Monterrey, N. L.—Durante algunos minutos, antes de que el sol despuntara el domingo 21 de junio, una camioneta Van color blanco circuló por la colonia Fuentes del Valle, una zona de alta plusvalía en el municipio de San Pedro Garza García, para repartir en tres lugares distintos los cuerpos sin vida de las tres víctimas que llevaba.
Primero detuvo su marcha muy cerca del pequeño parque de la calle Misisipi, donde fue arrojado uno de los cadáveres. Luego atravesó dos o tres calles hasta llegar a la calzada San Pedro y virar hacia la derecha, rumbo a la glorieta con calzada Del Valle, en donde se deshizo del segundo. La camioneta siguió por la misma calzada por otras seis calles y frenó en río Támesis para dejar al tercero de los muertos.
A oscuras todavía, siguió por la avenida Humberto Lobo hasta Ignacio Morones Prieto y enfiló al oriente, como si fuera a Monterrey. Sin más registro que el de las cámaras de circuito cerrado instaladas en la vía pública, la camioneta abandonó sin contratiempos el municipio más rico y mejor protegido del país.
Dos días antes, alrededor de las dos de la tarde del viernes 19, una camioneta Tahoe tripulada por tres individuos penetró por la avenida Heriberto Castillo al municipio de García, en la misma zona metropolitana. Se desplazó por un par de kilómetros y detuvo su marcha frente a una distribuidora de cerveza, localizada a unos trescientos metros del centro operativo de la policía municipal y a menos de doscientos del edificio donde despacha el alcalde Jesús Hernández.
En el depósito se hallaban una veintena de trabajadores, uno de los cuales pudo encerrarse en un privado con blindaje desde donde escuchó el martirio de sus compañeros, a quienes despojaron de sus ropas y golpearon con brutalidad durante casi doce minutos.
A diez de ellos terminaron metiéndoles un tiro en la cabeza con dos pistolas 9 mm. Los peritos recogerían más tarde once casquillos percutidos. Los asesinos sólo desperdiciaron una bala. Después emprendieron la retirada por la misma avenida que llegaron, y volvieron a cruzar por enfrente de la base de policía antes de conducirse con dirección a Coahuila, tomando el libramiento del extremo oriente.
La operación criminal en ambos casos fue relajada. Como si no les preocupara una posible confrontación con policías.
Ese fin de semana, en cuarenta y ocho horas la zona metropolitana fue escenario de otros nueve asesinatos. Pero, a diferencia de lo ocurrido en San Pedro y García, se detuvo a dos presuntos responsables y se libró orden de aprehensión en contra de un tercero.
Los casos de Fuentes del Valle y del depósito de cerveza tienen, por el contrario, un alto grado de complejidad, de acuerdo con Javier Flores, el procurador de justicia. Y también un claro mensaje de poder o desafío, aunque no existan mantas ni cartulinas, las tétricas misivas de los años previos en los que Nuevo León fue ocupado por militares, marinos, agentes federales y cárteles de la droga en supuesta disputa por la plaza.
RUDEZAS DEL LENGUAJE
En 2012, casi al término de su segundo periodo como alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández presumía las causas por las que el municipio alcanzaba altos índices de seguridad.
“Yo tengo diez veces más agentes que los demás municipios de Nuevo León”, dijo en una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa (DPA). “Incluso estoy por encima de los estándares mundiales de la ONU. Tenemos cinco policías por cada mil habitantes, cuando los estándares marcan tres.”
Mientras el resto de la zona conurbada a Monterrey —donde residen unos cinco millones de habitantes- se entumecía con más de dos mil asesinatos, en el San Pedro de ese tiempo se registraba apenas uno de cada cien delitos de alto impacto. Nunca se reflejó ahí el incremento homicida de 1200 por ciento marcado por el Inegi respecto a las cifras de 2006 en la entidad.
Fernández fue capaz de constituir un cuerpo de policía eficiente y moderno, pero también maniobró con un equipo cuyas operaciones fueron tan oscuras como su origen.
Poco antes de asumir como alcalde, Fernández hizo referencia a ese grupo por primera vez. “Voy a traer un equipo que yo llamo de limpieza, un equipo rudo para que todo aquel que se dedica a delinquir sepa que nosotros estamos en guerra y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, desde el municipio, para que no estén aquí”, dijo a reporteros.
El 31 de octubre de 2009, Fernández ofreció su primer discurso como alcalde, ante un auditorio colmado por empresarios y políticos encabezados por el gobernador Rodrigo Medina. Fuera de protocolo atendió una llamada y seguidamente informó sobre el hallazgo de Héctor Saldaña, el Negro, un sujeto que prometió matarlo y que, además, asolaba a los residentes del municipio como cabeza de una célula dedicada al secuestro y la extorsión.
Junto con Saldaña estaban los cadáveres de su hermano, un medio hermano y un primo. El escándalo sobrevino porque se les halló en la delegación Miguel Hidalgo, de la capital mexicana, pero además, porque Mauricio Fernández los identificó antes que las autoridades del Distrito Federal. Sobre los cuerpos, en el interior de una camioneta con matrícula de Nuevo León, se dejó una cartulina firmada por “el jefe de jefes”.
En abril de 2010, Fernández disolvió al grupo rudo. Pero en 2014 circuló un expediente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en el que le documentan supuestos nexos con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, uno de los cuales, Arturo, se hacía llamar “jefe de jefes”. La misma investigación los relaciona con el asesinato del Negro Saldaña.
Las indagatorias de la SEIDO no condujeron a nada concreto. Mauricio Fernández repetirá como alcalde de San Pedro este octubre. Y es justo el advenimiento lo que enmarca el tiradero de cadáveres en Fuentes del Valle.
“No podemos ser ingenuos y creer que la violencia que se desató la semana pasada fue algo casual”, dice Jesús Cantú, director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. “Tiene que ver con el proceso electoral, con el cambio de gobierno que se avecina y con los resultados de las elecciones. Tiene todo el sello. Vamos a ponerlo así: se está dando un reacomodo de fuerzas en todos los sentidos.”
Cantú es uno de los hijos del fundador del diario El Porvenir, en Monterrey. En la década de 1990 dirigió el periódico Noroeste, en Culiacán, cuyo principal accionista era Manuel Clouthier Carrillo, quien acaba de obtener en junio una diputación federal por Sinaloa como candidato independiente.
Oscilar en ambos mundos y en ambos territorios dotó al académico de capacidad para comprender que ciertas formas de matar o disponer de cadáveres es el sistema de correo con postal utilizado por las fuerzas ocultas del poder.
La narrativa oficial establecida desde el sexenio de Felipe Calderón establece que los cárteles de la droga adquirieron una fortaleza descomunal que pronto les permitió someter ciudades completas y tomar entidades como escenario de guerra con un propósito de control, hasta que el tráfico de drogas cedió paso también a la extorsión y el secuestro de personas.
Pero esa es una de las trampas del discurso gubernamental, advierte Cantú.
“Esto no toma en cuenta las posibles complicidades de muchos de los integrantes de las fuerzas de seguridad pública. En muchos de los casos —y es evidente que eso sucede— hay una complicidad clara. Hay arreglos claros y mucha de la violencia se desata precisamente porque se hacen acuerdos con una u otra organización. En muchas de las ocasiones son las propias autoridades, pero no quiero descartar que haya algunos líderes políticos implicados, quienes provocan estos enfrentamientos.”
La dificultad radica en dilucidar quiénes son los autores de esos mensajes, “porque los mensajes son claros y ahí están”, sostiene.
En el proceso electoral celebrado en junio, no sólo Mauricio Fernández obtuvo una victoria convincente. Igual que él, la priista Clara Luz Flores repetirá como alcaldesa de Escobedo, que ya gobernó en el mismo periodo de 2009 a 2012, igual que hizo en García Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, actual gobernador electo. Los tres encararon la amenaza del crimen de manera similar: estructurando cuerpos de exterminio.
“Aquellos que enfrentaron directamente el problema de la seguridad fueron los que tuvieron los resultados positivos. Y eso no es casualidad”, reflexiona Cantú. “Desde luego que se puede jugar con el factor de la violencia para beneficio político.”
La corrupción, sin embargo, permanece como la más inmutable de las causas estructurales del sistema. Es también lo que explica el asesinato masivo en García y el paseo rampante de la camioneta desde la que se arrojaron los cuerpos en las calles de San Pedro.
CORRUPCIÓN Y CRIMEN
El día en que Enrique Barrios aceptó la Secretaría de Tránsito y Vialidad de Monterrey, llevaba tiempo escudriñando la corrupción de la dependencia. Así que apenas tomó posesión, el 14 de mayo de 2010, puso en marcha una serie de mecanismos para desarticular a las mafias internas. Sólo que subestimó su poder.
Contrató los servicios de cuatro abogados, a quienes instaló dentro del área de Asuntos Internos, y con ellos documentó el sistema de cuotas que aportaban los dueños de transporte de carga para circular fuera de las rutas permitidas. El negocio dejaba ganancias de un millón de pesos semanales a oficiales y agentes de tránsito. La totalidad de los departamentos mantenía una industria que el mismo Barrios calculó en 45 millones de pesos mensuales.
“La abundancia del dinero de la corrupción fue lo que hizo que los criminales voltearan a ver esa oficina”, dice ahora, sentado en el escritorio de su oficina en el Congreso estatal. “No era una dependencia con riesgo, no había policía ni nadie armado.”
La madrugada del 31 de mayo de aquel año, a diecisiete días de asumir el control, Barrios fue sustraído violentamente de su casa. Las horas previas se había levantado también a los cuatro abogados y al director operativo, Reynaldo Ramos.
Barrios volvió para despedir a casi la totalidad de los mil cien elementos de la corporación, pero al final no cree que las cosas hayan cambiado en definitiva.
Este dominio sobre la corrupción de las instituciones de seguridad le ha servido para dilucidar los casos de García y San Pedro, donde hoy vive. Porque, como todos en la zona metropolitana de Nuevo León, sintió el miedo profundo que desató la violencia del pasado reciente.
“¿Puedes tirar muertos en San Pedro, donde existe la mejor policía del mundo? ¿Puedes ir a García, llegar de donde sea y matar gente y nadie te va a ver? Eso es imposible sin que medie la corrupción. El problema es que nadie te cuenta la verdad del fenómeno, porque al final, si decides combatir la corrupción, te quita todo el tiempo y operativamente no puedes hacer nada más. Por eso es cíclica, se perpetúa”, explica el diputado.
Las preguntas que se planteó Barrios son las mismas que responde Clara Luz Flores, la alcaldesa electa de Escobedo, municipio fronterizo con García.
“¿Puede un grupo llegar y realizar este tipo de cosas? A menos que la autoridad esté relajada, sí, nada más”, dice. “Se nos ha olvidado muy pronto que no podemos relajarnos en ningún momento. La corrupción es como la suciedad: hay que asearse todos los días, si no te enfermas.”
Clara Luz advierte la relajación no sólo en esos dos municipios, sino en todo el conjunto de autoridades implicadas en el combate a la inseguridad.
“Si en lo personal me hubiera pasado algo así, lo primero que pregunto es: ¿A ver, por qué pasó esto? ¿Dónde están los policías que no se dieron cuenta? ¿A poco nunca se habían juntado estos vendedores? ¿No sabía el presidente municipal o más bien el jefe de la zona que se reunían? ¿Cómo es que alguien entra en tu municipio y realiza todo esto sin que nadie lo advierta? Hablo de todos los pisos de la policía, ¿Dónde estaban?”
Durante su primera gestión como alcaldesa, Clara Luz sufrió atentados y acoso no sólo de criminales agrupados, sino de sus propios agentes de policía. Lo que hizo fue contratar a un general del Ejército para dirigir la corporación y depurarla. Varios agentes fueron encarcelados o despedidos, pero también hubo una táctica de aniquilación que al final provocó un último ataque, más directo: el lanzamiento de dos explosivos a su vivienda.
“Esto que sucede desde luego que son mensajes. Sirven para medirte. De ninguna manera se trata de casos aislados”, sostiene.
NADIE ACUSADE RECIBIDO
De los tres cuerpos tirados en San Pedro, dos fueron identificados como hermanos, Kevin Zaed y Edson Jared Grimaldo Araiza, de dieciocho y diecisiete años. Kevin tenía empleo fijo, Edson era estudiante. La tercera víctima se llamó Eduardo Escobedo. Era un desempleado de veinticinco años.
Los hermanos Grimaldo residían en el área pobre del municipio, una colonia llamada Echeverría, en los linderos del poniente que hacen frontera con Santa Catarina.
El cuerpo de Kevin fue el primero que arrojaron desde la camioneta, en río Misisipi. Presentaba dos disparos en la cabeza. Su hermano quedó en la glorieta de las calzadas, con un tiro de gracia. Eduardo fue asesinado con tres balazos. Los tres se hallaban semidesnudos y presentaban huellas de tortura.
El 8 de enero de 2013, otros Grimaldo fueron asesinados a tiros en el interior de un taller de calzada Madero, muy cerca de la avenida Pablo A. de la Garza, en el centro de Monterrey. Eran padre e hijo: Jesús Grimaldo Jiménez, de cuarenta años, y Jair de Jesús Grimaldo, de veinte. Otro hijo de Jesús, entonces de diecisiete años, resultó herido.
Los Grimaldo ultimados en el taller tenían mala reputación. Se les vinculó con el robo de piezas de automóviles, que robaban justo en San Pedro. Uno de sus supuestos operadores, Christopher Moreno, de veintiséis años, fue hallado sin vida en noviembre del mismo 2013 dentro de una bodega de la colonia Coyoacán. Contaba con una decena de ingresos al penal de Topo Chico, el último de ellos por robar piezas en la colonia Fuentes del Valle, en San Pedro.
El procurador Javier Flores afirma que entre ellos y los Grimaldo del domingo 21 no existe relación.
“Es coincidencia del apellido, como si fueran Flores. No es un apellido muy común, pero tampoco es distintivo”, dice.
Flores hace entonces una primera referencia al tema de los mensajes entre las bandas [criminales], que interrumpe para atender una llamada telefónica del gobernador. Vuelve a la conversación en un instante. “Híjole, es tema delicado porque sí lo vemos como que no acontecía antes: un mensaje en una avenida principal del municipio de San Pedro.”
En su análisis, el procurador habla del impacto social que se logra con este tipo de escenificaciones, cuyo propósito no es otro sino “calentar la plaza”, aunque no sepa responder a quién le interesa calentar la plaza de esa manera.
“Yo no podría hablar de estructura criminal, fíjate. Yo estimaría, en mi muy particular punto de vista, conflicto entre dos organizaciones delictivas, entre dos organizaciones en pugna. […] No me hagas que les ponga nombre y apellido.”
El procurador se extiende en una explicación más detallada sobre el avance tecnológico y de personal vivido en años recientes. Tal combinación les permite tender una red en la que cualquier delito que se cometa puede ser desentrañado en cuestión de días o de horas.
En estos casos dice que cuentan con evidencia que los ayudará a resolverlos. Por ejemplo, saben que las pistolas utilizadas en el depósito de cerveza sirvieron para asesinar a otras personas, una en el libramiento por el que huyeron los asesinos, y otra en Santa Catarina.
Aldo Fasci, ex subprocurador con el anterior gobernador, Natividad González Parás, refiere la misma teoría de los mensajes, aunque discrepa del móvil. Para él, lo de García tiene que ver con los circuitos para la venta exclusiva de cerveza, que describe con la misma lógica de acotamiento y distribución que tiene la droga. Porque en su lógica, los cárteles controlan todo.
“Ese distribuidor —dice refiriéndose a cualquiera que venda cerveza— solamente tiene un territorio, de tal manera que no puede sacar mercancía de ese territorio ni puede traer mercancía de otros territorios autorizados.”
Pero Flores refuta lo dicho por Fasci con un argumento que juzga contundente: seis kilos y medio de mariguana y un fusil AR-15 hallados en la escena del crimen.
“Hay un acomodo de la delincuencia”, dice para justificar la desproporción de una masacre por seis kilos de yerba. “Con la edad madura que tengo, sé que el padre del dueño de esos depósitos tenía ya la venta exclusiva de cerveza desde hace treinta años. Las investigaciones no nos reflejan que sea la venta de cerveza. Es la venta de droga. De hecho la droga que se encuentra ahí era para empaquetar y venderla en la calle.”
Jesús Perales Chiprut, el dueño del depósito, apareció el miércoles 1 de julio para brindar su declaración oficial sobre los hechos. En síntesis, dijo que desconocía la venta de droga en su negocio.
No hay más versión oficial que la de la Procuraduría. El alcalde saliente y el electo de García, el independiente César Valdez, declinaron hablar sobre el tema.
García es el municipio que gobernó Jaime Rodríguez Calderón hasta hace tres años. El actual alcalde, Jesús Hernández, era su más cercano colaborador. Prácticamente el Bronco lo eligió para ser candidato, cuando todavía no renunciaba al PRI. La moneda de cambio fue que Hernández mantuviera intacto al gabinete, algo que no sucedió del todo.
Hernández destituyó por ejemplo al general Manuel Martínez como secretario de Seguridad Pública. Martínez fue el artífice del cuerpo táctico formado con setenta y dos militares con licencia mediante el cual el Bronco impuso orden municipal tras sus atentados y el asesinato del primero de sus secretarios, el también general Juan Arturo Esparza.
Las operaciones del grupo táctico fueron abrumadoramente aplaudidas por los pobladores del municipio, pero también hubo denuncias por la violencia e ilegalidad con la que se condujeron. El mismo Jaime Rodríguez solía calarse pasamontañas y participar en algunos operativos, y así atestiguar directamente la aprehensión de presuntos criminales.
Aunque el Bronco no acusó de recibo ningún mensaje con el homicidio de los diez, se refirió a la relajación de las autoridades.
“Hay un cuartel de Fuerza Civil en una de las entradas y salidas de García, ¡increíble que no vean (a los delincuentes)! Hay cámaras, obviamente que tienen que checar. Creo que es un evento que tiene relación con la delincuencia organizada. […] Se relajaron demasiado en el tema de la seguridad. Hay un relajamiento muy fuerte: el Ejército ya no está, la Policía Federal no está patrullando y Fuerza Civil es insuficiente. Sí hay un relajamiento. Esta es una llamada, no solamente de atención, es una llamada a que las autoridades tienen que ponerse las pilas”, declaró tras la matanza.
Con los hechos de San Pedro, las situaciones son más o menos parecidas. Los investigadores estatales analizan treinta y seis horas de video proporcionados por el alcalde, pero siguen sin difundir mayor información que la ronda circular de la camioneta que repartió cadáveres.
El 6 se septiembre de 2006, Aldo Fasci acompañó al entonces director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Marcelo Garza y Garza, en una conferencia de prensa a la que citaron para hablar de la reestructuración y saneamiento de la institución. Tres horas más tarde, alrededor de las ocho de la noche, Garza fue asesinado con dos disparos en la nuca. Lo sacaron de una galería en Plaza Fátima, muy cerca de la glorieta donde ahora tiraron al menor de los hermanos Grimaldo.
Fasci dijo años más tarde que aquello fue un asesinato ordenado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Nunca aportó evidencia de ello, pero sus juicios siguen centrándose en ese mismo análisis de cárteles en pugna y capos omnipresentes.
“Lo que estamos viviendo en Nuevo León es un reacomodo de la clase media del crimen organizado”, afirma. “Los grandes grupos ya tienen claras sus estrategias y sus temas, ya no vemos una guerra abierta de grandes grupos en ninguna parte del país. Lo que vemos son reacomodos de esa clase media, y en algunos lugares muy puntuales de la clase alta, pero para ver quién manda.”
En lo que está de acuerdo es en que arrojar estos cuerpos tiene un mensaje evidente y de consecuencias políticas.
“La que viene es una administración que ya en el pasado fue señalada hasta por el gobierno federal por detener a individuos con el Grupo Rudo, que se supone que era un grupo de inteligencia y resultó que eran narcos”, dice en referencia a Mauricio Fernández, quien retornará al país el 8 de julio.
“Hay personas que están pensando que el tema es contra Mauricio. Y otras, que es un tema de narcomenudeo. Pero si es así, yo le agrego que es un tema un poco mayor, si no, no van a andar tirando cuerpos en San Pedro, sino que los matan y los avientan en el río [Santa Catarina], donde siempre los han arrojado.”
Jesús Cantú, el director de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, dice que el estallido provocado con los veintidós asesinatos de ese fin de semana es, hasta cierto punto, normal.
“Me queda muy claro que todos los fines e inicio de sexenio son normalmente más violentos que el resto”, explica. “Tiene que ver con varias cosas: uno, los mensajes que se lanzan a los nuevos gobiernos. Otro que en el argot se llama ‘los vamos a calar’. Saber si su respuesta será de confrontación o de buscar negociación. Obviamente esto nunca se puede probar, pero sucede.”
Sin embargo, los mensajes del narco pueden no serlo en realidad. El procurador Flores dice que ya no existen las megaestructuras criminales aludidas por el propio gobierno hace apenas dos años.
“Cada vez es gente con menos capacidad”, describe. […] Se reestructuran ellos con los medios que tienen a su alcance, en sus cabezas.”