En medio de la masiva publicación de libros de corte anecdótico, poco sistemáticos y superficiales, en ‘Más que plata o plomo’, que ya circula bajo el sello de la editorial Debate, Gustavo Duncan aborda uno de los aspectos menos explorados del narcotráfico: su efecto en la producción de poder.

Catedrático e investigador nacido en Colombia, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern, Duncan examina el narcotráfico desde una perspectiva política, y se cuestiona cómo el capital y la coerción que derivan de la venta de mercancía ilícita a los mercados globales han definido los procesos de gobierno en México y Colombia.

“Si el narcotráfico es, simplemente, una actividad ilegal, no debería de ser un problema político”, dice en entrevista con Newsweek en Español.

—¿Cuál es el alcance de ese poder político?

—Se aprovecha de la necesidad que tiene este negocio, en Colombia y en México, de producir poder para ofrecer una protección efectiva a quienes se dedican a ello. Esto es un negocio que se trata en esencia de producir poder, parte del valor agregado se produce produciendo poder, valga la redundancia. Existen dos maneras de producir poder en el narcotráfico, una es con un aparato coercitivo propio, ejercer funciones de gobierno, y la otra es influyendo sobre las instituciones del Estado; en México y Colombia es influir sobre la decisión de la democracia.

—¿Si la finalidad es producir poder entonces cómo funciona el negocio?

—Sucede que si se produce poder se bajan los riesgos del negocio. Es un negocio lleno de riesgos y que, además, no sólo implica una pérdida económica, sino que puede implicar la eliminación física o muchos años de cárcel, y el poder ofrece protección, es decir, se invierte para producir poder, de ese modo se reducen los riesgos del negocio.

—Hablamos entonces de un galimatías que perturba todas las esferas políticas y sociales…

—En todas las etapas del narcotráfico, como la producción, distribución, venta de drogas y el lavado de dinero, es necesario proteger, ofrecer protección, a quienes se dedican a esas partes del negocio. Y para ofrecer protección es necesario alcanzar poder. Ahora bien, un narcotraficante tiene que pagar para obtener protección, pero esa protección es efectiva sólo si la sociedad reconoce el poder del mafioso, si no, no tiene poder real, es decir, implica al gobierno y a la sociedad.

“Lo mismo ocurre cuando se le paga a un político: el narcotraficante le paga, y si ese político gana las elecciones tiene una legitimidad de la población, en ese sentido es un poder que ya no sólo involucra a las personas que directamente realizan la transacción, sino que involucra a la sociedad y al gobierno. Esto se debe a una característica particular del narcotráfico que lo hace una empresa capitalista muy distinta a las empresas capitalistas legales: en una empresa legal el empresario asume todos los riesgos, y si a la empresa le va mal, pues quiebra, cierra y deja de pagar a sus empleados. En el narcotráfico es distinto, es otra forma de explotación: el narcotraficante delega el riesgo a un operario que transporta la droga, y si este cae tiene que pagar las pérdidas o los años de cárcel.”

—¿Cómo un Estado llega a tal grado de descomposición?

—En Colombia se dio porque el Estado había delegado en ciertos poderes locales el gobierno de la sociedad, de hecho estaba una guerrilla, pero eso ocurría en zonas donde para el Estado no era una gran amenaza y donde no existían intereses estratégicos. De repente con el narcotráfico estas zonas comenzaron a producir capital y una cantidad enorme de violencia, lo cual obligó al Estado a cumplir su obligación en muchos territorios en donde antes no lo hacía. Es decir, el narcotráfico y el conflicto en Colombia obligaron al Estado a cumplir su obligación.

“En México la violencia reciente se dio más por la apertura democrática. Previamente el PRI como sistema autoritario era capaz de ofrecer recurso a la clase política local de modo que no perdiera su poder frente a los narcotraficantes. Es decir, el PRI era capaz de enviar su aparato coercitivo, su aparato represivo, y decir: ‘Aquí hay narcotraficantes que no cumplen la regla, o cumples o te chingamos’, digámoslo a lo mexicano. Cuando se abrió la democracia el sistema no contó con ese aparato y la clase política local perdió todo poder frente a los narcotraficantes.”

—¿Ante ese panorama qué le resta al Estado mexicano?

—Un plan para ir recuperando el espacio de transacción que es regulado por el narco. Que el narco gobierne las transacciones, la producción y el tráfico de drogas es ilegal, pero que gobierne y regule a la sociedad no tiene ningún sentido. El Estado debe de comenzar a regular esos espacios transaccionales.

“Y debe crear instituciones coherentes con las necesidades de la población que acepta las instituciones del narco por muchas razones. Por ejemplo, en lugares donde hay mucha violencia generada por el mismo narco, las instituciones del narco son más efectivas ofreciendo protección y vigilancia policiaca, entonces el Estado tiene que crear o regenerar ese tipo de instituciones.”

—¿Qué similitud y diferencia existe entre el poder del narco en Colombia y en México?

—Existe mucha corrupción del narcotráfico y capacidad de extender su regulación a amplios pedazos de la sociedad, la gran diferencia con el caso mexicano es que no ha sido atravesado por un conflicto regular como en Colombia, los narcotraficantes colombianos tuvieron una serie de guerrillas al lado muy poderosas que los obligó a controlar territorios y a hacer la guerra como lo hace una guerrilla. En ese sentido se involucraron con los jefes de gobierno mucho más rápido que en el caso mexicano, donde en realidad el problema se da más por el propio control que termina perdiendo la clase política a raíz de la apertura democrática.

—Entonces no se puede decir que México está rumbo a una “colombianización”.

—No, son casos muy distintos. De hecho, con la salida de las FARC a partir del monumental proceso de paz, lo más probable es que asistamos a una “mexicanización” de Colombia, es decir, el Estado sólo tiene que lidiar con organizaciones criminales.