En medio de la tremenda ola que revuelca todavía a la sociedad, que no termina de asumir cómo incluso en el punto del territorio donde el Estado concentra más recursos para aplicar la seguridad y la justicia se puede fugar, por segunda ocasión, el líder de la organización criminal que ha protagonizado la guerra del narcotráfico en México, vale la pena preguntarse: si eso pasa ahí, ¿qué puede esperarse en los territorios donde el Estado concentra menos capacidades, donde la sociedad se encuentra más vulnerable y donde las mafias aplican sin contrapesos la ley de la selva?
Aquila, el municipio michoacano donde las manifestaciones contra el Ejército por la captura de un líder de las autodefensas tuvieron un desenlace de un niño de doce años muerto y cuatro heridos de bala, nos presenta la oportunidad de analizar uno de esos municipios donde confluyen, de manera estructural y sistemática, los mayores problemas de gobernabilidad de nuestro territorio.
Aquila es un municipio costero, con amplias y remotas playas donde seguramente se reciben cotidianamente cargamentos de droga. Es también un municipio con una orografía compleja, con un valor estratégico para la producción de drogas. De hecho, una proporción importante de los decomisos de mariguana y opio en el estado se dan habitualmente en ese municipio. Por lo tanto, es sin duda un lugar disputado y apreciado por las organizaciones dedicadas a la venta y el trasiego de drogas, en la frontera de influencia entre el Cártel de Jalisco y Los Caballeros Templarios.
Pero ahí también hemos podido observar con claridad cómo las organizaciones criminales han evolucionado más allá del negocio de las drogas: desde hace años en la Costa y la Tierra Caliente de Michoacán realizan otras actividades criminales como el secuestro y la extorsión, mediante las cuales extraen recursos tanto de empresarios como de campesinos.
Un caso emblemático de estos mecanismos de extorsión social es el de la mina Las Encinas, de la empresa Ternium en San Miguel Aquila. Allí no sólo se cobra a la empresa un derecho de piso que obstaculiza y, a veces impide, la posibilidad de llevar a cabo actividades imprescindibles para su operación. Se han hecho públicos diversos casos que ilustran la situación de extorsión que enfrenta la industria minera; basta recordar la extorsión, secuestro y asesinato de trabajadores de Arcelor Mittal, en el municipio vecino de Lázaro Cárdenas, o el reciente robo de casi una tonelada de oro en Sinaloa, donde el responsable de la mina señaló que “tenía un acuerdo” para operar con la mafia, que a la luz de los eventos no fue respetado.
También se ha vuelto un foco de atención de las mafias la administración y el rédito proveniente de las regalías que la empresa minera otorga a los comuneros (cada comunero recibe anualmente 160 000 pesos). Para bien y para mal, a la administración de los recursos de responsabilidad social de la mina se le ha dado en diversos medios un papel preponderante para explicar el surgimiento de las autodefensas en el municipio. Unos sugieren que las autodefensas surgieron para mantener un usufructo abusivo de esos recursos. Otros señalan que nacieron para impedir que la mafia se apoderara de ellos.
En la región hemos visto cómo, mediante la lógica de plata o plomo, se corrompe y extorsiona a funcionarios municipales para capturar recursos de los tres niveles de gobierno, para amañar contratos, o asignar concursos a las empresas vinculadas a la mafia. Esto no se debe a una cultura particularmente corrupta en esta zona. Quienes en el gobierno, en la iniciativa privada o en el sector social no quieren someterse a la lógica de la mafia, no tienen más remedio que hacerlo frente a las amenazas frecuentemente materializadas de violación, secuestro, reclutamiento y desaparición de seres queridos. Aquila, como el resto de la Costa y la Tierra Caliente de Michoacán —y muchas otras regiones de México—, no es un lugar para los justos.
No debería sorprender, por tanto, que la tasa de homicidios de Aquila ha eclipsado históricamente su indicador estatal (véase el gráfico).
Pero no hay que perder de vista que ese ambiente donde priva la ley del más fuerte no es producto de un puñado de almas descarriadas. La presencia del Estado en Aquila es tan limitada que desde hace décadas ha sido clasificada oficialmente como un territorio de muy alta marginación por el Conapo (es decir, por la Secretaría de Gobernación): sólo sesenta municipios en todo el país tienen peores niveles de marginación; una tercera parte de la población carece de electricidad (el promedio estatal es de 1.7 por ciento); casi la mitad (47 por ciento) no cuenta con agua potable (frente a 8.1 por ciento en el estado). En promedio la población del municipio vive a casi cinco kilómetros de un camino pavimentado, frente a menos de ochocientos metros a escala estatal.
La sociedad de Aquila padece una fragilidad estructural. Se trata de un municipio de muy bajo desarrollo humano, en el último quintil del país, de acuerdo con la ONU. Para el Coneval, es un municipio de alto rezago social, ubicado en el decil más rezagado. La pobreza extrema es casi cuatro veces mayor al promedio estatal (43.7 por ciento contra 13.5 por ciento), 80 por ciento de la población es calificada como pobre (55 por ciento a escala estatal), el ingreso promedio de los hogares es una tercera parte del promedio estatal (790 vs. 2144 pesos). En ese contexto, vale la pena ponerse en los zapatos de los campesinos de Aquila: ¿qué haría usted si, con los 800 pesos que gana un hogar promedio en el municipio, le ofrecieran el sueldo de un “halcón” que, en Apatzingán, según algún documento decomisado, ascendería a 8000 pesos mensuales?
Por si a este coctel le hiciera falta algún elemento explosivo, Ostula, la comunidad de Aquila donde se dio la aparente agresión a los manifestantes por parte del Ejército —que, nunca hay que olvidar, está allí ante la ominosa ausencia de una mejor alternativa, pues no ha sido entrenado para contener manifestaciones, y tampoco incluye en su indumentaria convencional esposas para hacer detenciones—, es una comunidad indígena, como el 30 por ciento de la población del municipio, con un viejo y violento conflicto por derechos de propiedad con rancheros mestizos, donde el EZLN ha echado raíces desde hace más diez años.
Todos estos elementos conforman las condiciones estructurales de la gobernabilidad en el territorio nacional. De acuerdo con el Índice de Gobernabilidad Territorial del Observatorio de Desarrollo Regional y Promoción Social, Aquila se ubica literalmente en la cola de la gobernabilidad del país, en la posición 2448 entre los 2456 municipios de México. Si analizamos algunos de los componentes de ese Índice, en materia de amenazas al estado, Aquila está entre los veinte peores municipios del país; se ubica en el quintil con mayor ausencia del Estado; también está en el quintil con más vulnerabilidad social; y en el decil con más criminalidad y conflictos por derechos de propiedad.
Quien crea que los problemas de Aquila son producto de personalidades o acciones específicas, ya sea del Ejército, de las mafias o de las autodefensas, no entiende que el problema de ese municipio, como el de una parte significativa del país, no son las personas, sino las reglas del juego, el contexto estructural que las determina, y la displicencia de gobierno y ciudadanía que, una y otra vez, se topan con una realidad que parece no merecerles ninguna reacción de fondo.
