El caso de Rubén Oseguera González, el “Menchito”, es
una de las muestras más claras y palpables de nuestro deficiente sistema de
procuración e impartición de justicia; y no sólo de eso, sino de la abierta
confrontación entre la PGR y el Poder Judicial.
Esta es la historia de esos desencuentros. El 30 de enero de
2014, quien es considerado el número 2 del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) fue detenido en Zapopan, Jalisco, e interrogado en las instalaciones de
la SEIDO. En respuesta, presuntos criminales realizaron bloqueos e incendiaron
al menos tres vehículos en la zona conurbada de Guadalajara.
El 1 de febrero, la PGR lo consignó al penal de máxima
seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, acusado de portación de arma
de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, lavado de dinero y delitos
contra la salud.
Ese mismo año, el 16 de octubre, un juez federal con sede en
Toluca lo absolvió y ordenó su liberación. Pero no bien había dejado la prisión
cuando fue nuevamente detenido y arraigado.
El 18 de diciembre, se le trasladó al Penal Federal de
Occidente por delitos contra la salud, delincuencia organizada y violación a la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Sin embargo, ocho días después un
juez federal de Jalisco determinó su liberación.
Medio año más tarde, el 23 de junio pasado, el “Menchito”
fue capturado por tercera vez en la zona metropolitana de Guadalajara y,
nuevamente, trasladado a la SEIDO.
En esta ocasión, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte
Alejandro Rubido, sostuvo que luego de su liberación, había regresado a la
actividad criminal. Las acusaciones fueron las mismas de la primera detención:
portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo.
Pese a esto, el miércoles 1 de julio, el Juzgado Primero de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, decretó auto de
libertad para Oseguera González.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, la PGR “no
acreditó ni siquiera indiciariamente la vinculación de los inculpados a dicha
organización delictiva (el Cártel Jalisco Nueva Generación); por lo que hubo
una insuficiencia y deficiencia probatoria”.
Además, la jueza que lo liberó, Nadia Villanueva, argumentó que
encontró violaciones al debido proceso durante su tercera detención, ya que el
arresto del presunto narcotraficante se habría realizado durante una
“intromisión ilegal” a su domicilio, lo que contradice la versión oficial de
que había sido aprehendido junto con su cuñado, Julio Alberto Castillo
Rodríguez, a bordo de una camioneta y con armas de fuego.
Para continuar las irregularidades, ambos fueron puestos a
disposición del Ministerio Público Federal “hasta nueve horas después” de su
detención, y “no fueron asistidos de forma inmediata por un defensor”, sino
hasta que emitieron su declaración ministerial.
La cosa no termina ahí. Enseguida de que se ordenó la
liberación por tercera vez, la PGR ejecutó una orden de presentación en contra
del joven de veinticinco años, ahora por el delito de desaparición de personas.
Nadie sabe con certeza cuánto durará esta detención, lo cierto
es que —por desgracia— no es un caso aislado.
LOS OTROS MENCHITOS
Durante los últimos años, por violaciones al debido proceso y
falta de elementos, más de setenta personas acusadas por la PGR de diversos
ilícitos, como de delincuencia organizada, fueron puestos en libertad.
La mayor parte de los casos se presentaron en la administración
de Felipe Calderón, luego de que se demostró que el Ministerio Público de la
Federación integró averiguaciones previas mediante pruebas fabricadas; el uso
de testimonios de “testigos protegidos”; la presentación de evidencias
obtenidas ilegalmente, o la implementación de operativos ilegales.
Dentro de los casos más destacados se encuentran el de la
ciudadana francesa Florence Cassez quien, pese a haber sido encontrada culpable
del delito de secuestro, por lo que se le sentenció a sesenta años de prisión,
fue dejada en libertad en enero de 2013 por fallas al debido proceso.
Otro igual de escandaloso fue el de Rafael Caro Quintero quien,
en agosto de 2013, recuperó su libertad tras veintiocho años de prisión por la
misma causa, carencia de pruebas para demostrar su culpabilidad en el delito de
asociación delictuosa y la incapacidad del gobierno mexicano para acreditar la
calidad de integrante de la misión diplomática estadounidense de Enrique
Camarena Salazar.
La principal excusa fue que el narcotraficante había sido
sentenciado a cuarenta años de prisión por ese homicidio y por el del piloto
Alfredo Zavala Avelar en febrero de 1985, pero en el ámbito federal, cuando los
crímenes debieron ser procesados por un juez del fuero común.
Además de que presuntamente no se le dio asistencia consular
cuando fue detenido en abril de aquel año en San José de Costa Rica, adonde
había huido tras los asesinatos.
Hay también los casos contrarios. Los de aquellos a quienes
realmente se les violó el debido proceso porque sus expedientes fueron
fabricados.
En ese grupo se encuentran los generales Ricardo Escorcia
Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, además del teniente coronel
Silvio Hernández, quienes luego de permanecer presos desde mayo de 2012 en el
penal federal del Altiplano acusados de tener vínculos con el cártel de los
hermanos Beltrán Leyva, fueron puestos en libertad.
Y es que la PGR consideró infundadas las acusaciones de
“Jennifer”, el testigo protegido que sirvió para encarcelarlos luego de
denunciar que el general Tomás Ángeles Dauahare había ayudado a Édgar Valdez
Villarreal, la “Barbie”, a conseguir la protección de militares en el
desembarque de aviones con cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y
Cuernavaca.
Sólo hay cuatro hipótesis que permitirían explicar (que no
justificar) este tipo de hechos:
—Que el crimen organizado ejerce tal presión sobre los jueces
(mediante amenazas de muerte a ellos y sus familias, por ejemplo), que ninguno
de ellos se atreve a consignar a los delincuentes.
—Que los “cañonazos” a jueces y ministerios públicos son suficientes
para hacerlos sobornables.
—Que el concepto de “debido proceso” es ambiguo y poco claro,
por lo que los delincuentes se escudan en ese argumento para evadir la ley.
—Que, como en el sexenio de Calderón, la PGR y el Poder
Judicial están enfrentados y en esa pugna no les importa dejar en libertad a
criminales.
Todo ello se traduce en un sistema de (des)procuración e
impartición de (in)justicia, basado en el (in)debido proceso. Mientras tanto,
los delincuentes gozan de impunidad y siguen en las calles. Así que esto sólo
demuestra la putrefacción de un sistema de justicia que lejos, muy lejos, está
de ser justo.