El silencio es del gobierno y de los medios de comunicación masivos. La resistencia, de la sociedad, que busca justicia. El cansancio, el hartazgo y el desgaste son mutuos. La esperanza, no. La esperanza aún mora en los corazones de los padres de los 43 normalistas que esperan encontrar con vida a sus hijos. Y la gran pregunta es si después de Ayotzinapa hay cabida para un México libre de impunidad y de fosas clandestinas.

Tras cinco meses desde que aconteció la desaparición de los 43 normalistas en Iguala de la Independencia, Guerrero, hay consideraciones pesimistas. “Se está diluyendo la protesta. El régimen está logrando sobrevivir.” David Martínez-Amador, experto en narcotráfico y profesor de la red de Universidades Jesuitas en América Latina (AUSJAL), emite tal veredicto. Su balance, que muchos apreciarán como negativo, coincide, al menos en parte, con la apreciación de varios que acudieron el pasado jueves 26 a la marcha por la novena Acción Global por Ayotzinapa: hubo poca afluencia en las calles de la capital del país y también menos presencia en las redes sociales. El desgaste es general frente a una tragedia monumental.

En ese contexto, Jesús Murillo Karam, el hasta entonces “cansado” procurador general de la república y encargado de emitir unas versiones repletas de dudas e incongruencias sobre el caso, dejó la dependencia que encabezaba desde diciembre de 2012 para sumarse a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Se fue de la PGR, eso sí, sin recibir sanción alguna, sin disculparse y faltándole al respeto a unos padres inmersos en su dolor.

Los derroteros de la protesta

En una Ciudad de México disfrazada de falsa primavera, con flores de jacaranda prematuras, se pudo sentir el hartazgo emocional e irreductible desde que ocurrió la tragedia hasta la supuesta victoria de un gobierno que ha movido las fichas del tablero con bastante torpeza. Así, importaron más los grafitis de una minoría anarquista en el Ángel de la Independencia que las peticiones desesperadas de los padres de los 43 que siguen exigiendo respuestas al gobierno de Enrique Peña Nieto. A ellos no los vence el desánimo, ni el miedo, ni el calor.

Bajo un sol infernal que derretía la fisionomía de los primeros manifestantes que llegaron puntuales a las 4 p. m. al pie del monumento de Reforma, muchos se preguntaban si se congregarían los cientos de miles de personas como ocurrió el pasado 20 noviembre en el Zócalo capitalino. No fue así. Según cifras del Gobierno del Distrito Federal, participaron aproximadamente unos 3500 manifestantes.

Los aplausos se escucharon cuando los familiares de los estudiantes se colocaron en la rotonda del Ángel con fotos gigantes de los 43. Se les notaba el desgaste en los rostros, pero también la esperanza por encontrarlos vivos. Una de las madres aseguró que seguirá buscando a su hijo todos los días de su vida, aunque no sepa si tendrá dinero mañana para hacerlo. Desconsolada, inquirió: “¿Por qué me lo desaparecieron así? Si los hubiesen encarcelado habríamos juntado los centavos para la fianza, pero no había necesidad de tanta saña”. Rompiendo a llorar, con la fotografía de su hijo sobre el pecho, gritó: “Pinche gobierno”. La residencia donde habita ese gobierno repudiado fue el destino final de la marcha del 26 de febrero: Los Pinos.

En las inmediaciones de la casa presidencial se escuchó a algunos padres de los normalistas hacer llamados para llevar su protesta al próximo proceso electoral. Una madre pidió: “Que no haya votos para nadie”. Vidulfo Rosales, representante legal de los padres incluso fue luego más lejos: “Que chingue a su madre el gobierno, este año no habrá elecciones”.

La desesperación crece a la par que la movilización sufre altibajos. Martínez-Amador considera que “hace falta articular todo ese movimiento ciudadano en un movimiento cívico bien dirigido y con liderazgos que apunten hacia algo concreto. Al no ser así, el régimen (el gobierno de EPN) está logrando sobrevivir”.

Ante la ausencia de un mando que dirija las acciones, y ante el desgaste generalizado, es difícil canalizar las protestas. “Llenar las calles, y en este caso no se han llenado, no basta para hacerle sentir a un régimen autoritario que las reglas del juego pueden cambiar. Entonces, o la oposición política real acuerpa la protesta ciudadana, o la protesta ciudadana se hace institucional, como es el caso de Podemos en España, o se queda en las calles como las abuelas de la plaza de Mayo de Argentina por varias décadas”, añade el experto, quien enfatiza que el autoritarismo que se vive en Guerrero lleva la marca del PRI y que todo México está gobernado por una narcopolítica en la sombra.

Daniel Vázquez Valencia, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), no se aventura a asegurar que el gobierno ya haya ganado, pero “sí es claro que usará con la movilización de Ayotzinapa el viejo repertorio de desgaste y represión selectiva”.

“La protesta es un desafío disruptivo que se opone al gobierno –explica–. Por ello, la protesta siempre supone restricciones de derechos de terceros. Se espera que el gobierno, por la disrupción, recupere la demanda correspondiente y le dé algún tipo de solución. En este caso, por ejemplo, la demanda es la investigación efectiva sobre qué ha pasado en general con los desaparecidos en México, y en particular, con los 43 estudiantes de Ayotzinapa cuyo paradero se desconoce”.

La estrategia de administrar la protesta

Algunos analistas consideran que uno de los principales problemas es que el gobierno ha aprendido a administrar la protesta. Así lo plantea Vázquez Valencia: “Lejos de contar con un gobierno democrático, eficiente y representativo, hoy las instituciones están secuestradas por una coalición político-económica que no mira más que sus propios intereses y se mueven bajo la lógica de la simulación, la corrupción y la impunidad. No son más que una comunidad de negocios, profundamente cerrada. De ahí la crisis generalizada de la clase política y de las instituciones gubernamentales”.

Es la tradicional estrategia de alargar y desgastar las movilizaciones sociales. Ocurrió, por ejemplo, con la estudiantil de la UNAM (1999-2000), en el caso de Atenco y durante la movilización de la APPO en 2006, en Oaxaca.

“En la medida que la protesta se alarga y estos marcos se hacen más disruptivos, la movilización pierde legitimidad y adeptos, y aumenta la probabilidad de ser criminalizada y reprimida”, agrega el experto de Flacso. “Esto está pasando con la movilización por Ayotzinapa, en donde la simulación gubernamental e impunidad en las desapariciones se pierde como demanda principal y el foco se pone en las manifestaciones y en los detenidos en ellas”.

Lo que se requiere ahora es que los gobiernos sean efectivamente democráticos y representativos, que lejos de administrar la protesta y gobernar para sus propios intereses generen una idea de bienestar general que se acompañe con la desconcentración efectiva del poder político y del poder económico. Esta es la principal incapacidad del gobierno mexicano. Para el académico, la crisis actual que se vive en México no es solo de seguridad. “Es una crisis estatal que incluye a los poderes municipal, estatal y federal y que está basada en un narcoestado y en un proyecto económico neoliberal que ha acentuado las diferencias sociales desde hace años.”

Por eso, añade, “la solución a medio plazo pasaría por establecer un Congreso Constituyente que incluya a todos los mexicanos”. La idea se está cocinando porque “es obvio que el proyecto de nación de EPN está agotado y no funciona”.

Reformar el sistema político

Ni las reformas electorales ni la transición política de 2000 (año en que el PAN sucedió al PRI tras siete décadas consecutivas en el poder), ni la llegada de nuevos partidos han acabado con una forma de ejercer el poder basado en esas viejas estructuras.

“Por eso es necesario crear el Congreso Constituyente. Sería la salida pacífica e institucional a esta crisis estatal. Lo otro sería represión generalizada o una revolución”, puntualiza Vázquez.

Martínez-Amador va más allá y propone reformar el sistema político actual, porque “si los partidos políticos están en concubinato con el narco, ¿cómo vas a formar un Congreso Constituyente? Habría que crear un México parlamentario-federal para restarle poder al Ejecutivo. Si no, solo quedan dos opciones: que la gente siga saliendo a la calle y acorrale al régimen autoritario o que se instale una fiscalía independiente con prerrogativas de Naciones Unidas para hacer justicia”.

Esta opinión la comparte Guillermo Estrada, profesor de Derecho de la UNAM: “La renuncia posible de Peña Nieto no es el mejor cauce, porque vendría otro similar, o peor. Quizá debamos aprovechar el momento, los mexicanos, para repensar el sistema de partidos, el federalismo y otras instituciones del Estado”.

Con la debida presión ciudadana internacional, el caso Ayotzinapa podría llegar a la Corte Penal Internacional. De no hacerlo, se corre el riesgo de que el gobierno mexicano siga capeando el temporal como pueda hasta que se olvide todo y surja un nuevo escándalo que tape el anterior, porque, como apunta Martínez-Amador, “navegar en época de crisis es una práctica normal de cualquier gobierno. En México, o la ciudadanía no deja de presionar, o el régimen buscará siempre cómo desviar la atención, aunque sea con la Copa de Oro de la Concacaf”. Una salida que se desvanece cuando la presión ciudadana brilla por su ausencia, como sucedió el jueves 26 en la novena Acción Global.

Podría aprovecharse la visibilidad que ha tenido el caso Ayotzinapa en el exterior. De hecho, la comunidad internacional, que tanto había elogiado al gobierno de EPN por haber logrado la aprobación de once reformas de fondo en un tiempo récord, empezó a cuestionar seriamente su liderazgo haciéndose eco de un horror que mantuvo en pie de guerra a la sociedad mexicana hasta finales de 2014.

Un gobierno que tuvo la obligación internacional de presentarse ante el Comité de Naciones Unidas de desaparecidos. Pero, aun así, como afirma David Mora, oficial adjunto de Derecho a la Información de Artículo 19 y experto en Derecho a La Verdad, “es desafortunado que el gobierno mexicano muestre su desdén –y hasta cierto punto desprecio– por la evaluación de los expertos y, con esto, abone a la situación de impunidad de todos y cada uno de los casos de desaparición forzada acontecidos en el contexto actual de narcotráfico, pero también aquellos relativos a las políticas de represión sistemática de guerrillas y movimientos sociales de décadas anteriores”.

“En estos términos, la desatención de lo recomendado por el Comité no muestra sino un notorio autoritarismo del gobierno mexicano, incluso respecto a la sociedad internacional y sus obligaciones internacionales”, puntualiza Mora.

El derecho a conocer la verdad

Ante este panorama, la Comisión de la Verdad de Guerrero (ComVerdad), con la debida fuerza institucional, podría ser la salida para orquestar el verdadero cambio que necesita México.

Aunque, como explica el experto en Derecho a La Verdad, “estas comisiones, para ser mecanismos efectivos de transición, requieren de un amplio apoyo social que incluya no solo a la sociedad civil, sino también el decidido soporte de las élites políticas y económicas, y a pesar del incremento en instituciones y leyes que protegen a víctimas, aún resulta una tarea monumental lograr protección y atención efectiva para éstas”.

El informe del Comité de Naciones Unidas sobre desaparición es importante por varias cuestiones. Primero, porque abre con el caso de Iguala y señala que la desaparición de los 43 es una desaparición forzada. Enrique González Ruiz, presidente comisionado de la ComVerdad y Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, recuerda que “la PGR intenta que el asunto quede en un homicidio múltiple, cometido por una banda de delincuentes comunes, sin participación del gobierno federal. La autoría intelectual correspondería al exalcalde de Iguala (del PRD), sin participación alguna del ejército. Tal versión es absolutamente inverosímil”.

En segundo lugar, como señala González, “el gobierno nunca ha admitido que las desapariciones sean sistemáticas ni que exista responsabilidad de los cuerpos castrenses. Y siguen sin regularse adecuadamente estos crímenes de lesa humanidad”. De hecho, los crímenes de Iguala tienen como antecedente la impunidad de la Guerra Sucia. “Los perpetradores de graves ilícitos contra el pueblo siguen en libertad y no han sido objeto de juicios y sanciones. Es importante que todo México conozca nuestro informe, para que haya conciencia de que quienes debieran servir a la población son los mismos que la han masacrado”.

A pesar de que el gobierno de EPN esté en la mira internacional debido a la gravedad de los hechos de Iguala, sigue empeñado en realizar elecciones en Guerrero y el precedente es bastante sombrío. Sin ir más lejos, la semana pasada, policías federales desalojaron a más de cuatro mil maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), que protestaban en las inmediaciones del aeropuerto de Acapulco. Resultó muerto un maestro jubilado.

Para González Ruiz es urgente que se establezca una Comisión de la Verdad a escala nacional. “Cientos de miles de víctimas tienen que recibir un mínimo de satisfacción, pues de otra forma el país se hunde cada día en la descomposición. Ya nadie cree en los políticos, del color que sean porque están cargados de descrédito”.

Esperanza y paciencia

Cabe preguntar si las familias de los estudiantes y de los miles de desaparecidos en México pueden seguir abrigando esperanzas.

Al respecto, el presidente de la ComVerdad dice: “¿Esperanzas? Todas, ya que si algo han aprendido los pueblos de entidades federativas duramente golpeadas y en manos de caciques, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, es a resistir, a tener paciencia y resistir. Por eso, los estudiantes de las normales rurales o los propios padres de familia seguirán resistiendo, pese a que hoy los medios masivos de comunicación ya no cedan espacio y pongan su principal interés en las elecciones por venir”.

Ernesto Castañeda, defensor de derechos humanos de Veracruz que ha acompañado a los familiares de los normalistas, cuenta que ha sentido en carne propia todo ese dolor por las ausencias. “Desde aquel día, las familias de los 43 estudiantes no han cesado de buscarlos y de exigir que las autoridades encargadas de impartir justicia cumplan con su deber”. Durante estos cinco meses, Castañeda ha visto cómo los padres sobreviven a la incertidumbre de no saber el paradero de sus hijos y cómo sufren al saber que fueron desaparecidos por las mismas personas que le quitaron los ojos, todavía estando vivo, a Julio César Mondragón, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa. Los ha visto sacar fuerzas de donde no las hay, acudiendo a marchas por todo el país. Y es que México lleva diez años en guerra, con más de 130 000 muertes y más de 22 000 desapariciones.

“Sabemos que las policías son capaces de secuestrar y asesinar por igual a los migrantes centroamericanos que a los estudiantes indefensos, que el ejército ha ejecutado extrajudicialmente, que los funcionarios se empacan millones de pesos con desvíos de recursos y que la mayoría de los mexicanos miramos esto impávidos y mantenemos ese silencio incómodo de quien sabe que algo está mal, pero no sabe cómo cambiarlo”, comenta Castañeda.

Han pasado 45 años desde que el abuelo de Cutberto Ortiz (uno de los estudiantes desaparecidos) salió de su casa para no regresar nunca. Su pecado: ser amigo del profesor Lucio Cabañas. Hoy, gracias a la ComVerdad de Guerrero, se sabe que el ejército mexicano cometió desaparición forzada para desactivar la guerrilla activa en ese estado.

No sabemos cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que se castigue a los responsables de la tragedia de Ayotzinapa. El desgaste emocional consume las energías vitales de cualquier sociedad, máxime si entre sus miembros está enquistada la idea de que, pese a ser un gran pueblo, este está dirigido por un gobierno corrupto para quien el petróleo vale más que un ser humano. Y es que en un país donde las víctimas esperan que llegue una justicia enmohecida por la falta de uso, tiene que vencer la resistencia. No el silencio.

CRONOLOGÍA DEL CASO: