En un informe de 142 páginas y el primero de la Comisión acerca de la cárcel de alta seguridad, publicado este miércoles, el organismo denunció que la detención indefinida de sospechosos extranjeros de terrorismo en Guantánamo “es arbitraria” y constituye “una clara violación del derecho internacional”.

“La razones de seguridad pública no pueden servir como pretexto para la detención indefinida de personas sin presentar cargos en su contra o someterlas a juicio”, añadió el texto.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el centro de detención de Guantánamo abrió en enero de 2002 y desde entonces es objeto de denuncias de organizaciones de derechos humanos y la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su informe, la CIDH profundizó en detalles y abrió nuevas críticas sobre la prisión, que opera en la base militar estadounidense situada en la Bahía de Guantánamo, sobre tierras alquiladas a Cuba desde 1903.

Las comisiones militares, que son tribunales especiales encargados de procesar a los detenidos, son lentos, ineficientes e “incongruentes con las garantías del debido proceso”, señaló la CIDH.

Según el organismo, los prisioneros deben ser juzgados en cortes federales de EE.UU. y con ello se buscara resguardar las garantías procesales de los prisioneros.

“Las cortes deben realizar una evaluación rigurosa del material probatorio del gobierno para garantizar que toda detención en este contexto esté basada en pruebas claras y convincentes”, manifestó.

Además, los prisioneros, muchos de ellos detenidos por más de una década sin cargos en su contra ni juicios, deben estar recluidos bajo los adecuados estándares de atención médica y psicológica.

El informe sale a la luz dos semanas después que la Casa Blanca anunciara los últimos acabados de un plan que buscará cerrar la prisión militar, a menos de 18 meses de que culmine el segundo mandato de Barack Obama.

Obama declaró que la clausura de la prisión es prioridad de su administración desde el comienzo de la presidencia en 2009, pero el proyecto ha enfrentado numerosos obstáculos, entre ellos la oposición del Congreso al traslado de detenidos a prisiones en Estados Unidos.

La CIDH además recomendó a Estados Unidos “desclasificar toda prueba de torturas y malos tratos” y detener la alimentación forzada de los detenidos.

“Además de ser discriminatorio, en Guantánamo hubo torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que incluyeron submarinos y otros métodos de tortura del estilo de los que se usaban en las dictaduras militares latinoamericanas en la década de los setenta”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, en la presentación del documento.

Según la Comisión, Guantánamo constituye un régimen discriminatorio, ya que cuenta con una población de penitentes conformada únicamente de hombres extranjeros y musulmanes.

Genera la “apariencia” de un régimen “dirigido a ciertas personas en razón de su nacionalidad, etnia y religión”, indicó.

Desde su apertura hace 13 años, 779 prisioneros habrían pasado por la prisión de Guantánamo, de los cuales 116 siguen recluidos, dijo la CIDH, citando cifras oficiales. Solo 8% fueron identificados como “combatientes” de Al-Qaida o los Talibanes.

Pero en definitiva, el centro de detenciones debe cerrar insistió el organismo.

Los detenidos deben ser enviados a cortes en Estados Unidos -derogando las leyes que lo impiden-, o enviados a sus países de origen u terceros lugares, si su vida o su libertad corren peligro, solicitó el organismo.

“Este informe será una herramienta muy importante para el gobierno de Estados Unidos… ya que aporta nuevos elementos y nuevos argumentos para proceder al cierre de este centro de detención”, destacó Álvarez Icaza.

Estados Unidos ha estado enviando prisioneros de regreso a su país de origen o hacia terceros países. Uruguay recibió como refugiados a seis exdetenidos de Guantánamo en diciembre pasado.

Pero últimamente los traslados parecen haberse estancado.

Si el centro de máxima seguridad cerrara, se pondría fin a una practica creada por George W. Bush en la guerra contra el terrorismo, que destaca por las detenciones arbitrarias, entregas extraordinarias, tortura y otros abusos, y una falta de respeto de los derechos humanos de los detenidos por parte de las autoridades estadounidenses por su origen étnico.

(Con información de AFP)