“Un ambiente de respeto y afecto para
el desarrollo integral de los niños”. Ese era el eslogan con el que se
publicitaba en su página de internet el Colegio Montessori Matatena. Frase que,
a la postre, sería desmentida por los lamentables casos de abuso sexual de
menores, ocurridos en sus instalaciones.
El caso se hizo público cuando varias
madres publicaron en redes sociales que, en esa escuela, un hombre abusaba
sexualmente de los niños con el pretexto de un juego. Señalaban directamente a
Rafael Duarte, esposo de la directora del plantel, Patricia Guitián.
Mediante un comunicado, la institución
desmintió las acusaciones en los siguientes términos.
“Es falso que haya sucedido un abuso
sexual de un menor en la escuela Montessori Matatena. Lamentamos que un grupo
de personas hayan difundido estos falsos rumores en redes sociales, que tanto
daño han causado a nuestra institución educativa. En cuanto concluya la
investigación de la PGJDF daremos a conocer más información acerca de quiénes y
cómo difundieron esta falsa acusación a través de redes sociales. Por el
momento seremos respetuosos del sigilo de la investigación iniciada”.
En rechazo a la postura del colegio,
las familias de los niños afectados y otras en muestra de solidaridad,
acudieron a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la PGJDF y reiteraron las
acusaciones en redes sociales con el objetivo de dar visibilidad al caso, a fin
de lograr que los testimonios de los pequeños fueran tomados como prueba para
solicitar una orden de aprehensión contra el presunto responsable.
Al final lo consiguieron. El “Tío
Rafa”, como era llamado por los pequeños, fue consignado al Reclusorio Oriente
donde se le dictó auto de formal prisión por el delito de abuso sexual en
contra de tres menores, sin posibilidad de obtener la libertad bajo fianza.
Sin embargo, el manejo que se le dio al
caso evidenció la falta de un protocolo por parte de las autoridades educativas
y judiciales para hacer frente a estas denuncias, donde los menores son
revictimizados, y los responsables, protegidos.
Las cifras del horror
De enero del año 2000 a 2014, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 190 quejas por abusos
sexuales en escuelas del país, por las cuales emitió 14 recomendaciones a la
Secretaría de Educación Pública (SEP), a los gobiernos de Oaxaca, Michoacán y
Zacatecas, así como a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las recomendaciones permitieron comprobar
que 129 niñas y niños sufrieron violencia sexual mientras cursaban educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y educación especial,
además de que 28 agresores eran servidores públicos y trabajaban en las
escuelas como profesores, prefectos, personal de intendencia y empleados
administrativos.
Este dato es espeluznante: sólo en dos
de las 18 recomendaciones hubo una actuación oportuna por parte de la autoridad
escolar después de la denuncia, mientras que en los casos restantes, las
escuelas y autoridades permitieron que el agresor continuara frente a un grupo,
no lo sancionaron, ni actuaron para evitar que las agresiones continuaran.
El organismo concluyó que, frente a la
violencia sexual en centros escolares, las autoridades son omisas ya que no
cuentan con una política de prevención e identificación de los casos;
desconocen el procedimiento que se debe seguir cuando se ha detectado un caso
de violencia sexual o actúan con negligencia, y hay una inadecuada atención a
las víctimas.
Las entidades con mayor número de casos
entre los años 2000 y 2013 son la Ciudad de México con 546; Veracruz con 190;
Estado de México con 156; Jalisco con 139 y Guanajuato con 124.
De 2013 a la fecha, la Administración
Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México (AFSE), recibió 329
reportes de padres de familia, pero acreditó el abuso en 47 por ciento de
ellos. Por esos 156 casos, separó a profesores y trabajadores de sus cargos e
inició denuncias ante el Ministerio Público.
Existen al menos cinco documentos que
determinan la forma en que los profesores pueden identificar cuando un niño ha
sido víctima de abuso sexual dentro o fuera del contexto escolar, cómo se le
debe tratar y reaccionar para volver a generar confianza en él.
En ellos se establece que el trabajador
acusado debe ser separado inmediatamente de su cargo para iniciar una
investigación interna por la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual
Infantil que, en caso de encontrar
elementos, turna el caso al Ministerio Público. Este proceso puede tomar hasta
nueve meses.
Todos estos protocolos fallaron y se
vieron rebasados en el caso del kínder Montessori Matatena. Pero si creemos que
nuestros niños sólo están expuestos a peligros en el exterior, nos equivocamos.
Jugar a “las escondidas”
Pedro Mata Crespo y Bruno Pontones
Mata, adolescentes de 13 y 14 años, desparecieron el 10 de mayo pasado cuando
regresaban del colegio. Sus padres presentaron la denuncia y la PGJDF emitió la
Alerta AMBER, mientras familiares y conocidos difundieron sus fotografías en
las redes sociales, hasta que aparecieron.
De acuerdo con las primeras
investigaciones, los primos se ausentaron de sus casas por decisión propia como
parte de un reto lanzado en Twitter y Facebook llamado #Gameof72, cuyos
primeros casos se reportaron en Australia, Canadá e Inglaterra.
El reto consiste en que los menores
desaparezcan por 12, 24 o 72 horas sin dejar rastro de su paradero, sin avisar
a nadie, sin dejar pistas, sin dar señales de vida. Al concluir el periodo,
deben aparecer como si nada y sin decir dónde estuvieron.
El 11 de mayo, al mediodía, una tía de
los adolescentes confirmó que habían sido encontrados y que estaban bien de
salud; sin embargo, la Procuraduría desmintió que el caso estuviera relacionado
con este reto.
María de los Ángeles López Peña, subprocuradora
de Atención de Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la
dependencia, aclaró que los familiares prefirieron mantener en secreto las
causas de la ausencia de los jóvenes, pero descartaron que haya sido por
participar en el #Gameof72.
La importancia de decir “no”
Estos dos casos, en apariencia sin
conexión, deben hacernos reflexionar como padres de familia, como autoridades y
como sociedad, sobre si enseñamos a nuestros niños a decir “no”.
A decir “no” cuando alguien pretenda
tocarlos o acosarlos; a decir “no” cuando los reten a hacer cosas realmente
absurdas como desaparecer y sumir en la angustia a familiares y amigos. Y a que
ese “no” se exprese con fuerza para que sea escuchado.
Lo más importante es que sepan que si
algo malo les sucede deben tener la confianza de que serán escuchados y de que
contarán con nuestro apoyo.
En un ejercicio de autocrítica, debemos
preguntarnos si conocemos a las personas que los rodean, a sus compañeros de
escuela, a los padres de sus amigos, a los maestros.
Estoy segura de que los abusos y las
ausencias se pueden evitar si estamos atentos a cambios de conducta, estados de
humor, y pendientes de su comportamiento. Y eso sólo se puede lograr mediante
la confianza que se debe construir todos los días.
He dicho aquí y en todos los espacios
donde tengo voz y pluma, que “la educación es la base de toda sociedad y
familia feliz”, pero lamentablemente con ella (educación) no se cortan
listones, ni se hacen grandes inauguraciones, nadie se hace famoso. Pero
insisto, entre más educación tengamos, menos violaciones, menos niños, jóvenes
y adultos violentos, menos delincuentes en la calle que no tuvieron infancia
feliz. Menos problemas como sociedad y más avance y superación cono nación; así
que, señores gobernantes, aunque no salgan en la tele con políticas públicas
eficaces porque quizá hablar de educación no vende, “háganlo”, niños
y padres lo vamos a agradecer más que sólo una calle o un puente nuevo en la
colonia.