Una pintoresca plaza principal con edificios de utilería, armas de fantasía y vívidas recreaciones de asesinatos forman parte del escenario de una academia de policías asentada en el centro de México, un proyecto con inversión estadounidense que busca adiestrar, seleccionar y sanear a la desprestigiada policía mexicana.

En la estación de gasolina, una acalorada discusión entre dos hombres a bordo de una camioneta pick-up degenera en un mortal tiroteo y una explosión.

Empuñando rifles de asalto falsos, los policías se precipitan a la escena, derriban a un sospechoso cerca de un kiosko y esposan a otro al interior de un supermercado de pantomima.

Poco después, llegan los investigadores a la escena del crimen para recolectar evidencias.

Aunque parece un estudio cinematográfico, se trata del “pueblo táctico” de una de las varias academias policiales fundadas con apoyo de Estados Unidos para entrenar a agentes federales, estatales y municipales de México, narra la periodista Laurent Thomet de la agencia AFP, que tuvo acceso al lugar.

Esta escuela de vanguardia, ubicada en Amozoc de Mota, en Puebla, es pieza clave de los esfuerzos entre México y Estados Unidos para transformar a las decaídas fuerzas policiales mexicanas, que han venido enfrentando denuncias sobre abusos de fuerza y colusión con cárteles narcotraficantes

“Hay policías que somos efectivos, hay policías malos, claro. Es molesto porque hay gente que desempeña su trabajo como debe de ser”, dice Ricardo Escamilla a Thomet, un oficial de 34 años adscrito a Guanajuato y que participa en un entrenamiento de dos semanas.

De acuerdo a la información publicada por la agencia francesa, esta academia ha entrenado más de 16 000 agentes provenientes de los 32 estados del país desde que abrió en mayo de 2012, con una inversión de 17 millones de dólares por parte del gobierno de Puebla y de 5 millones de Estados Unidos, estos últimos, parte de los 2 300 millones de dólares que Washington asignó para combatir el crimen organizado en el marco de la Iniciativa Mérida, que firmó con México en 2008.

Juicios perdidos

Vestido con la bata blanca de los forenses, Escamilla aprendió a recolectar evidencia durante el simulacro de asesinato.

“No te pongas tan cerca del cuerpo”, le decía un instructor, mientras Escamilla escudriñaba la puerta de la camioneta en busca de huellas digitales y otro oficial fotografiaba casquillos percutidos en la escena.

Estas habilidades son cruciales en un país que busca superar un sistema judicial opaco basado en la burocracia de los documentos escritos, para pasar a un sistema oral con audiencias públicas, al estilo estadounidense.

Anteriormente, las policías municipales se limitaban a acordonar las escenas del crimen y esperar a los detectives.

“Sí, nos hace falta mucha capacitación”, reconoce José Manuel González, un policía de 41 años que participa de un curso intermedio de entrenamiento y que acepta que está para aprender, regresar a su municipio y multiplicar el conocimiento.

María del Carmen Castaneira, una instructora con 20 años de experiencia como investigadora en Puebla, contó a Thomet que en una ocasión le tomó ocho horas llegar a una remota escena de crimen, un lapso que podría comprometer la evidencia.

“Los peritos también tienen muchísimos problemas, y en muchos casos, juicios orales se les están yendo abajo” por este tipo de contratiempos, explicó Castaneira a la agencia.

Recuperar la confianza

Pese a los esfuerzos para renovar sus fuerzas de seguridad, las autoridades mexicanas están batallando para ganarse la confianza de los ciudadanos.

Fuertes críticas surgieron cuando las fuerzas federales abatieron el 22 de mayo pasado a 42 presuntos criminales durante un supuesto enfrentamiento en Michoacán, en el que sólo hubo una baja del lado de los uniformados.

Las autoridades justificaron este saldo desigual argumentando una alta capacitación y superior armamento, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga si hubo un uso desproporcionado de la fuerza.

Otro caso que cimbró a México fue la desaparición y presumible masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero en septiembre de 2014, un crimen que, según la fiscalía general, fue perpetrado por policías locales coludidos con narcotraficantes.

“¿La existencia de algunos eventos negativos significa que lo que hemos hecho es en vano? De ninguna manera”, estima Richard Glenn, director adjunto del Buró Internacional de Estupefacientes y Aplicación de Ley de la embajada estadounidense, que supervisa los proyectos de entrenamiento.

Sin embargo, el cambio generalizado, el que todos están esperando, será visible en un plazo de “10, 20, 30 años”. 

Para Darrel Paskett, coordinador estadounidense del programa de profesionalización de la policía mexicana, es necesario investigar a los uniformados para expulsar a los malos elementos e instalar un sistema de incentivos financieros y profesionales.

La academia policial alberga un “centro de control de confianza”, en el que cada año 12 000 aspirantes y agentes se someten a pruebas psicológicas, de antidopaje y a un detector de mentiras.

La mitad de los candidatos aprueba mientras uno de cada cinco agentes en función reprueba, asegura María de Lourdes Rosales, decana de la academia.

(Con información de AFP)