A punto
de cumplirse un año del crimen que manchó la imagen de su gobierno, la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue persiguiendo al
presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que es cuestionado ahora por presuntos
errores y omisiones en las investigaciones del caso.

En una
misión avalada por su gobierno y con acceso a expedientes de la fiscalía hasta
ahora vetados a la luz pública, un grupo de expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el domingo un largo informe
que desmonta la versión oficial de los hechos y sugiere que el ejército y
fuerzas federales mexicanas tuvieron conocimiento del ataque a los estudiantes
e, incluso, omitieron ofrecerles ayuda.

La puesta
en duda de la “verdad histórica” profesada por la fiscalía
considerando, por ejemplo, que no hay evidencias de que los chicos fueran incinerados
en un basurero y la insinuación de posibles responsabilidades federales golpea
al gobierno de Peña Nieto, que pasa por su peor momento de popularidad a raíz
de este terrible crimen, la fuga del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán y
acusaciones de conflictos de interés.

Con el
informe de la CIDH, “las instituciones mexicanas quedan muy cuestionadas,
es un elemento más que se suma a la falta de credibilidad del discurso oficial
en muchos ámbitos, del propio ejercicio de gobierno”, dijo el
profesor de política Héctor Zamitiz Gamboa, de la Universidad Autónoma Nacional
de México (UNAM).

El
informe de la CIDH cuestiona que las conclusiones de la fiscalía se basen casi
exclusivamente en testimonios contradictorios conseguidos presuntamente bajo
tortura, que se ignoraran o destruyeran importantes pruebas o se omitiera
indagar más en qué papel podría haber tenido un quinto autobús posiblemente
cargado de droga en el ataque el 26 de septiembre de policías de Iguala
(Guerrero, sur) a los jóvenes y su posterior entrega a narcotraficantes.

El “túnel de la impunidad”

“México
necesita resolver el caso Ayotzinapa cuanto antes (…) no sólo para resolver
este crimen, sino para probar al mundo que hay luz al final del túnel de la
impunidad mexicana”, manifestó el lunes el periódico El Universal en su
editorial.

Aunque la
fiscal general, Arely Gómez, se comprometió a tener en cuenta las
recomendaciones de la CIDH y a realizar un nuevo peritaje sobre la presunta
incineración, este lunes el director de la Agencia de Investigación Criminal de
la dependencia, Tomás Zerón, insistió en que hay peritajes
“contundentes” que prueban que al menos un gran numero de los 43
estudiantes fueron ultimados en el basurero.

La
versión del basurero fue presentada por el exfiscal general, Jesús Murillo
Karam, como la “verdad histórica” pero su investigación fue criticada
y el funcionario fue relevado por Gómez en marzo.

El
informe de los expertos constata que hay “una historia fabricada por la
PGR (fiscalía) y presentada como versión final, imprescindible para voltear la
página, cerrar el libro, ‘superar’ Ayotzinapa como nos conminaron”,
escribió la politóloga Denise Dresser en una columna en el diario Reforma
titulada “Mentira histórica”.

Dresser
se refería a la petición que hizo el presidente Peña Nieto dos meses después de
la tragedia, cuando emplazó a los mexicanos a mirar hacia adelante y superar
ese episodio negro, ganándose fuertes críticas entre quienes consideraron que
no abordó con sensibilidad ni dedicó suficiente espacio en sus discursos
públicos a este caso.

“Cuidar” al presidente

De hecho,
muchos mexicanos no perdonan a Peña Nieto que, en todo este año, no haya ido a
Guerrero a conocer de primera mano la situación de las familias de los chicos y
que sólo se reuniera con ellas una vez en octubre del año pasado.

“Me
parece que es indudable que se ha tratado de cuidar la figura presidencial y su
propia integridad en el sentido de no hacer mayor presencia en un estado que
tiene serios problemas de seguridad, pero eso fue un error, debió de haber
habido mayor definición sobre el interés de resolver el asunto” de parte
del gobernante, estima el profesor Zamitiz Gamboa.

Los
indignados padres de los 43 estudiantes exigieron al presidente el domingo que
les “dé la cara” y se vuelva a reunir esta semana con ellos y los
expertos de la CIDH.

Al
aceptar la petición, Peña Nieto reiteró este lunes su “invariable y
permanente disposición de estar cerca de los padres de las víctimas y apoyarlos
de manera permanente”.

A la
mitad de su mandato de seis años y con una aprobación que cayó al 35% en
agosto, Peña Nieto podría marcar “una nueva etapa” con esta reunión,
en la que debería comprometerse a presentar “resultados creíbles para
hacer justicia” en un caso que conmocionó al mundo, cree Zamitiz.

Con Información de AFP