Durante la primera década de este siglo, Myanmar registró entre quinientos mil y seiscientos mil casos anuales de paludismo. Por ello, no sorprendió que, en febrero de 2005, un hombre de veinticinco años acudiera a consulta con un cuadro tan violento de fiebre, náuseas, escalofríos y cefalea que tuvieron que hospitalizarlo. De inmediato los médicos diagnosticaron paludismo y recetaron artesunato, antipalúdico económico que suele ser el tratamiento de rutina para tratar la infección.
Los síntomas suelen desaparecer después de unos días de terapia farmacológica, pero el paciente empeoró; mucho. Cayó en coma, sus riñones comenzaron a fallar y la concentración sanguínea de parásitos palúdicos aumentó. Sus tratantes intentaron administrar líquidos e inyectaron dosis más potentes de artesunato directamente en la sangre, pero fue muy tarde. La infección llegó al cerebro y lo mató.
Como el artesunato es un medicamento seguro, bien tolerado y muy eficaz, investigadores del hospital decidieron revisar el caso para entender qué había sucedido, y les horrorizó descubrir que el artesunato utilizado sólo tenía 20 por ciento del ingrediente activo necesario para matar a los parásitos. En otras palabras, la sustancia era falsa.
La noticia de la tragedia corrió como fuego por la aldea y los líderes de la comunidad quedaron consternados. Nadie había muerto a consecuencia de un medicamento falso en la diminuta población o, al menos, no tenían conocimiento de algún caso. Ante el riesgo de otras muertes prevenibles, reunieron todas las existencias de artesunato del hospital, después fueron a las farmacias locales y sacaron de las repisas todo el artesunato sospechoso. Y entonces, lo quemaron públicamente.
En todo el mundo ocurren incidentes trágicos como este, con casi cualquier tipo de medicamento. En 2012, un fármaco antituberculoso de mala calidad provocó reacciones adversas y mató a cien pacientes en un hospital de Lahore, Pakistán. En 2013, funcionarios indios descubrieron que, en un periodo de cinco años, ocho mil pacientes habían fallecido en un aislado hospital himalayo a causa de un antibiótico administrado para prevenir infecciones posquirúrgicas, ya que el presunto medicamento no tenía el ingrediente activo. Y en mayo de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia sobre vacunas contra meningitis caducas que se estaban comercializando en África Occidental; un golpe devastador para quienes intentan detener el brote en aquella región.
Todos los fármacos son susceptibles, desde antipalúdicos hasta vacunas, antibióticos, tratamientos contra el VIH e, incluso, el viagra. En el mejor de los casos, las sustancias falsificadas tienen poco o ningún ingrediente activo; en el peor, los vendedores proveen a hospitales y pacientes de “medicamentos” que, en realidad, son venenos que amenazan la vida.
“Esos falsificadores son, de hecho, asesinos porque provocan muertes”, acusa Jim Herrington, director ejecutivo de Gillings Global Gateway, en la Escuela de Salud Pública Gillings de la Universidad de Carolina del Norte. “Y, sin embargo, es más probable que termines en la Corte por falsificar un bolso Gucci que por falsificar un medicamento.”
LA RULETA INTERNET
Año con año, las fuerzas de trabajo encuentran cada vez más fármacos falsos. Por ejemplo, la investigación farmacéutica principal de la Interpol, Operación Pangea, afirmó haber incautado 2.4 millones de pastillas falsas e ilícitas en 2011; para 2015, la cifra total de incautaciones de pastillas y otros medicamentos se disparó a 20.7 millones.
Eso puede interpretarse como una buena noticia o un terrible presagio de lo que está por venir. Puede ser que los investigadores al fin saben dónde buscar las falsificaciones y ahora empiezan a dar con los delincuentes. Aunque funcionarios de salud pública han tenido conocimiento de los fármacos falsificados desde hace décadas, es posible que no imaginaran la magnitud de la catástrofe hasta que empezaron a recoger datos reales, a principios de este siglo; por ejemplo, a partir de la fundación de la unidad de crímenes farmacéuticos de Interpol, apenas en 2005.
Por otra parte, muchos expertos creen que el problema va en aumento y que más criminales recurren a los productos farmacéuticos por una sencilla razón: el bajo riesgo y las grandes recompensas. “La penalización es relativamente benigna para quienes comercian con farmacéuticos falsificados, comparada con quienes trafican con narcóticos y seres humanos”, dice Paul Newton, profesor de medicina tropical en la escuela de medicina de la Universidad de Oxford, quien ha dedicado décadas a rastrear medicamentos de mala calidad. Además, los criminales perciben mucho dinero falsificando medicinas de gran demanda, escasas o tremendamente costosas.
“Esto ocurre de manera muy regular. Cuando escasea un medicamento, hospitales y clínicas abandonan la cadena normal de suministro y [los criminales] explotan la situación”, informa Michael Deats, líder de un grupo para el Departamento de Medicinas Esenciales y Productos de Salud de OMS. Mientras tanto, diversas organizaciones calculan que, en los últimos años, entre cien mil y un millón de personas han muerto anualmente a causa de los medicamentos falsificados. Y la cifra sin duda ha aumentado con el paso del tiempo, reflejando el creciente número de medicamentos falsos en circulación, según la suposición de muchos expertos. Con todo, es imposible asegurarlo debido, en buena parte, a que es muy difícil establecer que la defunción fue provocada por el medicamento falsificado. Quizá fue consecuencia de un diagnóstico equivocado. O tal vez un fármaco de buena calidad se administró demasiado tarde.
La industria farmacéutica global tiene complejas redes que cubren el planeta. Una sola pastilla puede pasar por una docena de países durante el proceso de fabricación, lo que brinda a los criminales muchas oportunidades para introducir falsificaciones en la cadena de suministro. Un ejemplo: las sustancias químicas sintetizadas en China se combinan con excipientes (materiales de relleno) en India y luego se envasan en México antes de enviar el producto a una farmacia en Canadá. A menudo, los falsificadores también cuentan con redes internacionales. En 2013, un portorriqueño fue sentenciado a dos años de prisión por vender cientos de miles de medicinas falsas en línea. Resulta que era el contacto estadounidense de una cadena de falsificadores de medicamentos que dirigía Bo Jiang, individuo de origen chino visto por última vez en Nueva Zelanda antes de darse a la fuga.
La escala internacional del tráfico de fármacos falsos es lo que dificulta tanto la respuesta. “Sólo unos cuantos de los 196 países de todo el mundo tienen un servicio específico dedicado a manejar productos farmacéuticos”, señala Aline Plançon, subdirectora del programa Interpol que combate productos médicos y el crimen farmacéutico. “Los demás no pueden aplicar sus legislaciones porque no tienen la capacidad o el presupuesto.”
Cuando los componentes farmacéuticos llegan a cada país, casi siempre las agencias judiciales verifican el rastro de la documentación de la sustancia para asegurar su legitimidad y certifican el envasado, así como su composición química y aspecto. Sin embargo, los criminales suelen utilizar documentos falsificados para infiltrar sustancias falsas en los puntos de comprobación y la OMS calcula que casi 30 por ciento de los países de todo el mundo carecen de una agencia de regulación farmacológica funcional equivalente a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Cosa poco sorprendente, esos países casi siempre son relativamente pobres, y sus gobiernos disponen de escasos fondos y personal. Además, dada la limitada supervisión gubernamental, los funcionarios de esas naciones suelen aceptar sobornos. Un informe de 2014 del Comité Conjunto Independiente para Monitoreo y Evaluación Anticorrupción reveló, por ejemplo, que funcionarios del Ministerio de Salud Pública de Afganistán “piden sobornos para actividades ajenas a sus mandatos departamentales, con pocas probabilidades de ser detectados”. En China, un funcionario fue ejecutado, en 2007, por aceptar sobornos para autorizar medicinas que no habían sido probadas.
Incluso en países más ricos, como Estados Unidos y Reino Unido, donde los medicamentos se someten a pruebas regulares, las falsificaciones pueden filtrarse, a menudo cuando pacientes o médicos las compran en internet. Estudios demuestran que casi 90 por ciento de los fármacos adquiridos en línea provienen de un país distinto del que afirma el sitio web y las farmacias en internet suelen adquirir medicamentos en países con sistemas reguladores negligentes.
La mayor parte de los fármacos adquiridos en línea son enviados por correo y casi todos esos embarques se someten al mecanismo de control fronterizo estándar, que incluye radiografía y olfateo canino. Si hay motivos para sospechar que un embarque específico puede contener falsificaciones —por ejemplo, si los oficiales han recibido informes sobre la falsificación reciente de ciertos fármacos o si la documentación parece sospechosa—, es probable que los agentes aduanales abran los paquetes e inspeccionen el contenido, dice un portavoz del Centro Nacional para Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual (NIPRCC, por sus siglas en inglés), una de las agencias gubernamentales responsables de la protección aduanal en Estados Unidos.
Con todo, ni la FDA ni Inmigración y Aduanas de Estados Unidos pudieron decir a Newsweek qué porcentaje de esos fármacos es revisado o confiscado anualmente. Y aun si encuentran algo sospechoso, no hay garantía de que decomisen el producto, pues las incautaciones conllevan un procedimiento de veinticinco etapas de pruebas e investigación, informa el portavoz del NIPRCC, y representan un alto costo en términos de tiempo, personal y recursos. De modo que los funcionarios sólo decomisan fármacos cuando son sospechosos y tienen el potencial de afectar a gran número de personas. “Los decomisos ocurren si hay mucho producto, a menudo por un valor de miles de dólares”, agrega el representante del NIPRCC.
Si no hay suficiente producto para proceder a una incautación formal, los agentes retienen el paquete y envían una carta al destinatario informando que se sospecha que el producto contiene falsificaciones y que, si de cualquier manera desea recibir el envío, deberá asumir el riesgo de su contenido. Si el destinatario responde a la carta, los funcionarios harán preguntas sobre el origen de la compra, a fin de que los agentes aduanales puedan monitorear con mayor eficacia futuros embarques. Según la FDA, programas de detección y evaluación como este han permitido que la Oficina de Investigaciones Criminales haya arrestado a más de cuatrocientos individuos en las últimas dos décadas.
Por supuesto, el sistema no es perfecto. En 2011, por ejemplo, la FDA recibió informes de clientes que habían ordenado en línea medicamentos como Ambien, Xanax y Lexapro, y en cambio recibieron pastillas de Haldol, un potente antipsicótico. Según FDA, “esos clientes fueron ingresados en servicios de emergencia por síntomas como dificultad respiratoria, y espasmos y rigidez muscular”.
FARMACÉUTICAS, GRANDES Y SUCIAS
Para detener esta plaga sería necesario, como mínimo, una gran cooperación entre más que un puñado de países. Amir Attaran, profesor de leyes y medicina en la Universidad de Ottawa, sugiere un tratado internacional que establezca un conjunto de legislaciones para las naciones firmantes. Attaran lo compara con la industria de la aviación: “Hay docenas de tratados para la aviación civil y cada país los observa. De lo contrario, no vuela”. Para elevar los estándares farmacéuticos de todo el mundo —prosigue Attaran— necesitamos un sistema parecido que penalice a los Estados que no hagan cumplir los controles de calidad médicos.
El protocolo más parecido en este momento es la convención Medicrime: desde 2011, los países han tenido la posibilidad de firmar un tratado informal que criminaliza el fraude farmacéutico dentro de sus fronteras. No obstante, no existe la presión de aprobar una legislación más formal o aplicar los estatutos de la convención. Algunos, como India y Brasil, proceden con mucha lentitud en la aplicación de las legislaciones internacionales, debido a que los productos farmacéuticos de mala calidad representan una gran parte de su economía, dice Attaran.
Otros están enredados en políticas que fusionan los medicamentos falsos y los de imitación. Los fármacos de imitación son los que violan una patente registrada por una compañía. Por ejemplo, el viagra de imitación puede contener los mismos ingredientes que la sustancia legítima, pero Pfizer no autorizó la producción de la pastilla y no recibe una participación de las ganancias. Las sustancias de imitación no ponen en peligro la vida, necesariamente; más que nada, son una amenaza para las utilidades de las grandes farmacéuticas. En cambio, desde la perspectiva de la salud pública, los medicamentos falsos son una amenaza real, pues cada año matan a miles de personas inocentes en todo el mundo. No obstante, en los países que carecen de políticas que distinguen adecuadamente entre estos dos tipos de sustancias, las autoridades competentes gastan sus limitados recursos combatiendo insignificantes violaciones de propiedad intelectual en vez de rastrear cárteles de falsificadores de sustancias.
La OMS se encuentra en posición muy ventajosa para resolver el problema. La organización patrocina y arbitra conferencias donde los países se reúnen para debatir sobre lo que pueden hacer para reducir la cantidad de medicamentos falsificados que llegan a los pacientes. La OMS es también el repositorio central para los informes de fármacos falsos de todo el mundo. Aun así, la organización se ha negado a exigir que las naciones firmen tratados sobre medicamentos falsos y no ha adoptado una postura firme que separe el tema de las repercusiones de las sustancias falsas en la salud pública y el problema que representa la falsificación para las farmacéuticas.
La OMS ha usado y seguirá usando el término “subestándar, espurio, falsamente etiquetado, falsificado y de imitación” (SSFFC, por sus siglas en inglés) para referirse al problema de salud pública, dice Deats, “hasta que los Estados miembros acuerden una definición universal”. Pero Attaran y otros señalan que esto se debe, realmente, a que la OMS no quiere enemistarse con las grandes farmacéuticas, un socio y colaborador financiero importante.
“La diferencia entre fármacos falsificados y de imitación parece insignificante, pero en buena parte, la razón de que el mundo no haga más contra el crimen farmacéutico es, precisamente, ese lenguaje”, dice Attaran. “Las farmacéuticas, al menos las corruptas, han intentado expandir la lucha contra las sustancias falsificadas sólo para proteger sus derechos intelectuales, y eso está mal.”
Hace un año, Attaran trabajaba como consultor de un proyecto sobre productos farmacéuticos falsificados con la Oficina de Drogas y Crimen de ONU (UNODC, por sus siglas en inglés). Dice que, en determinado momento, recibió la orden de perseguir casos de propiedad intelectual contra un empleado de Sanofi, gigante farmacéutico francés. Sanofi había copatrocinado el proyecto, de manera explícita, a través de su subsidiaria no lucrativa Instituto de Investigación Contra la Medicina de Imitación (IRACM, organización fundada en 2010 por “instigación de Sanofi” —según una portavoz—, la cual aún recibe fondos de la farmacéutica). Attaran renunció por razones éticas y el proyecto continuó sin él. En diciembre de 2014, varios países miembros enviaron cartas de queja a la UNODC porque sus políticas vinculaban los medicamentos de imitación con los falsificados.
Las grandes farmacéuticas tienen mucho peso en las organizaciones internacionales responsables de la seguridad de los medicamentos. Por ejemplo, además de la ONU, IRACM trabaja en sociedad con varios grupos reguladores de escala global, incluidos la Organización Mundial de Aduanas e Interpol. Y en años recientes, la OMS ha sido acusada en la prensa y por organizaciones no lucrativas de caer bajo el influjo de grandes farmacéuticas tras haber aceptado donativos de organizaciones financiadas explícitamente por la industria; en 2007, BMJ publicó un artículo divulgando que el gigante GlaxoSmithKline donó 10 000 dólares a la OMS, lavando el dinero a través de la Asociación Europea para la Enfermedad de Párkinson, organización no lucrativa.
Al preguntar sobre la relación de la OMS con las farmacéuticas, Deats respondió que para combatir las sustancias SSFFC, es necesario que los interesados colaboren en todos los niveles. “Eso significa que hay que trabajar con el sector público y privado, con profesionales de salud, la sociedad civil y las fuerzas de la ley.” En última instancia, agrega, la OMS no debe ser responsable de la infraestructura legal. Para él, la organización es un facilitador, un medio por el cual los países y los profesionales de salud pueden comunicarse cuando encuentran fármacos falsos. Sin embargo, añade, la infraestructura legal y la aplicación de las leyes no están en manos de la OMS, sino en las de cada país.
Existe un grupo que actúa como regulador internacional en el tema de los fármacos falsos. En los últimos siete años, la Operación Pangea de Interpol ha incautado millones de paquetes de medicamentos falsificados, muchos de ellos vendidos en línea. Esto siempre se ha proclamado como un gran ejemplo de colaboración internacional exitosa; como el decomiso de Pangea en 2014, que involucró a las autoridades de once naciones, según un boletín de prensa de la FDA, publicado en su momento.
Mas las cifras son engañosas, afirma Attaran. “Lo que la Interpol no dice es que mucho más de la mitad de las medicinas incautadas en operativos Pangea provienen de unos cuantos países, como Reino Unido, Estados Unidos y Francia”, donde existen sólidos sistemas de regulación e implementación legislativa. “En realidad, son unos pocos esfuerzos nacionales aislados que la Interpol hilvana para crear la ilusión de un gran esfuerzo global [contra los medicamentos falsificados], que no existe en realidad.” Eso deja vulnerables a los países más pobres y satisface a los más ricos, pensando que no necesitan exigir acciones más drásticas, agrega Attaran.
Plançon dice que la Interpol hace todo lo posible para dividir su limitado personal entre los países ricos y pobres, mientras encuentra una estrategia específica para responder a las necesidades de cada región. Por ejemplo, durante una visita reciente a Guinea, Plançon ayudó a las autoridades a determinar la mejor manera de aprovechar sus recursos para fortalecer su equivalente a la FDA, en vez de llevar a cabo un ataque único contra el tráfico de medicamentos falsos.
SALVACIÓN VÍA TELÉFONO CELULAR
La mejor manera de descubrir una falsificación es enviar muestras a un laboratorio para realizar pruebas. Pero ni siquiera esas pruebas son cien por ciento precisas, y en países de bajos ingresos, el envío de miles de muestras a un laboratorio es un procedimiento lento, de un costo prohibitivo. Existen espectrómetros de masa portátiles (instrumento que analiza la composición química de alimentos, productos farmacéuticos, etcétera), pero son dispositivos nuevos, no comprobados y costosos.
Por ello, científicos e innovadores tecnológicos están desarrollando soluciones baratas y eficaces que puedan marcar una diferencia. Un ejemplo prometedor es la tecnología CD-3, dispositivo manual inventado por la FDA que proyecta luz ultravioleta e infrarroja sobre las pastillas y sus envases para determinar si son auténticos. Su uso es intuitivo, el costo es relativamente económico (mil dólares por dispositivo) y su eficacia, sorprendente.
En 2012, Patricia Tabernero —entonces, investigadora de Worldwide Antimalarial Resistance Network, proyecto global que rastrea antipalúdicos falsificados— se encontraba en Laos buscando fármacos falsos. En esos días, Laos se hallaba al borde de una crisis de salud debido a que los medicamento falsos estaban causando resistencia en algunas enfermedades, sobre todo el paludismo; la causa es que los medicamentos con muy poco ingrediente activo matan sólo unas cuantas bacterias, dejando que las más fuertes se multipliquen en el organismo y se diseminen a otras personas.
Tabernero y colegas decidieron utilizar CD-3 en lo que sería la primera prueba de campo del dispositivo en un país en desarrollo. Primero, tenían que reunir muestras de fármacos de todas las farmacias posibles en el sur de Laos, mas no querían alertar a los farmacéuticos, quienes podrían modificar sus muestras dando a los investigadores más o menos cantidad de la sustancia sospechosa, o incluso alertar a los criminales involucrados en la producción de falsificaciones. De modo que Tabernero y sus colegas europeos reclutaron voluntarios locales para que fueran a las farmacias con el mensaje: “Quiero comprar medicinas para mi amigo enfermo. Estamos de viaje y trabajamos en la construcción. ¿Puedo ver qué tiene?”
En sólo cuatro semanas, el equipo de Tabernero reunió antipalúdicos de 144 farmacias privadas, y cada tarde probaban las muestras en su habitación de hotel usando CD-3. Los resultados fueron alentadores: funcionarios locales aprendieron rápidamente, dominaron el dispositivo en sólo dos días de capacitación. Y funcionó estupendamente. A fin de comprobar la eficacia del aparato, enviaron todas las pastillas al laboratorio de Centros para Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, para un estudio químico ulterior, y hallaron que la precisión fue de casi cien por ciento en todas las muestras estudiadas.
Sin embargo, CD-3 sólo pudo evaluar 35 por ciento de las muestras. Para ver si un fármaco es legítimo, el instrumento debe compararlo contra una muestra auténtica, cosa que los reguladores no siempre tendrán a mano si el fármaco es raro o si el fabricante cambia la fórmula sin previo aviso. Y la situación es particularmente complicada en países en desarrollo como Laos. Hasta ahora, los funcionarios no han tenido acceso a un registro universal de envasado; si CD-3 se populariza y se adopta mundialmente, dependencias como la FDA tendrán que formar sociedades más firmes con los fabricantes, a fin de que este registro universal se haga realidad.
Entre tanto, otras soluciones tecnológicas menos sofisticadas brindan protección a los consumidores del mundo en desarrollo. El uso generalizado de los celulares ha sido de gran ayuda: los fabricantes de medicamentos legítimos están diseñando envases con códigos que se revelan al rasparlos. El consumidor envía dicho código en un mensaje de texto a un número especial y luego recibe una respuesta automática que confirma si el producto es o no auténtico. Esto ha tenido resultados iniciales prometedores; hasta ahora, dice Herrington, ningún falsificador ha podido hackearel sistema. Pero expertos concuerdan en que la solución no es ideal a largo plazo, porque no fortalece el sistema regulador, como hace CD-3. Y sin un sistema regulador fuerte, no será posible atrapar a los falsificadores.
También es por eso que, en última instancia, el problema sólo se resolverá cuando los grandes países importadores, como Estados Unidos, adopten legislaciones más estrictas e insistan en que sus socios comerciales hagan lo mismo. “Si no quieren seguir las reglas, en cinco años perderán acceso al mercado estadounidense”, propone Attaran. Tomemos el caso de India. Sus fabricantes producen 40 por ciento de los medicamentos genéricos de Estados Unidos y hace poco han caído bajo intenso escrutinio debido a importantes fallos de calidad y reglamentación. La FDA podría imponer sanciones al país o prohibir la importación de todos los medicamentos “hasta que India se ponga en orden”, dice Attaran. La agencia podría ofrecer un periodo de gracia de cinco años, agrega, para permitir que las farmacéuticas estadounidenses encuentren instalaciones confiables y continúen su producción para evitar una escasez nacional de fármacos.
Por supuesto, Estados Unidos no es inmune a los medicamentos falsos. En 2012, cientos de pacientes cancerosos ingirieron lo que pensaban era Avastin, un anticuerpo monoclonal, pero descubrieron que el medicamento carecía de ingredientes activos; y en abril pasado, clínicas de todo el país informaron a la FDA que habían recibido Botox falso. La dependencia tiene un sitio web donde previene a los consumidores de no usar medicamentos falsos que han sido detectados en el mercado y el gobierno regularmente presenta cargos judiciales contra farmacias en línea y sus colaboradores, acusándolos de tráfico de sustancias, contrabando, imitación y lavado de dinero.
Pese a todo, una de las razones por las que Estados Unidos no ha tomado medidas internacionales más fuertes es que la mayoría de la población desconoce la gravedad del problema. Los estadounidenses disfrutan de uno de los sistemas reguladores y de observancia legal más estrictos del mundo. Aunque a veces surge el ocasional lote problemático, los medicamentos que compran en sus farmacias son, muy probablemente, legítimos, y eso se traduce en que rara vez presionan a sus dirigentes para que realicen cambios.
La conciencia ciudadana puede marcar la diferencia. Ya ha sucedido, más recientemente con los complementos dietéticos que hacían falsas afirmaciones sobre sus ingredientes o efectos. En los últimos años, muchos individuos —desde fanáticos de la salud hasta reporteros— denunciaron la ineficacia y la falta de regulación de dichos complementos, que suelen contener ingredientes que no aparecen en el listado del envase. Pero agencias reguladoras como la FDA se cruzaron de brazos. A principios de este año, esas dependencias al fin cedieron. El fiscal general de Nueva York, junto con la FDA, la emprendieron contra compañías que vendían productos falsos o peligrosos. Autoridades neoyorquinas realizaron pruebas con los suplementos herbales más vendidos por los cuatro gigantes detallistas —GNC, Target, Walgreen y Wal-Mart— y descubrieron que 80 por ciento no contenía las hierbas medicinales descritas en la etiqueta. En consecuencia, fiscales estatales emitieron órdenes judiciales de cese inmediato a las compañías.
Es una solución elegante para un problema complejo: si los ciudadanos obligan a Estados Unidos a desempeñar un papel más prominente en el diálogo internacional sobre los medicamentos falsificados, el suministro de fármacos podría volverse más seguro dentro de las fronteras estadounidenses, y también fuera de ellas. Al crecer la presión, otros países podrían montar un frente común para compartir tecnologías de detección, colaborar en una base de datos universal de productos farmacéuticos legítimos y aprobar estándares internacionales con consecuencias reales. Y eso podría sofocar la descontrolada epidemia de paludismo resistente en Laos, o salvar las vidas de miles de sudaneses que creyeron estar protegidos porque los habían vacunado contra la meningitis cuando, en realidad, les habían inyectado poco más que solución salina.
Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in cooperation with Newsweek.