El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se deslindó del asesinato de cinco personas, entre ellos el fotorreportero Rubén Espinosa.

Luego de haber respondido preguntas de autoridades ministeriales capitalinas, el mandatario advirtió que así como no cree en el fuero, tampoco cree “en los linchamientos públicos”.

Una hora con 15 minutos duró el interrogatorio que el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Óscar Montes de Oca, le realizó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en torno al asesinato múltiple de la colonia Narvarte, donde perdiera la vida la activista Nadia Vera y el fotorreportero Rubén Núñez, ambos avecindados en Xalapa hace unos años.

“Le solicité al Dr. Mancera rendir declaración
en el caso de la colonia Narvarte. Nunca he creído en el fuero, así que en un
hecho inédito de la historia política y jurídica de México, personal de laProcuraduría del Distrito Federal estuvo presente en esta jurisdicción y recabó
la información que yo pudiera aportar”, dijo Duarte.

“No creo en el fuero, tampoco creo en los linchamientos públicos que lejos de crear valor, alejan de la verdad y encubren a los verdaderos culpables. La verdad nos hará libres”, añadió.

Asimismo aseguró que ya respondió “todas las preguntas” que
pudieran surgir en torno a los hechos de la colonia Narvarte, por lo que “dejo
claro” que se “deslinda” del multihomicidio ocurrido el 31 de julio.

Decenas de reporteros se apersonaron afuera del Palacio de
Gobierno y en las instalaciones de la Fiscalía para tratar de conocer el
contenido de la declaración de Duarte, pero todo se manejó con absoluta
discreción.

Excluye PGJDF a
Artículo 19 de toma de declaración

La organización Artículo 19 aclaró que ningún integrante de
la organización estuvo presente este martes durante la toma de declaración al
gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por parte de representantes de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el homicidio
del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista social Nadia Vera, así como de
otras tres mujeres.

En un breve comunicado difundido en su página de Facebook,
Artículo 19 recordó que, como coadyuvante en la investigación del asesinato de
Espinosa Becerril, aportó preguntas para el interrogatorio del mandatario
estatal.

Sin embargo, la organización defensora de periodistas
destacó que “desconoce si las preguntas fueron realizadas (a Duarte de Ochoa)
por lo que ignora las respuestas a éstas”.

Esta tarde, la PGJDF informó que la diligencia se realizó en
presencia del subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo
Garrido; el fiscal de Homicidios, Marco Reyes, y un Ministerio Público “que
conoce del tema”.

La dependencia encabezada por Rodolfo Ríos dijo en un
comunicado que el MP tomó los datos generales de Duarte de Ochoa “y acto
seguido le dio lectura a las preguntas elaboradas por la representación social
de la PGJDF, las cuales contestó en su totalidad”.

En el documento agregó que luego el MP de la Fiscalía
General “procedió a dar lectura al cuestionario que, en su calidad de
representante de las coadyuvantes de las hermanas del occiso, hizo Darío
Ramírez Salazar, presidente de la asociación pro-derechos de los periodistas,
Artículo 19. El cuestionario fue respondido en su totalidad”.

Entregan cuerpo de la
colombiana

Por otra parte, autoridades del Instituto de Ciencias
Forenses del Distrito Federal (Incifo) entregaron la tarde de ayer a las
autoridades consulares de Colombia el cuerpo de la mujer asesinada junto con
otras cuatro personas el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte.

El trámite se hizo entre los cónsules de México y Colombia,
pues familiares de la mujer identificada como Milé Virginia Martín, indicaron
que no tenían los recursos económicos para viajar a este país.

Y ahora desaparecen
dos académicos de la Universidad Veracruzana

Con los reflectores puestos sobre su persona por la
ejecución del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y tres
mujeres más –los dos primeros con antecedentes de agravios en esta entidad–, el
gobernador Javier Duarte enfrenta otro escándalo: la desaparición de dos
académicos de la Universidad Veracruzana (UV).

En un comunicado, la institución educativa pide la
intervención del gobierno estatal y de la Fiscalía General para localizar a los
dos académicos desaparecidos desde el pasado domingo 9.

La identidad y datos generales de los académicos fue
catalogada como “reservada” por la propia Rectoría de la UV, para no poner en
riesgo su seguridad.

Asimismo señala que ante los “nuevos episodios de violencia”
que afectan a la comunidad universitaria, ya se han establecido mecanismos de
coordinación con los cuerpos oficiales en la materia, así como de comunicación
con los familiares afectados.

Ayer durante el inicio a clases de las nuevas generaciones
de la Universidad Veracruzana, la rectora Sara Ladrón de Guevara se abstuvo de
dar declaración alguna con respecto a esta doble desaparición.

En su edición de este martes, La Jornada Veracruz consigna
que el secuestro de uno de los catedráticos ocurrió en la comunidad de
Huazuntlán, municipio de Mecayapan.

Sus compañeros de trabajo y activistas de la sierra,
aseguraron a este rotativo que la desaparición del académico tiene un móvil
político, pues el docente fue “levantado” por un grupo armado desde el pasado
sábado por la tarde: “Ese mismo día los familiares recibieron una llamada para
pedir el rescate y apenas se han filtrado detalles de las negociaciones”, cita
el periódico.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha
emitido posicionamiento alguno sobre este hecho, del cual la Universidad
Veracruzana ha exigido una rápida respuesta gubernamental.

Construye PGJDF
“verdad paralela y mediática” en caso Narvarte: abogados

Por su parte, abogados de la familia de Nadia Vera,
activista asesinada junto con tres mujeres y el fotoperiodista Rubén Espinosa,
acusaron a la PGJDF, que encabeza Rodolfo Ríos Garza, de estar “construyendo
una verdad paralela y mediática”.

También consideraron que el interrogatorio que se aplicará
al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, tiene fines “políticos para cerrar el
caso”.

En compañía de representantes de organizaciones sociales y
colectivos de Veracruz, los defensores Karla Michelle Salas y David Peña
sostuvieron que el “móvil del robo que la PGJDF ha hecho público como el
detonante de los cinco homicidios no se sostiene en los seis tomos de la
averiguación previa”.

Luego de denunciar obstáculos de la Procuraduría capitalina
para ser reconocidos como coadyuvantes en la indagatoria y acceder al
expediente, Salas, quien es presidenta de la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos (ANAD), reveló que “no hay una relación de objetos que
presuntamente se llevaron los perpetradores del crimen, además de que en el
departamento se encontraron tres computadoras y tres teléfonos celulares, entre
ellos un Nextel, que pudieron haber sido sustraídos”.

La abogada destacó que el hecho de que el automóvil Mustang
rojo haya sido localizado, implica que detrás de los cinco asesinatos no hubo
intención de robar.

Asimismo, informó que como coadyuvantes solicitaron a la
PGJDF algunas diligencias, “entre ellas los testimonios de amigos de Rubén y de
Nadia que certificaban que habían sido amenazados y que daban cuenta el
ambiente hostil en Veracruz contra defensores y periodistas; lo grave –acusó–
es que estos testigos fueron amenazados una vez que rindieron su declaración”.

Peña Rodríguez señaló que pese a los elementos que apuntan
al gobierno de Veracruz, “la PGJDF se ha resistido a seguir la línea política
en el caso”, lo que contradice declaraciones de Ríos Garza y del propio jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de que en este caso todas las líneas de
investigación estaban abiertas.

“No han podido o no han querido vincular el caso con la
presunta responsabilidad de agentes estatales de Veracruz”, señaló el abogado,
luego de considerar como un acto “meramente político” que se le tome
declaración testimonial al gobernador Duarte.

“En estos momentos todos sabemos lo que Javier Duarte va a
decir que no tuvo que ver en el asunto, cuando la PGJDF debió tomar la
declaración después de haber concatenado los elementos y las redes de poder, de
diferentes instancias estatales, y de funcionarios públicos, de la Secretaría
General de Gobierno de Veracruz, de la Procuraduría y de la Secretaría de
Seguridad Pública estatales”, por ello es que no acompañaron la diligencia.

En la rueda de prensa se dio a conocer un comunicado de la
familia de Nadia Vera, en el que formula una serie de interrogantes por la
forma de actuar de las autoridades capitalinas.

Entre las preguntas destaca el por qué en el acta de
defunción se ubica la muerte de la joven a las 21:00 horas del 31 de agosto
cuando las autoridades dicen que fue asesinada entre las 14:00 y las 15:00
horas.

El abogado Sergio Méndez Silva, de la organización Justicia
Pro Persona, confirmó que se interpuso una queja ante la CNDH, la 20015/5821-Q,
radicada en la Quinta Visitaduría General, por la que se solicita considerar
como “masacre” los homicidios de la colonia Narvarte, y abrir una investigación
por violaciones graves a los derechos humanos.

Además explicó que de no admitir esas consideraciones,
“recurriremos al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación”.

Méndez Silva agregó que la PGR ha sido omisa en atraer el
caso. “Hay que recordar que en 2013 Rubén presentó una queja ante la
dependencia federal por amenazas recibidas, y por ese simple antecedente la
Procuraduría debió ejercer la atracción”.

Anayeli Pérez, del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF), informó que su organización ha tenido reuniones con el
procurador Ríos Garza y con los responsables de la averiguación previa para
certificar que la investigación se desarrolle desde la perspectiva de género.

No obstante, alertó que “investigar el caso como feminicidio
no descarta otras líneas de investigación, como son las relacionadas con la
labor periodística de Rubén y de defensa de derechos de Nadia”.

La activista expresó la preocupación de que las autoridades
estén “filtrando información sensible y con ello se haya desvirtuado el crimen,
y tomando líneas ajenas a las violaciones a la libertad de expresión”.

En la conferencia representantes de los colectivos de
Veracruz, Julián Ramírez e Ignacio Córdoba, confirmaron el hostigamiento en la
entidad después de que declararon ante la PGJDF.

Los activistas puntualizaron que las amenazas y
hostigamientos a Nadia Vera y a otros integrantes de organizaciones sociales en
Veracruz están documentados en sendas denuncias penales presentadas en la PGJE.

Carlos Cruz, de Cauce Ciudadano, expresó la solidaridad de
organizaciones latinoamericanas e informó que ha presentado información
detallada a varias embajadas para dar a conocer la situación grave de
violaciones a derechos humanos en Veracruz.

(Con información de Proceso y El Universal)