Se estima que el 70 por ciento de los municipios de México operan bajo la presión de la delincuencia organizada.
¿Qué tan corrompido está realmente el Estado y sus instituciones? Probablemente es una pregunta que la mayoría de la población se está haciendo a la luz de los hechos trágicos en Guerrero. Para entender esta cuestión se pueden plantear distintas explicaciones, pero en esta ocasión la abordaremos a partir del calamitoso fenómeno de la infiltración del narcotráfico en las policías municipales. Resulta que sus causas terminan por explicar, en buena medida, el grado de descomposición social que vivimos.
La semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto, reafirmando lo antes dicho por el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, admitió que el narcotráfico se había infiltrado en las fuerzas policiacas de Guerrero. Declaró ante esto que, de ser comprobado “con investigaciones de inteligencia”, intervendrían fuerzas federales en los municipios más afectados. En efecto, el despliegue de la Policía Federal y el Ejército en 12 municipios de Guerrero (además de Iguala y Cocula) y uno más en el Estado de México, es evidente e inquietante.
Sin embargo, estas acciones —limitadas y temporales— no dejan de traer a colación más y más problemas a los que se enfrentan las policías municipales. Newsweek en Español consultó a Antonio López Ugalde, experto en procuración de la justicia penal, seguridad pública y derechos humanos, para desentrañar las raíces de la infiltración del narcotráfico en las fuerzas públicas locales y algunas medidas que deben tomarse para reparar este fallido eslabón de la justicia.
¿Por qué en Guerrero?
Si bien este fenómeno ha permeado la mayoría de los estados del país, los hechos violentos que hemos presenciado en el caso específico de Guerrero no son aislados en absoluto, sino más bien una manifestación del deterioro prolongado que ha sufrido la entidad durante varias décadas. Las razones provienen de ambos “bandos”. Por un lado, esa región del país se ha vuelto clave para los grupos que trafican droga, que mantienen una abierta y salvaje disputa por el territorio. Y por el otro, los factores históricos que han hundido a la entidad en la pobreza y en la corrupción por parte de una incompetente administración gubernamental.
Entre las razones que enlista Antonio López Ugalde se encuentran “la añeja exclusión y la marginalidad a la que se ha sometido el territorio, y otros tantos especialmente en el sur del país, así como la exacerbación del ambiente político y la lucha por el poder”, y agrega, “con el propósito de controlar los recursos económicos, las clientelas políticas y de garantizar las condiciones para la continuidad de prósperos negocios ilegales”.
¿Por qué al narco le es tan sencillo infiltrarse en las policías municipales?
Históricamente los municipios se han visto atenidos a los pocos recursos, y franca desidia, de los niveles de gobierno a los que está sometido. Las administraciones municipales se han limitado a recoger la basura y a mantener un registro civil funcionando porque la forma en que la gestión municipal está organizada es lo poco que permite. No hay recursos ni esfuerzos suficientes (de ningún tipo) para fortalecer las instituciones, léase, la Policía.
En el país hay más municipios pobres que de ningún otro tipo, y pareciera que, al mando de presidentes municipales que más bien son una figurilla decorativa, están condenados a seguir viviendo en la pobreza y en la violencia. Iguala es solo un ejemplo de la situación que viven miles de municipios mexicanos, en donde los recursos nunca llegan a lo realmente importante, mucho menos a su raquítico sistema de seguridad pública.
Dicha situación ha resultado en policías municipales malogradas. Los reclutados para estas provienen de sectores evidentemente descompuestos, que reciben poca o nula capacitación, carecen de equipamiento adecuado y cuyo desempeño jamás es evaluado.
“La metástasis criminal que afecta a las policías municipales (y la ola de violencia de Estado en la que se manifiesta), se debe de manera subrayada al deterioro de las instituciones de Policía”, las cuales, explica Ugalde, “están afectadas, especialmente en lugares como Guerrero, por problemas como el bajo nivel salarial de los agentes, su deficiente capacitación, la falta de estrategias claras y consistentes de acción. También influyen la ausencia de parámetros para el uso de la fuerza y las armas de fuego, el pésimo equipamiento y la inexistencia de un servicio civil de carrera confiable”.
Por último, destaca el experto, de entre una larga lista de errores, están “la falta de sistemas efectivos de evaluación de desempeño que se traduzcan en medidas congruentes de ajuste y la baja calidad de las bases de datos para el trabajo preventivo”.
Los factores anteriores (derivados de sí mismos) explican en buena medida por qué que el narco ha encontrado un ambiente ideal para corromper al ya de por sí débil cuerpo policiaco y generar con ellos una relación de intimidación o complicidad que sirva a sus tóxicos propósitos. Cuando un policía mal capacitado se enfrenta a un poder como el de los grupos de delincuencia organizada, que operan en muchos estados del país, no tiene cómo hacer frente a ellos, por más honorable que fuere, dado que el narcotráfico ha optado por pagarle por su complicidad o por amenazarlo si no opera con ellos.
¿Y el CISEN?
En todo este fenómeno tampoco se ha visto una clara acción por parte de las instituciones de inteligencia nacionales. En especial si consideramos que esta infiltración no es reciente ni fortuita, por lo que preguntamos al experto en dónde ha quedado la labor de organismos como el CISEN todo este tiempo y si no se pudo haber atacado o evitado el grave desenlace en Guerrero.
“Puesto que el problema no es aislado sino sistémico y estructural, está de tal modo extendido en el país que las instituciones de inteligencia como el CISEN no podrían, ni actuando eficazmente, prever en todos los casos episodios como la desaparición de los estudiantes.
“Sin embargo, en el caso concreto de Iguala, el aparato de inteligencia federal no parece haber actuado en consecuencia con la información que, según los reportes del caso, poseían las autoridades de los distintos niveles sobre el entorno en el que ocurrieron los sucesos señalados”.
A nivel nacional
“Se ha estimado que alrededor del 70 por ciento de los casi 2500 gobiernos municipales de México podrían estar operando bajo la presión o amenaza de grupos de la delincuencia organizada, sometidos parcialmente a ellos bajo la forma de pactos, o incluso, en franca complicidad o capturados por la delincuencia”, asegura Antonio López Ugalde.
De acuerdo con el especialista, en el nivel macro “el poder económico generado por el mercado negro permite no solo pagar a miles de jóvenes reclutados por las organizaciones criminales, sino comprar complicidades y voluntades en las distintas esferas de gobierno.
“A todo ello hay que sumar las deficiencias en el sistema de justicia penal, incapaz de actuar con eficacia en el grueso de los casos en los que los mandos y los agentes de la policía son señalados como autores de delitos”. Muchos de estos problemas no son, por supuesto, exclusivos de las policías locales, lo que obliga a tomar con cautela los modelos centralizadores que se vienen impulsando.
En cuanto a las medidas que deben tomarse, se tiene que aclarar, antes que nada, que las acciones de despliegue que ha decretado el Presidente tienen consecuencias, si acaso, a muy inmediato plazo y no resuelven de fondo la preocupación real.
“Mientras no se avance en revertir las condiciones institucionales señaladas, de poco sirve desplegar agentes o tropa a las regiones en conflicto o crear las denominadas ‘autodefensas’ auspiciadas por el propio Estado. Son medidas limitadas que acaso pueden tener un efecto temporal y de percepción.
“Esto explicaría cómo en entidades como Michoacán y Tamaulipas no se observa un avance sustancial en la consolidación de las instituciones y el estado de derecho, sino quizás una paz forzada y artificial que difícilmente podrá ser duradera”, afirma López Ugalde.
Las ya mencionadas deficiencias solo pueden empezar a superarse con ciertas medidas entre las que el experto destaca: “Reconceptualizar la Policía centrando su labor en la persona humana y sus derechos y no en categorías abstractas como la ‘seguridad del estado’; crear vínculos efectivos de la Policía y sus miembros con la comunidad; transparentar su administración y desempeño permitiendo el monitoreo ciudadano; desmilitarizar la Policía; dar un giro al perfil ‘reclutable’ del policía, estimulando la incorporación de jóvenes provenientes de sectores que no suelen ver el ingreso a esa institución como una alternativa atractiva; hacer de los sistemas de disciplina y control interno herramientas eficaces para sancionar las conductas ilegales de los agentes y no meros trámites de simulación que favorecen el encubrimiento; por último, impedir mediante candados efectivos el uso político y partidista de las instituciones de seguridad y de justicia penal”.
Nos explica López Ugalde, quien es miembro de la Red de Especialistas en Seguridad Pública y del Consejo Asesor del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que “el resultado del crecimiento del poder criminal es que en la misma medida se ha debilitado el Estado e intensificado la crisis de gobernabilidad democrática en diversas regiones”.
Nuestro consultado termina por relatarnos algo que el economista Milton Friedman señaló hace tiempo: el continuar por el mismo camino en el tema de las drogas no solo causaría una enorme cantidad de víctimas y la corrupción del sistema legal, sino que pondría a la sociedad en riesgo de perder su libertad.
Es palpable que ya hemos llegado hasta ese punto. Con una enorme cantidad de víctimas, las más recientes en Ayotzinapa, con una infiltración del narcotráfico que echa raíces en más y más esferas públicas, y con la figura fallida que es el municipio. El problema de la infiltración del narco en los cuerpos policiacos es tan solo la última manifestación de una complejidad que significa el fracaso del estado en su conjunto. Parafraseando a Shakespeare, se teme que “Algo está podrido [y no precisamente] en el Estado de Dinamarca”.
