Durante la vigésima séptima sesión extraordinaria pública de la Asamblea de Pachuca se aprobó por unanimidad la propuesta de reforma al Reglamento de Tránsito y Vialidad para el municipio de Pachuca, en sus artículos 9 fracción XIII y 33, y la autorización para que el alcalde Eleazar García Sánchez celebre tres convenios de colaboración con el gobierno estatal respecto al Sistema de Transporte Masivo, Tuzobús.
Luego de que las comisiones conjuntas permanentes de Hacienda Municipal; de Gobernación, Bandos Reglamentos y Circulares; de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la especial de Movilidad realizaran el estudio y análisis respectivo, se aprobó la reforma al mencionado reglamento, en sus artículos 9 fracción XIII y 33.
Con dichas modificaciones se establece que está prohibido para los conductores circular o estacionarse en las ciclovías. También se señala que la regulación, operación y control de los servicios públicos de transporte masivo de pasajeros es competencia exclusiva y se encuentra a cargo del gobierno estatal en términos de la normatividad aplicable; no obstante lo anterior, Pachuca, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, de sus elementos y de sus jueces calificadores, podrá colaborar mediante la firma del convenio respectivo para la intervención, retención de vehículos, aplicación de sanciones y remisión a disposición de las autoridades estatales competentes a los infractores de la Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo
Las infracciones que impongan los elementos de Tránsito Municipal y las sanciones que determinen los jueces calificadores deberán ser conforme a lo establecido en la Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo y en apego al convenio respectivo.De igual manera las infracciones y las sanciones que determinen los jueces calificadores serán inconmutables por arresto o trabajo en favor de la comunidad.
Los elementos de Tránsito municipal quedan facultados para ordenar la remoción y retención de los vehículos de los ciudadanos como garantía del cumplimiento de las sanciones.
