El director ejecutivo de Aministía Internacional México, Perseo Quiroz, considera indispensable que las víctimas del caso y sus familiares conozcan la verdad sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya hace exactamente un año.
Sin importar quienes resulten responsables de la masacre registrada en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto debe realizar una investigación profunda e imparcial para llevar a la justicia a los culpables, incluyendo a mandos militares.
“Ante la muerte de estas personas es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos” dijo Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México.
La organización que vela por los derechos humanos en el planeta emitió un comunicado en el que señala que no se puede excusar el mantenimiento del orden público para violar las garantías de las personas y que el uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad y sólo en casos de absoluta necesidad.
Revelan contradicciones de testigos
A un año de los hechos, las tres
principales testigos en el caso Tlatlaya incurrieron en contradicciones en las
declaraciones del expediente integrado por la Procuraduría General de la
República.
Las testigos de cargo habían asegurado
estar secuestradas, sin embargo, su versión cambió y dos de ellas aceptaron que
eran sexoservidoras contratadas por miembros del grupo armado que enfrentó al
Ejército el 30 de junio de 2014.
La veracidad de las declaraciones de las
testigos del proceso penal en contra de siete militares implicados en el
homicidio de ocho de 22 civiles asesinados en una bodega será de gran
importancia, ya que será uno de los elementos clave que el juez valorará a
petición de la defensa de los inculpados.
Una de las testigos que pidió se le llamara
Julia para proteger su identidad, fue quien hizo público el caso y sostuvo que
los elementos del Ejército dispararon contra algunos de los civiles cuando éstos
se habían rendido, y que entre las víctimas estaba su hija de 15 años.
Sin embargo, tras los peritajes
realizados por la PGR, sólo se encontraron indicios del posible homicidio de
siete personas, sin que en esta se incluyera a su hija, cuya muerte se dio
durante el enfrentamiento.
La versión de la Sedena
La muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, como resultado de un enfrentamiento entre civiles y el Ejército, dejó a ocho militares detenidos, de los cuales siete enfrentan el dictamen de auto de formal prisión por un juez federal por probable comisión del delito de abuso de autoridad, ejercicio indebido de servicio público y homicidio calificado.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en su momento dio a conocer que el enfrentamiento con los civiles había sido producto de una agresión directa contra los militares, ante lo que estos reaccionaron abriendo fuego.
Sin embargo, con el paso del tiempo la versión oficial fue perdiendo peso debido a inconsistencias graves que fueron señaladas por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos así como por el mismo peritaje realizado por la PGR.
(Con información de El Universal y Aristegui Noticias).