La construcción del libramiento a Ixmiquilpan, compromiso firmado ante notario por el presidente Enrique Peña Nieto, está detenida debido a que Cipriano Charrez Pedraza, alcalde del municipio por el que cruzará esta obra carretera, insiste en que el trazo de la vía incluya a unos terrenos que son de su propiedad, para darles conectividad, afirmó la coordinadora de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Hidalgo, Mirna Hernández Morales.
A más de dos años del inicio de la actual administración federal, el proyecto continúa en fase de preparación, en la cual se realizan estudios para determinar ruta, volúmenes de obra y procedimiento constructivo. El conflicto, según la legisladora, se da porque el edil condiciona el paso de la carretera por sus propiedades.
“Desafortunadamente algún presidente municipal insiste en que pase ese libramiento casualmente por donde tiene terrenos particulares, y creo que esto debería de quedar a un lado”, señaló Hernández Morales.
“Somos representantes de la colectividad, no de nuestros negocios e intereses personales, porque lo único que logramos es que se atrasen estos trabajos”, indicó la diputada, quien no se refirió a Cipriano Chárrez por su nombre, pero dijo que el problema era ocasionado por el alcalde “del municipio por el que pasará el libramiento”.
“En muchas ocasiones debiera de encabezar las decisiones y los deseos de la población, antes que los personales, y verdaderamente ejercer lo que la política representa”, agregó.
La obra carretera –firmada como el compromiso 81 de la campaña de Peña Nieto– considera una autopista de cuatro carriles, con una longitud de 23 kilómetros, y una inversión de mil 100 millones de pesos.
Su ejecución, según la respuesta a una solicitud de información que respondió a Criterio la SCT en marzo pasado, está programada para un plazo de 23 meses, y los trabajos debían iniciar en el último trimestre de este año. Sin embargo, no se ha superado la fase preparación por el conflicto para determinar la ruta.
El libramiento es uno de los cuatro compromisos que siguen vigentes tras la cancelación por parte del gobierno federal del puerto aéreo en el Valle de Tizayuca y la Refinería Bicentenario en Tula.