México y Estados Unidos tienen serios problemas con el
intercambio de información sobre el tema de tráfico de armas. Esto, porque de este
lado de la frontera se considera que la contraparte no practica la
reciprocidad.
En un documento interno de la PGR se establece como
directriz negar las solicitudes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos (ATF) de EU para interrogar a detenidos en México por este
delito, pues los estadounidenses tampoco se lo permiten a las autoridades
mexicanas.
“Se sugiere señalar la imposibilidad de atender la petición
de los Estados Unidos, toda vez que no hay una reciprocidad de los Estados
Unidos, debido a que se ha detectado lo siguiente:
“La SEIDO ha señalado que cuando un comprador de armas
múltiple se encuentra bajo investigación o arresto en los Estados Unidos, en la
mayoría de los casos, no hay posibilidad de entrevistar al sospechoso o
detenido.
“Asimismo, cuando es reciente la fecha de compra de un arma
en los Estados Unidos, respecto de su aseguramiento en México, no se tiene la
posibilidad de contar con asistencia inmediata de los Estados Unidos para
localizar a dichos compradores”, dice el documento de 2014.
En los últimos meses, la Procuradora Arely Gómez y el
titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), Felipe Muñoz Vázquez, se reunieron en privado con el
entonces Embajador Anthony Wayne para destrabar este problema.
Sobre un encuentro que sostuvieron el 29 de mayo de 2015, el
tono de los funcionarios mexicanos ante Wayne fue más diplomático, según el
documento.
“Se hizo del conocimiento del Embajador Wayne que los
trabajos en este tema están atrasados, por lo que sugirió mayor colaboración en
el desahogo de las asistencias jurídicas solicitadas por México a los EU.
“El titular de la SEIDO insistió en la relevancia que tiene
la colaboración de los EU, consistente en que se pueda entrevistar a los
detenidos en ese país, lo que permitirá fortalecer las indagatorias que tiene
en proceso la SEIDO”, dice el texto.
Pese a lo anterior, el documento consultado establece que para
la Procuraduría General de la República la atención de las asistencias
jurídicas solicitadas a los Estados Unidos sobre tráfico de armas son muy
lentas.
(Con información de Agencia Reforma)