A raíz de la indignación que generó entre la comunidad de la Universidad Veracruzana el atentado contra ocho estudiantes del plantel a manos de un grupo de encapuchados y que remite a los hechos violentos ocurridos en Ayotzinapa, donde 43 normalistas de la escuela rural Isidro Burgos fueron desaparecidos por autoridades municipales y estatales en septiembre del 2014, sin que hasta la fecha se conozca su paradero, este miércoles fue publicado un desplegado en el diario La Jornada, donde la comunidad externa un “ya basta” contra la violencia que golpea el estado gobernado por Javier Duarte.
El documento hace pública la indignación de la comunidad universitaria tras el salvaje atentado cometido por un grupo de encapuchados contra ocho estudiantes la madrugada del 5 de junio, sin que las autoridades tomaran cartas en el asunto, lo que deja ver el riesgo que corre la ciudadanía activa al pertenecer a organizaciones que buscan un cambio social y que suelen ser críticas a gobiernos que, como el de Javier Duarte, poco abogan en favor de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos de las personas, como lo demuestran la serie de asesinatos de periodistas y actores sociales que han señalado la corrupción y la inseguridad que impera en aquél estado.
En conferencia de prensa, víctimas del ataque, académicos, activistas y defensores de derechos humanos, coincidieron en señalar que este “es una consecuencia de la criminalización de los jóvenes y los activistas en ese estado”.
De acuerdo a fuentes periodísticas, la intención de este ataque a estudiantes perpetrado con bates, palos, machetes y armas largas por un grupo de personas vestidas de civiles, estuvo enfocada a desalentar la participación ciudadana en las elecciones del 7 de junio, dado el impacto mediático que logró el hecho, lo que llevó algunos estudiantes que fungirían como representantes partidistas en las casillas a renunciar a esta obligación.
A su vez, los agredidos señalaron que la denuncia pública interpuesta tras el ataque, tuvo respuestas contradictorias por parte del Gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública, a quienes acusaron de ser responsables de las agresiones.
En el desplegado, autoridades de la Universidad Veracruzana condenan el clima de hostigamiento y la política de criminalización de la protesta estudiantil y social, al tiempo de pedir la renuncia del secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Bermúdez, así como una investigación clara e imparcial, la reparación de los daños humanos y materiales, además de la protección de los estudiantes golpeados.
“Toda la gama de delitos se ha volcado sobre nuestra comunidad en una constante que parece no tener fin“, señalan las autoridades, y piden que los universitarios no se “se conviertan en blanco da agresiones externas o internas”, ante lo que demandan “la pronta y eficaz intervención de la justicia. Que los órganos gubernamentales responsables de mantener el orden y proporcionar tranquilidad a los ciudadanos hagan su trabajo y que lo hagan de manera profesional.
En el documento se lee una solicitud inmediata para el cese de la violencia presente y latente “que obstaculiza el estudio y el trabajo productivo”, así como la “erradicación del miedo que se ha apoderado de la sociedad, de nuestras comunidades, incluyendo la universitaria, y que perturba la sana vida social y cultural a la que tenemos derecho”.
(Con información de La Jornada)