La
LVIII Legislatura del Estado de México elevó a nivel constitucional el derecho
humano a la movilidad universal, mediante una adición al Artículo 5 de la
Constitución local, con lo que se establece un marco jurídico adecuado para
superar los rezagos de la infraestructura urbana y rural, así como de los
sistemas de transporte público que limitan la movilidad de las personas y de la
población.
Propuesta por el coordinador del
Grupo Parlamentario del PAN, diputado Ulises Ramírez Núñez, el dictamen
aprobado por el Pleno en sesión del Octavo Periodo Ordinario, que preside la
diputada Elda Gómez Lugo (PRI), establece que se favorecerán acciones concretas
que permitan la movilidad, así como la accesibilidad de
personas con desventajas físicas a lugares públicos e incidirá en la
reestructuración del transporte para hacerlo moderno, eficaz, confiable y
amigable con el medioambiente.
Retoma lo dispuesto en la materia
por el artículo 11 de la Constitución federal, el cual establece que el Estado
es garante de este derecho cuya observancia atiende a los principios de
igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
De acuerdo con el dictamen aprobado
previamente por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones
y Transportes, se protege así el derecho de toda persona, sin importar sexo,
religión, raza, condición social u otras situaciones, a moverse de una forma
segura y contar con un transporte público eficaz.
Durante la votación en el Pleno,
el diputado Edgar Gerardo González Serrano (PT) justificó su voto en contra por
considerar que afecta la protesta social, por lo que solicitó consultar a la
ciudadanía respecto a las modificaciones constitucionales.
La presidencia de la Directiva
giró instrucciones para que se remita a los 125 ayuntamientos mexiquenses para
que, como integrantes del Constituyente Permanente, emitan su voto y
posteriormente la Legislatura estatal realice la declaratoria correspondiente.