El gobierno de Estados Unidos pidió hoy a la Corte de Apelaciones con sede en Nueva Orleans invalidar el fallo del juez de Texas, Andrew Hanen, que suspendió las acciones ejecutivas para casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.

En una audiencia que se prolongó más de dos horas y que contó con una movilización de activistas fuera de la corte, el abogado del Departamento de Justicia, Benjamin Mizer, calificó la decisión de Hanen como legalmente errónea, por lo que pidió sea anulada.

La orden de Hanen suspendió la entrada en vigor de la versión ampliada de Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) que debía entrar en vigor en febrero, así como el programa para adultos DAPA, previsto a ser implementado a partir de mayo.

Scott Keller, el abogado general de Texas, estado que inició la demanda junto con otras 25 entidades del país, argumentó que la decisión del presidente representó un abuso de su autoridad ejecutiva en un asunto que afecta a los estados del país.

El panel de tres magistrados escuchó los argumentos orales y cuestionó a ambos abogados, pero como se esperaba no tomó ninguna decisión inmediata. El proceso de análisis podría demorar varias semanas o meses.

Un grupo de jóvenes indocumentados hispanos se encontraba sentado en las primeras filas del recinto, que tuvo un cupo para un centenar de periodistas y público.

En las inmediaciones de la corte, cientos de inmigrantes indocumentados y activistas desafiaron la lluvia para celebrar una ruidosa manifestación acompañados de una banda de jazz clásico.

“No más deportaciones”, rezaba la manta de una mujer enfundada en una bolsa de plástico transparente, para guarecerse de la lluvia.

Maríaelena Hincapie, abogada del Centro Nacional de Ley Migratoria (NILC) y quien estuvo dentro del recinto, reconoció que es muy difícil anticipar cuál será la decisión de la Corte de Apelaciones.

“Hubo muchas preguntas para ambos lados, respuestas para ambos lados… las preguntas reflejaron la complejidad, lo difícil que son las leyes de inmigración y muestra que no entiende la realidad inmigrante”, dijo Hincapie.

Los cuestionamientos de los jueces abarcaron la discrecionalidad ejecutiva de los programas, si fueron un pretexto para beneficiar a la mayoría de los inmigrantes indocumentados y cuáles son las implicaciones de la presencia legal en Estados Unidos, explicó.

La versión ampliada de DACA podría beneficiar a 300 mil jóvenes indocumentados, además de los más de 600 mil que originalmente se acogieron al programa iniciado por el presidente Obama en 2012.

En el caso de DAPA, que beneficia a los adultos indocumentados con hijos que son ciudadanos o residentes permanentes, se podrían beneficiar más de cuatro millones de padres de familia, la mayoría mexicanos.

Tanto partidarios como opositores de las acciones ejecutivas han sugerido que podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia para tener la última palabra sobre la constitucionalidad de las acciones ejecutivas del presidente.