El veracruzano Javier Duarte fue el primer gobernador en funciones llamado a declarar por un caso de homicidio, el de los cinco de la capitalina colonia Narvarte. Un hito: no había ocurrido, por ejemplo, en ninguno de los trece casos previos de asesinato de periodistas, ni en los tres de desaparición, que han tenido lugar bajo su administración de cuatro años y medio (el del fotógrafo Rubén Espinosa es el número catorce, y cuarto entre enero y julio de 2015). Duarte hizo de esto una medalla que presumió como “un hecho inédito de la historia política y jurídica de México”. Más aún: en su comunicado oficial cerró con una paráfrasis bíblica: “La verdad nos hará libres”.
Verdad es lo que los familiares de las víctimas denuncian que les están negando. Mientras el gobernador recibía a una delegación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que acudió a su despacho del palacio de gobierno en Xalapa para tomarle testimonio, en la Ciudad de México se realizaba una conferencia de prensa con compañeros de la activista asesinada Nadia Vera, del movimiento social veracruzano, y con los abogados de su familia, Karla Michel Salas y David Peña.
Inconsistencias, cambios de versión, negligencia y distorsiones: con una lista detallada de anomalías, Peña y Salas consideraron que la investigación de la PGJDF es deficiente y encaminada no a encontrar una verdad liberadora, sino a construir una “verdad paralela y mediática” que confunda a la opinión pública.
La hipótesis del robo, afirmaron, no se sostiene dentro del expediente del caso preparado por las autoridades, porque no sólo no se indica qué objetos fueron robados, sino que tampoco se explica cómo dejaron abandonados artículos de valor como tres teléfonos celulares y tres computadoras, según el documento oficial. Y el bien de mayor valor —el vehículo Mustang rojo que estaba supuestamente en posesión de una de las víctimas— fue abandonado en la calle.
El activismo político de Nadia Vera y el trabajo periodístico crítico que realizaba Rubén Espinosa, en cambio, así como las amenazas y el acoso que ambos sufrieron y denunciaron en medios de comunicación, impone una línea de investigación sobre los motivos políticos que podrían estar detrás del crimen, y que la PGJDF dice estar siguiendo, “pero en el expediente no hay registro de acciones” en ese sentido, dijo Peña.
Desde su punto de vista, el que funcionarios de la PGJDF estuvieran en ese momento en Xalapa, tomando la declaración de Duarte, no tenía objetivos útiles para la investigación, pues “sólo se trata de hacer un show”y “si uno realmente quiere averiguar cuál es su responsabilidad, primero indaga en la red de involucrados que van recibiendo órdenes de sus superiores hasta llegar a la cabeza, y entonces sí lo agarras y lo enfrentas a la evidencia”.
Sin elementos para confrontarlo, en cambio, se facilita un interrogatorio sin sustancia. “Respondí a todas sus preguntas y dejo claro que me deslindo totalmente de los acontecimientos”, sostuvo Duarte en su comunicado. Y además denunció que quienes piden investigar su papel en el crimen lo están sometiendo a un “linchamiento público”.
La activista y el fotógrafo
Desde Chiapas, donde nació Nadia Vera, su madre, Mirtha Luz Pérez Robledo, envió ese mismo día una carta en la que pregunta:
“¿Qué declaraciones relevantes han hecho los testigos claves sobre el caso? ¿Por qué la actividad de Nadia como activista no es contemplada como un hecho que la colocó en una situación de vulnerabilidad? ¿Por qué no se ha tomado en cuenta el contexto de violencia e inseguridad además de la agresión directa por parte del estado de Veracruz a grupos de estudiantes y activistas a los que Nadia perteneció? ¿Cuál es la explicación de tanta saña en el crimen? ¿Qué implica que el arma utilizada en el crimen haya sido utilizada por primera vez y sea un arma con silenciador? ¿Por qué se filtra la información a los medios de comunicación, si con ello se pone en peligro a los familiares de la víctimas? ¿Por qué no se le permitió rápidamente el acceso del expediente a los abogados y sí a los medios de comunicación? ¿Por qué no se le permitía declarar a los amigos y familiares de las víctimas que querían aportar más información? ¿Por qué se ha priorizado el robo y se han minimizado otras líneas de investigación?”
Vera y Espinosa eran bien conocidos en el medio político veracruzano. Ella, como convocante a marchas y participante en eventos públicos. Él, como un fotógrafo especializado en conflictos sociales —no en cubrir información policiaca, a diferencia de otros periodistas asesinados—. Como integrante destacada del movimiento estudiantil #YoSoy132, Vera había experimentado persecuciones y golpizas de los cuerpos policiacos. Como en la manifestación del 20 de noviembre de 2012, que fue reprimida violentamente.
Espinosa había incomodado directamente al gobernador con fotos que no mostraban su lado amable (como la que apareció en la portada de la revista Proceso del 16 de febrero de 2014, número cuya circulación en el estado de Veracruz fue impedida mediante la compra inmediata de todos los ejemplares que llegaron), además de un extenso trabajo en el que documentó tanto actos de represión como obras públicas no terminadas.
Vera y Espinosa eran buenos amigos (aunque, precisa la madre de la joven, su relación no tenía carácter romántico). Después del ataque sufrido en 2012, ella decidió seguir a decenas de periodistas y activistas políticos que han salido de Veracruz para buscar refugio en la Ciudad de México, como forma de escapar del hostigamiento de quienes señalan como agentes del gobierno duartista. El fotógrafo siguió trabajando hasta que, el 5 de junio de 2015, ocho semanas antes de su muerte, cubrió un hecho que sin duda lo colocó en camino a la tragedia.
Grupos Parapoliciacos
Diez hombres encapuchados entraron en una vivienda de la calle Herón Pérez de Xalapa, a una cuadra de la sede estatal del PRI. Ahí atacaron a un grupo de ocho activistas de la Universidad Veracruzana, al grito de “¡ya se los va a cargar la verga, hasta aquí llegaron!”
Los hicieron creer que los iban a matar, pero la intención era destruir sus vidas de otra forma. Con machetes y palos con clavos, se concentraron en golpearlos en los rostros. Los tres jóvenes que llevaron la peor parte tuvieron que ser llevados a reconstrucción facial: llegaron a los médicos sin dientes —uno de ellos con la mandíbula dislocada—, los ojos hinchados, las narices rotas, las pieles surcadas en largas y profundas heridas, los cráneos abiertos y chorreando sangre. Las tomografías descartaron el principal temor: que hubieran sufrido daños cerebrales irreversibles. Pero difícilmente volverán a ser como eran.
El Comité Universitario de Lucha de la UV denunció a “grupos parapoliciacos” como responsables de “estos actos de brutalidad y de tortura (que) fueron dirigidos y planeados para escarmentar a un sector de la población universitaria y de la sociedad”, y señalaron específicamente a Arturo Bermúdez Zurita, el secretario de Seguridad Pública estatal que ejerce, según denuncian, de puño de hierro del gobierno de Duarte.
Para Bermúdez, es claro que no hay razón para señalar a sus hombres: “Se habla de gente, ellos dicen encapuchados, que llegaron y los golpearon. Eso no hacen los policías”.
Pórtense bien
Al finalizar ese mes, el 30 de junio, Javier Duarte fue recibido por periodistas de la ciudad de Poza Rica, en donde los anfitriones se sentaron a escuchar las que les sonaron como amenazas: “Pórtense bien”, advirtió el mandatario, porque “todos sabemos quiénes andan en malos pasos” y “vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas”.
“Para nosotros era un pésimo chiste que nos señalara quien es señalado por proteger al crimen organizado”, dice un periodista que prefiere que no se mencione su nombre, pues se cree que está en peligro.
Espinosa ya se había marchado. Su papel al denunciar el ataque del 5 de junio lo había expuesto demasiado y lo que ya se hacía cotidiano —el seguimiento y acoso por parte de desconocidos— se había intensificado. Hizo saber que se marcharía el día 8, pero esperó hasta el 9, y de esa forma engañar a quienes temía.
Se fue a la que se consideraba un santuario, la Ciudad de México. Pero ahí también sufrió acoso de hombres que lo señalaban a lo lejos, lo interpelaban y lo amenazaban. Sus denuncias en prensa escrita y televisión, como las de Nadia Vera (ambos dijeron ante las cámaras que, si algo les ocurría, el responsable sería el gobernador Duarte), no lograron evitar que la muerte los alcanzara. A ellos y a las tres mujeres que estaban también en el cuarto piso del edificio de Luz Saviñón 1909.
Veracruzanos en peligro
El activista Ignacio Córdoba y el derechohumanista Julián Trujillo también participaron en la conferencia de prensa del 11 de agosto. Uno de sus propósitos era “lanzar una alerta para los periodistas, jóvenes, activistas y defensores de derechos humanos por alzar la voz en el lugar que, como decía Rubén, escogió la muerte para vivir”. El hostigamiento, compartieron en charla privada, es mucho más intenso ahora.
Distintas agrupaciones, como el Comité Universitario de Lucha al que perteneció Nadia Vera, lo han estado denunciando: “Es más duro, más directo desde el fin de semana del brutal asesinato”, se asegura en una carta abierta del 6 de agosto. “La fuerza civil, los ministeriales, los policías vestidos de civil rondan nuestras calles, nuestros barrios, vigilan nuestras casas, nos toman fotos, han detenido a compañeros sin motivo para llevarlos a los separos y amedrentarlos por horas. Tomamos nota, realizamos las relatorías de rutina, atamos cabos, nos llamamos los unos a los otros por las noches para preguntar si estamos bien, si llegamos a casa, si estamos con vida”.
Es lo que vivieron Nadia Vera y Rubén Espinosa, continúa, “el pan de cada día para muchos de nosotros. Hemos sido levantados, paseados, amenazados, detenidos, golpeados brutalmente por elementos de la fuerza pública. Hemos sentido la cacha de los policías en la nuca, la descarga eléctrica de los bastones, la bota en nuestros cuerpos, los machetazos, los batazos, el asedio de los seguimientos y las amenazas, hemos visto nuestros nombres y caras en las listas negras de la SSP, y así andamos, día a día, huyendo además de la peste de la difamación mediática y la criminalización a la protesta”.
Como antes hicieron Vera y Espinosa, advierten que cualquier agresión en su contra será responsabilidad de Bermúdez Zurita y del gobernador. Pero Javier Duarte no tiene tiempo para eso. “La verdad —afirma— nos hará libres.”