El secretario general de la Sección XV, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, y los dos auditores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que aportaron las pruebas periciales contra Mirna García López no se presentaron a comparecer ni ratificar sus acusaciones contra la exlideresa hasta en 15 ocasiones, reveló el abogado José Armando Solís de Anda.
El defensor de la docente acusada de un desfalco superior a los 123 millones de pesos contra las arcas del sindicato expuso que a Sinuhé “se le llamó y nunca vino”.
“La única prueba de cargo que existió en el expediente fue una presunta pericial que practicaron dos auditores del sindicato, a quienes citamos en 15 ocasiones y nunca vinieron.
“Inclusive, hubo la orden judicial de hacerlos presentar por medio de la policía; sin embargo, fue infructuoso”, afirmó.
Solís de Anda señaló que de las 40 personas que recibieron cheques firmados por García, “alcanzamos a traer 25”, quienes acreditaron haber prestado bienes y servicios al sindicato magisterial.
Además, la defensa tomó como prueba el perfil de Facebook de Ramírez Oviedo y de la propia Sección XV del SNTE, en los cuales se le ve entregando bienes y servicios, que fueron materia del pago de los cheques.
El abogado añadió que también acreditaron que fue el propio líder magisterial quien pidió a García López seguir pagando a proveedores y firmando documentos.
“Aquí, como lo que la resolución indica, que no hay pruebas, seguramente la Procuraduría (General de Justicia de Hidalgo) regresará el expediente a la fiscalía correspondiente para, en su caso, seguir integrándolo si ellos lo consideran así”, añadió sobre el proceso que continúa contra su cliente.
Solís de Anda negó que de manera inmediata la exlíder magisterial pueda ser reaprehendida por las autoridades.
“Procesalmente no se le puede reprehender en este momento; lo que procede es que el juez determine la libertad y el Ministerio Público formule su petición de que todo el expediente y el legajo de documentos se regrese a la procuraduría; radicado ahí, siguiendo las reglas que están en la Constitución, muy clara, y en los códigos de este estado, deberán radicarla, asignarla a un Ministerio Público y empezar la indagatoria nuevamente”,sostuvo.