Cataluña se acerca al momento de la verdad. Las maniobras del presidente regional Artur Mas para convertir las próximas elecciones de septiembre en un plebiscito sobre la independencia parecen haber fructificado, generando una creciente inquietud en el gobierno español.
Los independentistas dicen ir “a por todas” en estos comicios previstos para el 27 de septiembre. Si ganan, prometen conseguir en un máximo de 18 meses la independencia de esta región nororiental de 7.5 millones de habitantes y que atesora una quinta parte de la riqueza española.
“Estamos preparados”, repite sin cesar Mas. Desde hace meses su ejecutivo trabaja en crear una administración paralela para asumir las competencias propias de un Estado si fuera necesario.
La semana anterior, el gobierno catalán presentó su modelo de administración tributaria en caso de secesión y aprobó un decreto ley para facilitar la conversión de un instituto de crédito público en un hipotético banco central de Cataluña.
También reforzaron su red diplomática para ganar apoyos internacionales ante el previsible escenario de confrontación que puede darse después de estas elecciones, que el presidente catalán debe convocar formalmente el próximo lunes.
Más que unas elecciones
En los últimos meses, la cuestión catalana había quedado en un segundo plano para el ejecutivo de Madrid, preocupado por el auge de la izquierda radical de Podemos y los socialistas del PSOE, que podían apartarlos del poder en las elecciones legislativas de final de año, como ya ocurrió en comicios locales de mayo.
Pero la situación cambió cuando los partidos independentistas dejaron atrás sus divisiones para ir juntos a las elecciones.
Esta lista, “Juntos por el sí”, estará integrada por el partido de Mas, Convergència Democràtica (CDC, conservador), la segunda fuerza de la región, Esquerra Republicana (ERC, izquierda) y las influyentes asociaciones que organizaron las masivas manifestaciones nacionalistas de los últimos años.
Otro partido independentista, la anticapitalista CUP, irá por separado pero podría ser clave para alcanzar una hipotética mayoría absoluta, suficiente según ellos para proceder a la secesión.
Además, varios ministros de Rajoy plantean la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permite suspender la autonomía de una región si esta incumple la ley.
Los independentistas aseguran que, en tal caso, declararían inmediatamente la secesión.
Sería el clímax a tres años de tensión, iniciados en 2012 cuando Rajoy rechazó mejorar la autonomía fiscal de la región.
Mas se convirtió entonces al independentismo y buscó la organización de un referéndum de autodeterminación, reclamado en multitudinarias manifestaciones.
Ya “no hay marcha atrás”, lanzó el líder de la coalición independentista, Raul Romeva, un exeurodiputado ecolocomunista designado para mostrar la hipotética transversalidad ideológica del movimiento y reactivar a sus bases.
Después del apogeo del referéndum simbólico del 9 de noviembre, celebrado en contra de una prohibición judicial, el movimiento perdió fuerza y, por primera vez desde 2011, las encuestas oficiales apuntaban a una mayoría en contra de la secesión.
