Cuando el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, presentó el pasado 27 de abril el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, el cual incluía una partida de 1088 millones de pesos para la construcción de un puerto aéreo en Hidalgo, tenía cerca de un año que el gobierno federal conocía la inviabilidad de este proyecto, pues los resultados de los estudios de factibilidad elaborados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) determinaban que en el Valle de Tizayuca no debía construirse ningún complejo de este tipo, ya que generaría múltiples conflictos.
Sin embargo, la Federación mantuvo la propuesta e incluso destinó esta partida para lo que sería su primera etapa.
El proyecto fue desechado por falta de infraestructura carretera en territorio hidalguense, por el aumento que generaría a la contaminación, por incompatibilidad aeroespacial con la Base Aérea Militar de Santa Lucía, porque la ubicación del terreno estaba cerca de una zona montañosa que ocasionaría maniobras inseguras, y por ser, únicamente, una solución parcial para la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Incluso, entre los señalamientos en contra estuvo que algunas rutas de aproximación pasarían sobre la zona arqueológica de las Pirámides de Teotihuacán, por lo que el ruido de las aeronaves, así como la molestia visual, podrían causar problemas. Lo anterior lo especifican los resultados de los estudios realizados por ASA, obtenidos a través de la Ley de Transparencia Gubernamental.
Y después de dos décadas dan negativa
Tras casi 20 años de espera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio en septiembre pasado al gobierno del estado una respuesta definitiva a la propuesta de erigir un aeródromo en los límites de Zapotlán y Villa de Tezontepec, la cual presentó desde 1995 el entonces mandatario estatal Jesús Murillo Karam, hoy procurador general de la república.
Como candidato por la Coalición Unidos por México (PRI-PVEM), Enrique Peña Nieto comprometió este proyecto de aviación como una solución al déficit de servicio que tiene el Aeropuerto Internacional la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez, y lo firmó como su compromiso 79 ante la fe del notario Martín Islas Fuentes el 20 de mayo de 2012; sin embargo, los estudios que hizo el gobierno federal revelaron la inviabilidad de establecer dicho complejo aeroportuario en esta región.
La primera observación de ASA durante la elaboración de su análisis, el cual llevó a cabo de agosto de 2012 a abril de 2013, fue que en los límites del sitio propuesto —que tiene forma rectangular y es bastante plano y seco, además de que es utilizado actualmente para fines agrícolas—, están definidos por la vía del ferrocarril y varias montañas hacia el este, la carretera a Pachuca hacia el oeste y líneas de energía eléctrica y un camino secundario hacia el sur. Además, al oeste, más allá del pueblo de Zapotlán de Juárez, al igual que hacia el norte, existen elevaciones montañosas prominentes, lo cual no es idóneo para erigir el complejo.
Los especialistas de ASA expusieron que si se llegara a construir ahí un aeródromo alterno al del Distrito Federal, quedaría a una distancia mayor a la que presta servicio (DF) que cualquier otro aeropuerto importante en el mundo, pues el promedio de distancia es de 25 a 30 kilómetros, cuando de ahí hasta el Zócalo capitalino hay un tramo de 73 kilómetros. Aunado a ello, especifica que de mantener este proyecto hubiera sido necesario ampliar la autopista a Pachuca, así como “mejorar vialidades para disminuir los tiempos de traslado y considerar muy especialmente los tapones de tránsito en Insurgentes Norte (Indios Verdes) y la salida a la capital hidalguense”.
Otro aspecto es que la “alternativa Tizayuca” consistía en la operación simultánea de dos aeropuertos (el de Hidalgo y el DF), esto complicaría la logística de las aerolíneas, e incluso ASA vaticinó que era posible que se crearan problemas internacionales para México “cuando las aerolíneas extranjeras compitan con sus pares mexicanas por derechos de operación en el puerto preferido”. Esto, añade, ya ha sucedido en otros países.
Asimismo, “su operación causaría problemas logísticos importantes de toda clase. Además, su activación implicaría necesariamente el cierre de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, la más importantes del país, la cual tendría que ser reubicada”.
Por este problema de compatibilidad aeroespacial, y por las elevaciones del terreno en Zapotlán, existían lo que la dependencia denomina como “alturas de decisión” muy elevadas, las cuales provocarían una menor capacidad aeroportuaria global, operaciones menos confiables y mayores cargas de trabajo para los pilotos y los controladores causadas por aproximaciones frustradas.
Además, la ASA observó que como el AICM y el alterno en el Valle de Tizayuca no están alrededor de la periferia de la Zona Metropolitana del Valle de México, sino que ambas están al noreste, las áreas en el sur del Distrito Federal quedarían, en algunos casos, a más de 100 kilómetros del aeropuerto de Hidalgo, por ello la contaminación automotriz y el tiempo de traslado aumentaría significativamente debido a las grandes distancias y a las transferencias aeroportuarias.
“Un aeropuerto en el sitio Hidalgo tendría desventajas significativas, no obstante que su operación es factible. En particular, preocupan la distancia del centro de la ciudad de México y su interferencia con las operaciones de la Base de Santa Lucía, además del hecho de que tendría que operar conjuntamente con el AICM existente, causando problemas logísticos importantes de toda índole a las aerolíneas, a los pasajeros y a los prestadores de servicios”, resumió ASA en un documento en poder de este medio.
Exigen conocer destino de recursos
En su primer informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que estaban en marcha los estudios de factibilidad para el aeropuerto de Tizayuca. A su vez, el 27 de abril de 2014 incluyó en el Plan Nacional de Infraestructura 1088 millones de pesos para una primera etapa de su construcción; no obstante, a esta fecha ya tenía cerca de un año que la Federación conocía la inviabilidad del proyecto, según los estudios proporcionados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares a este medio en respuesta a una solicitud de información.
Ese dinero, según el secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Hidalgo, Alberto Meléndez Apodaca, podría ser redireccionado para “obras que contribuyan a consolidar Tizayuca como un nuevo polo de desarrollo industrial”, y descartó que, tras la negativa para construir un proyecto aeroportuario de cualquier índole en esa región, este monto sea utilizado para la reubicación del aeropuerto Guillermo Villasana ubicado en la zona conurbada de Pachuca, cuyas condiciones de seguridad han ido en detrimento en los últimos años.
Por su parte, los diputados locales Juan Carlos Robles Acosta, del Partido Acción Nacional (PAN), y Luciano Cornejo Barrera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anticiparon que pedirán a la federación que esclarezca el destino de estos recursos, pues temen que exista malversación.
“Vamos a chequear a dónde se va, y con qué finalidad, esa cantidad, porque ya no llegó a Hidalgo, ni a Tizayuca. Si el gobierno federal no cumple su palabra por lo menos que le dé transparencia al uso de los recursos”, comentó Robles Acosta.
Añadió que el nuevo aeropuerto internacional “prácticamente está obedeciendo a intereses de partido, a intereses cupulares, en concreto del grupo mexiquense de Atlacomulco, por eso se escogió Texcoco que no tiene las condiciones adecuadas al ser una zona federal de reserva”.
Más en contra
ASA analizó que una preocupación, aunque “secundaria”, es que los mínimos de algunos procedimientos de aproximación del aeropuerto de Tizayuca tenderían a ser restrictivos cuando se presentaran condiciones de visibilidad reducida. “Cuando opere con dos pistas simultáneas la capacidad podría reducirse hasta en un 50 por ciento. En Santa Lucía la niebla baja es algo que ocurre comúnmente”.
Concluye que aunque el de Hidalgo tuviera, al completar todas sus etapas, cuatro pistas paralelas, solo sería una solución del problema de saturación a mediano plazo, máximo 20 años: “Si se llegara a esta situación, en algún momento, ninguna solución nueva en el valle de México sería factible y se tendría que planear y construir un tercer aeropuerto en un sitio sumamente distante”.
Agrega que para resolver el problema a largo plazo (50 años o más) es mejor un solo gran aeropuerto eficiente, “que dos funcionando simultáneamente”.
Opiniones negativas
Además de estas observaciones que realizó ASA, solicitó la opinión de la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), quien dijo que la operación de dos aeropuertos, donde la AICM ofreciera, por ejemplo, la operación doméstica, y el aeropuerto de Hidalgo la operación internacional, provocaría la pérdida de conexiones entre México y los destinos internacionales, provocando muchos millones de dólares en pérdidas anuales.
Agregó que si los dos aeropuertos fueran internacionales, mantenerse en el AICM daría una ventaja competitiva a las aerolíneas que permanecieran en él. En general, afirma, las aerolíneas se resistirían a operar en el aeropuerto sustituto. Incrementarían, igualmente, costos de operación.
Sin embargo, aunque el gobierno federal conocía todos estos motivos etiquetó recursos para esta construcción, la cual, hasta tiempo después, desecharía sin especificar el destino final del presupuesto. Incluso, el 19 de noviembre de 2013, al inaugurar la presa El Yathé en Alfajayucan, Hidalgo, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que este y el resto de compromisos que firmó con dicho estado se iban a cumplir.
Mientras tanto, en el predio El Barco, ubicado en la zona federal del lago de Texcoco, en octubre pasado fueron desalojadas cerca de 100 familias por unos 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, quienes destruyeron 60 viviendas porque en esta periferia se erigirá el nuevo aeropuerto, que costará 120 000 millones de pesos, el cual estará a cargo del exgobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, uno de los principales impulsores del proyecto en Tizayuca.
Esta zona es hogar de diversos ejemplares de mamíferos, anfibios y aves, según los estudios de impactos ambientales de los aeropuertos de Texcoco y Tizayuca que en 2001 realizó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual también especifica que se debe mantener el lago Nabor Carrillo y otros lagos para no afectar el hábitat de sus especies.
Además, para hacer realidad este complejo, para el cual el gobierno federal dispone de 12 500 hectáreas en la zona contigua del AICM, también se repiten problemas técnicos que ASA exhibió con Hidalgo, entre ellos la necesidad de operación de dos aeropuertos de forma simultánea, la obligada reubicación de la Base de Santa Lucía, además de los posibles daños al ecosistema del Lago de Texcoco.
