De acuerdo a la investigación paralela a la de las autoridades federales que realiza el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (GEI-CIDH), sobre la desaparición de 43 estudiantes de la
normal de Ayotzinapa, se denunció que la
Procuraduría General de la República ha perdido evidencia, como los videos
de una cámara de vigilancia en Iguala en la que se pudo observar a los
normalistas la noche de su aparición, así como la ropa encontrada en dos de los
autobuses, lo cual es considerado como “grave”.

Claudia Paz,
quien forma parte del grupo de investigadores del GIEI, dio a conocer que se
percataron de que el hallazgo de 19 prendas, entre objetos y ropa, no se
procesó, constituyendo un hecho “grave desde el punto de vista de la
investigación”, ya que del 29 al 30 de julio se tomaron muestras de laboratorio
a la ropa localizada en dos autobuses donde se transportaban los normalistas de
Ayotzinapa.

“En opinión del grupo este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares”, dijo la abogada colombiana Ángela Buitrago en una rueda de prensa.

Los expertos se encuentran desde marzo en México para investigar la desaparición y probable masacre de los 43 estudiantes perpetrada en septiembre en la ciudad de Iguala, un crimen que escandalizó a la comunidad internacional.

La existencia de esta ropa fue conocida el 29 de junio por los expertos, que solicitaron a la fiscalía procesarla, fotografiarla y tomar evidencias genéticas, lo que se realizó los 29 y 30 de julio.

Las nuevas evidencias fueron enviadas a un laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) y a un grupo de forenses independientes, que colaboran con el gobierno, para el análisis de las pruebas, principalmente en la búsqueda de ADN.

En próximos días, padres de los jóvenes podrán revisar la ropa y comprobar si pertenecía a sus hijos, explicó Buitrago.

De acuerdo con la investigación, 43 de los jóvenes fueron entregados por policías a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado por sospechar que entre ellos había miembros de un cártel rival y después incinerado y arrojado sus restos a un río.

El laboratorio de Innsbruck ha analizado muestras de restos humanos calcinados pero sólo ha podido identificar a uno de los estudiantes.

El grupo de expertos presentará el 6 de septiembre el informe final de su investigación, si bien ha solicitado a la CIDH y al gobierno mexicano ampliar por seis meses más su mandato.

Los
investigadores además informaron que la PGR se ha negado a que entrevisten a
los militares del 27 Batallón, quienes tuvieron contacto con los
estudiantes la noche en que desaparecieron, bajo el argumento de que “pondría
en riesgo la legalidad de la investigación, lo cual rechaza el GEI-CIDH ya
que “no ha puesto en riesgo la investigación las otras entrevistas con
normalistas”, dijo Francisco Cox, uno de los expertos.

La negativa de
las autoridades para entrevistar a los militares data desde marzo pasado,
cuando el grupo iniciaba la investigación y solicitó entrevistar a los 26
soldados del batallón, y no fue hasta cinco meses después de varias
condicionantes, el Estado respondió que el GIEI debería enviar por escrito
el cuestionario de la entrevistay que en ésta solo podrían estar presentes
la autoridad ministerial y quienes desahoguen las preguntas.

Además, según el informe de los expertos existen testimonios de la existencia de una videograbación del momento de la intervención policial que no ha sido utilizada como evidencia y se presume que fue destruida pese a que fue entregada a un tribunal. Uno de estos videos proviene de una cámara ubicada en el Palacio de Justicia de Iguala.

“Si esto se confirma, se habría perdido evidencia para la investigación de los hechos. Esto debe ser investigado de inmediato” por la fiscalía, reclamó Buitrago.

La
intervención del GIEI en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de
la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa el pasado 26 y 27 de
septiembre, obedece a un convenio de colaboración entre el Estado Mexicano y
la CIDH; sin embargo, la negativa para entrevistar a militares es una
muestra de la “diferencia de opinión con el gobierno y las atribuciones que
tenemos en el marco legal. Tienen una interpretación distinta del convenio”,
dijo Cox.

(Con información
de AFP, Animal Politico y Sin Embargo)