La impunidad no es cuestión de cultura, sino de la estructura y funcionalidad del sistema que la permite y alienta, haciéndola un fenómeno multidimensional que abarca tres grandes áreas: seguridad, justicia y derechos humanos.

Esta fue la premisa a la que llegaron investigadores de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) de dicha ciudad en conferencia de prensa.

El informe, encabezado por el Dr. Luis Ernesto Derbez, Rector de la UDLAP y el Presidente Consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ), Andrea Ambrogi, presentaron los resultados del Índice Global de Impunidad (IGI), que tiene como objetivo, desarrollar líneas de investigación sobre fenómenos sociales y cambios institucionales con el fin de erradicar tal problemática.

En los resultados del IGI los países con mayor impunidad se encuentran: Filipinas, México, Colombia, Turquía y Federación Rusa. Mientras que los que poseen menor índice de impunidad son: Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro y Bulgaria.

Se analizó la información de los 193 Estados Miembros de la ONU y otros 14 territorios que generan estadísticas comparables. De los 193 miembros de la ONU, 59 países fueron incluidos en el Índice Global de Impunidad por haber contado con información estadística suficiente y actualizada.

Entre las cifras captadas para este índice se tomaron de diversas organizaciones como Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), Amnistía internacional, Instituto nacional de estadística y geografía (Inegi), entre otros.

En 134 países con membresía en las Naciones Unidas no hay estadísticas sobre seguridad y justicia que permitan una evaluación comparada

Sin embargo, los ponentes reconocieron que México y once países más (Austria, Barbados, Bulgaria, Chile, Finlandia, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Serbia) están a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia.

Países emergentes como Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Nigeria y Sudáfrica no están reportando de manera sistemática información a las Naciones Unidas en materia de seguridad y justicia por lo que resulta muy difícil compararlos con el resto del mundo, indicaron los especialistas. Por lo anterior, se encuentran fuera del índice de medición. A estos países los incluyeron en un subconjunto llamado “impunidad estadística y problemas estructurales”.

México: Policías y jueces con carga extraordinaria de trabajo

Entre las diversas problemáticas que generan impunidad en el país, se debe comenzar a atender dos dimensiones prioritarias: el sistema de seguridad y de justicia, este último muestra una deficiencia al tener casi la mitad de procesos detenida sin sentencia (46 por ciento).

“Croacia tiene 45 jueces por cada 100 000 habitantes, mientras que México tiene tan solo 4 por la misma cantidad de ciudadanos. La proporción promedio estima 17. Entonces tenemos que los jueces mexicanos están abrumados”, señala el Dr. Luis Ernesto Derbez.

En el caso de los elementos de seguridad, reconocen que se ha notado el esfuerzo de incrementar el cuerpo policiaco, ya que hay 355 policías por cada 100 000 habitantes. Cifra que se encuentra muy pegada al promedio mundial que es de 322 por cada 100 000 habitantes.

Sin embargo, en México los cuerpos policiacos tienen “extenuantes cargas laborales de 24 horas o hasta más que facilitan el debilitamiento o malas conductas de los elementos”, reiteró el rector de la UDLAP.

El Dr. Luis Ernesto Derbez adelantó que para octubre próximo presentarán un índice de impunidad por cada estado de la república mexicana para detectar los principales ejes que se deben atender con urgencia, ya que, por ejemplo, se han dado cuenta que “hay estados donde hay un ministerio público por cada 100 000 habitantes, mientras que en otros estados hay ocho. Es básico determinar el número de trabajadores que se necesitan en estas instituciones, en base a la población de cada estado”.

Por su parte el Presidente Consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ), Andrea Ambrogi, indicó que cada uno de los estados del país “debe dar mayor peso a la confianza ciudadana y a la procuración de justicia no tanto a las denuncias hechas, que es como se basan ciertos índices, porque de alguna manera muchos temen que se les tilde de ‘los estados más inseguros por ello’, aun sin tomar en cuenta los delitos no reportados (cifra negra), denuncias no procesadas o no registradas a causa de problemas administrativos”.

Los ponentes coincidieron en que México, a través del INEGI, y la ONUDD debe seguir siendo líder técnico en materia de estadísticas mundiales para poder medir los objetivos de Desarrollo Humano Sustentable de la Agenda Post 2015 de Naciones Unidas.

“No basta con crear leyes que busquen normar la conducta humana de una sociedad; es preciso contar con la certeza de que estas se van a aplicar y que aquellos que las infrinjan obtendrán un castigo. De lo contrario, los comportamientos antisociales se multiplican y generalizan”, concluyó el rector de la UDLAP.