La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició esta semana las discusiones oportunas de los 26 amparos interpuestos por el Comité Ejecutivo Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en contra de la reforma educativa.
De acuerdo con el grupo de maestros, la reforma educativa vulnera sus derechos laborales al hacer obligatoria la evaluación docente. De fallar en tres ocasiones las pruebas de evaluación, los maestros pueden perder su trabajo, por lo que argumentan que dicho proceso atenta contra su seguridad laboral.
Entre los 26 amparos interpuestos destacan la reforma al artículo 3º Constitucional, las modificaciones a la Ley General de Educación del INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) y la del Servicio Profesional Docente.
Los 11 ministros encargados del caso aún no resuelven estas demandas, sin embargo ya han adelantado su opinión en favor de la permanencia de la evaluación de profesores.
El ministro Fernando Franco González aseguró al comienzo de la jornada que “el interés superior del niño está por encima de las relaciones laborales del personal docente que presta sus servicios al Estado” y con ello trazó el camino para continuar con las discusiones que hasta ahora auguran una derrota para las demandas de los 400 000 maestros involucrados. A pesar de que el panorama no les favorece, los profesores aseguran que intentarán todas las vías posibles para defender sus derechos y evitar lo que ellos consideran una evaluación “punitiva”.
Existen alrededor de 7000 amparos interpuestos en todo el país, casi todos colectivos, que están pendientes de resolverse desde mayo de 2014. Ahora, después de más de un año, solo se espera que el máximo tribunal del país emita su sentencia, para que los órganos judiciales menores puedan resolver los miles de amparos colectivos.
Afuera de la Suprema Corte, un grupo de demandantes protestaron en contra de la constitucionalidad de la reforma educativa.