La Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción
penal contra 22 personas involucradas en el incendio de la Guardería ABC de
Hermosillo, Sonora, por el que perdieron la vida 49 niños, el 5 de junio de
2009.
La dependencia federal explicó en un comunicado que entre
las 22 personas sujetas a proceso penal se encuentran servidores públicos del
IMSS, de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Sonora, de
Protección Civil, del H. Cuerpo de Bomberos, del Ayuntamiento de Hermosillo,
Sonora y particulares.
Al respecto, Gabriel Alvarado Serrano, abogado del
movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños, indicó que algunas de las 22
órdenes de aprehensión, son contra ex trabajadoras de la guardería ABC, por
ejemplo la directora de la estancia infantil, así como a maestras y empleadas
de intendencia.
“Consideramos que la actuación de la PGR obviamente no se
ajusta a la exigencia de justicia de los padres y madres del grupo Manos Unidas
por Nuestros Niños, en virtud de que propiamente no se pronuncia sobre la
probable responsabilidad de estas personas”, dijo, en referencia al ex
gobernador Eduardo Bours, el ex secretario de Hacienda Ernesto Vargas Gaytán y
el fallecido ex director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, a quienes
los padres señalan como responsables por el delito de omisión.
“En lugar de ello, viene y consigna a estas pobres gentes,
aquí se aplicaría aquello de que el hilo nuevamente se rompe por lo más
delgado”, consideró.
Alvarado Serrano calificó como inconsistente e injusta esta
nueva resolución de la PGR al señalar que las ex empleadas aparecen en los
mismos expedientes de esa instancia como víctimas de la tragedia ocurrida el 5
de junio de 2009.
Entre los funcionarios que pretenden sean llevados a la
justicia son el exSecretario de Hacienda de Sonora, Ernesto Vargas Gaytán, los
socios de la guardería Sandra Lucia Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez; así
como el mencionado exGobernador Eduardo Bours Castelo.
En enero del año pasado, Delia Irene Botello, ex
coordinadora de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Hermosillo, quien realizó la última visita de supervisión a la Guardería
abandonó el Cereso 1 de la capital de Sonora.
Irene Botello era la única funcionaria que estaba detenida
por la tragedia. Desde entonces, los padres de las víctimas no ha cejado en su
lucha por encontrar justicia.
Previamente, en el año 2012, Arturo Leyva Lizárraga, ex
delegado en Sonora del IMSS, obtuvo su libertad bajo fianza. En 2011, el ex
coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) en la
administración de Bours Castelo, Willebaldo Alatriste Candiani, libró la cárcel
con el pago también de una garantía de 2.5 millones de pesos.
Candiani se amparó de la misma forma que un año antes otros
ex servidores públicos, así como los dueños de la guardería lo hicieron:
Gildardo Urquídes Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, María Fernanda Camou
Guillot, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y Antonio Salido.
(Con información de El Imparcial, Animal Político y Sin
embargo)