El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Septién Olivares, indicó que pese al retraso en la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial, la falta de recursos no paralizará su aplicación en Querétaro, ya que el magistrado aseguró que “el acceso a la justicia es un derecho que a nadie se le puede negar”.
“La justicia cuesta y cuesta bastante, pero es un derecho fundamental que todos tenemos el acceso a ello, pero necesitamos instalaciones, infraestructura y personal”, señaló.
La aplicación de la justicia, según Septién Olivares, tiene un costo cercano a los mil millones de pesos, pero contemplan conseguir recursos federales y cumplir con la implementación de los juicios orales en la zona metropolitana de Querétaro
“Todo el sistema de justicia en el estado anda cerca de los mil millones de pesos en todo los municipios, para la justicia penal nada más”, precisó.
El titular del TSJ dijo que hasta ahora han invertido 600 millones de pesos en infraestructura de acuerdo a lo dicho por el secretario de desarrollo urbano y obras públicas.
“El sistema de justicia no se va a paralizar. Nos faltan tres municipios, que no quede duda que tuvimos todas las ganas de hacerlo, únicamente estamos adecuando las instalaciones, el personal y la logística, nada más”, indicó.
El retraso en la implementación de este esquema responde a a la necesidad de cubrir lo pedido por la legislación federal.
“Únicamente en cuestión de personal; o sea, en la designación que nosotros hacemos para el Poder Judicial es en base a los indicadores que marca la propia CETEG, no es capricho unilateral de nosotros”, comentó.