra sin plantas, crece buen café y los helechos son árboles. El agua brota en cascadas y manantiales que aparecen entre muros de piedra; el agua cautivó a Juan Gómez.
Emigró cuando tenía 17 años, como otros muchachos quiso experimentar la ciudad y dejar atrás su identidad de indígena nahua. Del bosque húmedo pasó a las oficinas de bancos transnacionales, se hizo agente de ventas. Siete años más tarde renunció por ambición de ganar más dinero pero todo cambió el día en que regresó por un rato a su pueblo: “Fui al río, estuve en contacto con el agua y las aves. Fue mágico”. De repente se sintió preso “en el pensamiento del consumismo y del capitalismo donde las personas sólo se dedican a trabajar para comprar objetos y acaparar”.
Abandonó la ciudad, volvió a su pueblo y se integró a la Unión de Cooperativas Tosepan. Ahora divide su tiempo: trabaja como jardinero y guía turístico de un hotel ecológico pero también se encarga de la pelea legal en defensa del territorio porque Cuetzalan se ha transformado en el emblema de la resistencia a la minería.
Con la reforma energética se supo que entre el gobierno federal y la administración estatal planeaban cerca de 90 grandes proyectos de polémicos efectos ambientales para el estado de Puebla, entre planes hídricos y mineros. Algunas concesiones ya estaban autorizadas, por ejemplo seis centrales hidroeléctricas, dos minas a cielo abierto y fracking que ocuparían cerca de 1500 hectáreas en Cuetzalan, zona rica en agua, supuestas reservas de oro y plata aunque los rumores también hablan de uranio.
“Son tiempos de despojo”, se enoja María Luisa Albores, agrónoma y pedagoga. El triunfo de Antonio Gali con el 45.4 por ciento de los votos no le entusiasma porque su partido, el PAN, privatizó el agua. Cree que “va a continuar con lo mismo” y que en el gobierno estatal como en el federal, “quienes deberían cuidarnos en realidad entregan lo que es de nosotros”.
Las autoridades como las empresas mineras, nacionales y extranjeras, ya habían firmado acuerdos cuando toparon con la resistencia que encabeza Tosepan, una organización con 39 años de existencia que articula a 420 cooperativas de indígenas nahuas, totonacas y mestizos. Presentaron un amparo colectivo y en tribunales federales consiguieron suspender toda obra de exploración y explotación para los proyectos Atexaco I y II (caso 1017/2015, Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cholula), concesionados por el gobierno federal a la compañía Autlán.
Albores, también integrante de Tosepan, explica la negativa: “Quieren extraer oro en las partes altas con el método de minería a cielo abierto. Usan cianuro y la sustancia va a permear, va a contaminar (y extinguir) manantiales que son reservas fundamentales para miles de familias. El proyecto no sólo nos afectaría a nosotros, también a la zona baja que llega hasta Veracruz”.
Aterroriza pensar en el vergel devenido en tierra reseca. Cuesta imaginarlo en medio de tanta humedad.
La socióloga Mina Lorena Navarro académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap) y experta en implementación de mega-proyectos, y dice que está probado el daño que causa la minería a cielo abierto. “En la Mina San Xavier, de San Luis Potosí, las personas han sufrido problemas de piel e insuficiencia renal. Desapareció por completo un cerro que era emblema de la ciudad, cambió el paisaje y hay especies animales que ya no llegan. Además las extracciones utilizan mucha agua y allí prácticamente dejaron de tenerla desde que se instaló la mina”.
En el estado de Puebla, indígenas y mestizos han frenado un extenso gasoducto, hidroeléctricas y minas pero hay muchos proyectos que se resolverán durante el gobierno de Gali Fayad. En Cuetzalan se avecina la pelea del fracking porque la zona entrará en la ronda 4 de negociaciones de Pemex y María Luisa Albores insiste en que sus métodos son pacíficos, “¿pero hasta dónde vamos a llegar? La vida se defiende con la vida”.
Juan Gómez sonríe mientras asegura “vamos a ganar” y da sus razones: “Maj amo tiknamakakan Taltzin” (la tierra no se vende) y la palabra “mina” ni siquiera existe en náhuatl.