A las revelaciones del megafraude en la estatal Petrobras se sumaron en julio indicadores en rojo, el desplome de la popularidad de la mandataria Dilma Rousseff a niveles de un dígito, intrigas en la alianza gobernante y el martes, la amenaza de la calificadora de riesgo internacional Standard & Poor’s (S&P) de retirar a Brasil de la lista de países más seguros para invertir.
Además, el Banco Central se apresta a subir en unas horas la tasa de interés para controlar los precios.
La rebaja a “negativa” de la perspectiva de la deuda soberana de Brasil anunciada por S&P no afecta la nota del gigante latinoamericano -que sigue en “BBB-“, el último escalón del preciado grado de inversión- pero encendió una luz roja al citar un deterioro económico y del panorama social y político derivado del “Petrolao”.
“Muchas medidas dependen del Congreso y el cuadro ahí está muy nebuloso. Es un cuadro general muy preocupante, económicamente malo y políticamente turbulento, con baja popularidad del gobierno y difícil gobernabilidad”, resumió Silvio Campos, de la consultora Tendencias en Sao Paulo.
Los problemas del gobierno para conseguir la aprobación de medidas para cortar el gasto público fue convirtiendo al Congreso en escenario de una intensa disputa, que se agudiza a medida que surgen nuevos hallazgos de la trama que regó de sobornos a Petrobras para manipular licitaciones y financiar partidos políticos.
El caso ya llevó a la detención de algunos de los más poderosos empresarios de Brasil como antesala de lo que se espera sean las primeras definiciones judiciales sobre varios legisladores bajo investigación, algunos del gobernante Partido de los Trabajadores.
Una eventual pérdida del grado de inversión complicaría aún más el panorama porque “en la práctica varios fondos no podrán invertir en Brasil por sus propias reglas y eso se traduce en financiamiento más caro para el país y para las empresas brasileñas”, dijo Joao de Castro Neves, director de Eurasia Group para América Latina.
Cuando el ministro de Economía, Joaquim Levy, anunció la sexta reducción de la meta de ahorro fiscal en los últimos dos años (de 1.1% del PIB a apenas 0.15%), guardó la posibilidad de cerrar el año con déficit si no consigue los ingresos suficientes.
Ese sinceramiento, tal cual lo describió el funcionario, podría extender la meseta en la que entró la economía hace más de cuatro años sobre gran parte del segundo gobierno de Rousseff, según dijeron analistas.
Alexandre Barros, director de la consultora Early Warning Consulting, en Brasilia, ve “muy posible” que el país pierda su grado de inversión. “La situación está muy complicada porque la inflación se disparó, el dólar se disparó y hay un escándalo de corrupción atrás de otro y nadie es capaz de prever adónde terminará”, dijo.
Irónicamente, la advertencia de S&P podría tener un aspecto positivo: hacer recapacitar al Congreso sobre las necesidades del ajuste, coincidieron analistas.
Bomba de tiempo
La falta de respaldo volvió a alimentar ideas de someter a la mandataria a un juicio de destitución, fantasma muy agitado tanto dentro del Congreso como en manifestaciones callejeras. Una nueva gran protesta nacional ha sido convocada para el 16 de agosto.
“El país no puede seguir así. Alguna cosa tiene que pasar en el medio”, dijo Barros.
Para la especialista de XP Investimentos, Latif, no hay dudas sobre qué es lo que debe ocurrir: “ajuste fiscal”.
