La organización Human Rights Watch (HRW) dio a conocer la carta enviada a la nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez, en la que señala que México debe intensificar sus esfuerzos por asegurar que se investiguen y sancionen adecuadamente gravísimas violaciones de derechos humanos.
“Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México”, observó Human Rights Watch.
“El gobierno de Peña Nieto se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes”, sostuvo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch.
Al asumir en marzo de 2015, Gómez González expresó su compromiso de investigar abusos, incluidas desapariciones y torturas, y de establecer como prioridad el trabajo con organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
En marzo, Juan Méndez, el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el cual afirmó que la “tortura es generalizada en México” y que los responsables muy pocas veces son llevados ante la justicia.
Sin embargo, a fines de marzo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto criticó públicamente al relator especial, y cuestionó su conclusión de que la tortura era un problema generalizado en México. Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que Méndez había sido “muy irresponsable y muy poco ético” y que había publicado hallazgos que “no pudo sustentar”, según trascendió en los medios.
En otras ocasiones, altos funcionarios de gobierno, incluido el ex Procurador General Jesús Murillo Karam, expresaron su intención de abordar los problemas de derechos humanos que existen en el país, pero sus esfuerzos han sido inadecuados y han producido resultados limitados, señaló Human Rights Watch.
En junio de 2013, por ejemplo, la Procuraduría General de la República creó una unidad dedicada a casos de desapariciones. Hasta enero de 2015, la unidad no había obtenido ninguna condena por desapariciones forzadas cometidas desde 2007, según información oficial.
La nueva Procuradora General debería trabajar con otras autoridades competentes para asegurar que la unidad especial dedicada a desapariciones tenga recursos y personal suficientes para llevar a cabo investigaciones, señaló Human Rights Watch. La investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de estos y otros abusos debería ser una de las máximas prioridades de la PGR.
Human Rights Watch también manifestó que la PGR debería dar a conocer los nombres de 22,000 personas extraviadas o desaparecidas, así como de otras miles más que habían sido denunciadas como extraviadas y que presuntamente han sido halladas. La procuradora general también debería asegurar que los expertos independientes que participan en las investigaciones penales realicen su labor sin interferencias indebidas, y que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a la información sobre estas investigaciones.
“En lugar de reconocer la magnitud de los abusos que ocurren en el país, la respuesta del gobierno mexicano al informe de la ONU sobre tortura fue un ataque injustificado e innecesario a un jurista ampliamente respetado”, expresó Wilkinson.
