El expresidente guatemalteco Otto Pérez, quien renunció acorralado por las acusaciones de corrupción, fue recluido este jueves en un cuartel militar donde deberá guardar prisión provisional y en cuyas afueras una multitud celebraba su arresto.

Seguido de una caravana de vehículos de la policía, Pérez ingresó al cuartel de Matamoros, en el centro de la capital, poco después de que compareció en una maratónica audiencia judicial tras haber presentado su renuncia al Congreso en la medianoche del miércoles.

El juez del caso, Miguel Ángel Gálvez, dictó la medida por considerar que existía riesgo de fuga. Dos agentes policiales ingresaron a la sala judicial y tomaron al exmandatario de los brazos para llevarlo al cuartel.

Antes de salir de los tribunales, Pérez se detuvo ante los periodistas para refutar los argumentos del juez y la versión de la Fiscalía que lo acusa de encabezar una red de defraudación aduanera: “No tengo la más mínima intención de salir del país, voy a dar la cara”, afirmó.

“Yo hubiera podido salir ayer, antier, hubiera podido salir por aire, por tierra, incluso hubiera podido pedir asilo político y estoy seguro que me lo hubieran dado, pero no estoy dispuesto a salir corriendo”, agregó Pérez, al concluir la audiencia en la que escuchó grabaciones que supuestamente lo vinculan con casos de corrupción.

El expresidente adelantó que el viernes, al continuar la sesión judicial, refutaría los argumentos de la fiscalía que lo señala como cabecilla de la red y lo acusa de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.

“Hay cosas que se basan en escuchas (telefónicas) pero no se investiga qué pasó, y eso quiero hablar para hacerle ver al señor juez cuáles son nuestros puntos de vista”, expresó.

Su detención ocurre a tres días de las elecciones, en que los guatemaltecos votarán por un nuevo presidente, 158 miembros del Congreso y 20 integrantes del Parlamento Centroamericano y que, según las encuestas, se resolverán en segunda vuelta el 24 de octubre.

Con el voto a favor de 116 diputados presentes -de 158 en total-, los parlamentarios aceptaron este jueves la renuncia de Pérez y luego juramentó al exjuez de la Corte de Constitucionalidad Alejandro Maldonado como presidente hasta el 14 de enero próximo.

El juez Gálvez argumentó que la prisión provisional también busca proteger la integridad física de Pérez, quien enfrenta manifestaciones masivas que pidieron su renuncia desde que en abril se destapó la existencia de la red que cobraba sobornos para evadir impuestos aduaneros.

“Ladrón”, “Sí se pudo”, coreaban unos 200 guatemaltecos en las afueras del cuartel. Más temprano, en la madrugada, otros grupos celebraron frente a la Corte Suprema de Justicia y en la Plaza de la Constitución.

“Es bueno que la ciudadanía continúe con coraje y madurez estos movimientos sociales”, declaró la Premio Nobel de la Paz, la líder indígena Rigoberta Menchú. “Era lo que el pueblo quería”, dijo en las afueras de la Corte Pamela Saravia, una desempleada de 34 años.

En su carta de renuncia, Pérez, un general retirado de 64 años experto en contrainsurgencia, sostiene que enfrentará “con la conciencia tranquila los procesos que correspondan”.

“Teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal con la convicción de hacer lo correcto”, subrayó en la misiva.

Pocas horas antes de enviar la carta al Congreso el juez Gálvez había emitido una orden de captura. La fiscal general Thelma Aldana asegura que tienen suficientes pruebas contra el gobernante para lograr en un eventual juicio una sentencia condenatoria.

Ocaso presidencial

La crisis política se desató en abril pasado tras destaparse que existía una red denominada “La Línea”, dedicada al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.

El escándalo provocó el 8 de mayo la renuncia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que actualmente está en prisión preventiva.

La situación se agravó el pasado 21 de agosto, cuando Pérez fue acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la ONU, de ser cabecilla de la red.

Estados Unidos felicitó este jueves al pueblo y las instituciones de Guatemala por la manera en que enfrentan la crisis política, en tanto que la ONU y la OEA destacaron a Guatemala como “ejemplo” y abogaron por el fortalecimiento de la institucionalidad.

Pérez llegó al poder en enero de 2012 en medio de una gran expectativa por sus promesas de realizar un “gobierno transparente” y de “mano dura” contra la violencia criminal que sufre este país de 15 millones de habitantes, desangrado por una guerra civil de 36 años (1960-1996).