El saldo de la batalla insurreccional  tatuada en Guerrero incluye muertos,  desaparecidos,  cadáveres, terrorismo de Estado…

¡Bienvenidos al estado de Guerrero! Economía estancada con un 0.5 por ciento de crecimiento a tasa anual, niveles de violencia que colocan a la entidad como el vigesimosegundo territorio más inseguro del país, 2 millones 440 000 personas en estado de pobreza al cierre de 2012 y un diplomático polvorín que augura el fin de la credibilidad depositada sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El despiadado meollo nos remonta al pasado viernes 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de aproximadamente 150 estudiantes y maestros de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” arribó a la cabecera municipal de Iguala con el propósito de participar en la marcha conmemorativa de la matanza estudiantil del 2 de octubre en la ciudad de México.

Algunos medios reportan que los normalistas realizaron un “boteo” (colecta) para financiar su viaje, aunque paralelamente se informa que los miembros del alumnado se hicieron con el control de tres autobuses, una camioneta Urban y un vehículo compacto a fin de perpetrar “un escape” hacia la capital del país. Sea como fuere, en punto de las ocho de la noche, el convoy se dirigía rumbo a la autopista que comunica a Iguala con Chilpancingo, donde fueron interceptados por elementos de la Policía Preventiva Municipal que les marcaron el alto y abrieron fuego.

Cuatro horas más tarde, y en plena rueda de prensa para denunciar la “operación masacre”, un grupo de presuntos civiles armados atacó nuevamente a la multitud estudiantil. El saldo: seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.

Trueque, cinismo e impunidad

Casi dos semanas después, la magnitud mediática en torno al “Caso Ayotzinapa” involucra seriamente a los poderes del sureste de México y su vinculación con las organizaciones delictivas: el propio gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, es sospechoso; el director de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Valladares, es indicado como el responsable del operativo de exterminio; y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, está prófugo.

Es probable que se hagan rodar algunas cabezas como chivos expiatorios… pero lo que no se vislumbra como posible es que la investigación, calificada como “caótica y hostil” por Amnistía Internacional (AI), ofrezca resultados contundentes; esto luego de que se hallaran al menos nueve fosas clandestinas en el estado, donde presumiblemente se encontrarían los cuerpos de los estudiantes plagiados.

En un comunicado, el organismo con sede en Europa destacó que las autoridades responsables de la indagatoria han obstaculizado el trabajo de los peritos internacionales. “Las familias de los estudiantes desaparecidos continúan sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil”, subraya AI al añadir que tanto “la falta de sensibilidad, cortesía y respeto” por parte de los agentes del Ministerio Público hacia las víctimas, como la “deficiente exhumación de los restos humanos encontrados en las primeras seis fosas, dificultará las pruebas de identificación de los cadáveres”.

En ese sentido, es de mencionar que la Fiscalía de Guerrero admitió necesitar hasta dos meses para determinar la identidad de los cuerpos hallados en las “narcotumbas” a partir de un examen genético forense. Eso sí, del otro lado del mundo no se requirieron ni dos semanas para que los miembros del mismísimo Parlamento Europeo se manifestaran “profundamente consternados” por los hechos ocurridos en el estado de Guerrero, de manera que ya han solicitado la “suspensión indefinida” del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea “hasta poder reconstruir la confianza con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos”.

El documento, también denominado Acuerdo Global, se encuentra vigente desde el año 2000 y ha trazado desde entonces un marco para fortalecer las relaciones en los ámbitos de diálogo político, comercio y cooperación entre la tierra azteca y el viejo mundo, lo que en conclusión se traduce en un intercambio comercial de, por lo menos y conforme a la Secretaría de Economía, 50 000 millones de dólares anuales.

¿Será este el deudo genuino de Ayotzinapa?

Semillero de “agitadores”

Fundada en 1926, la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa se proyectó como una institución formadora de maestros rurales de primaria (con posibilidad a enfoque intercultural bilingüe en la actualidad) y profesores especializados en educación física, dando alojamiento, cobijo y manutención a los campesinos más pobres del sur del país en un intento por construir una plantilla de docentes que garantizara el derecho popular de la educación en el México posrevolucionario (cuando el 66.2 por ciento de la población no sabía leer ni escribir y el cuerpo académico era inferior a los 2000 catedráticos).

Tal como reseña el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América (IEESA) en su informe titulado “La formación docente en México: 1822-2012”, todas las instituciones normalistas (incluidas la Rural de Ayotzinapa y la otra quincena de “organismos hermanos” aún existentes en México) surgen como un proyecto para atender la rápida explosión demográfica en espacios rurales, “logrando difundir nuevas ideas en el campo respecto a la transformación de la estructura agraria del país y apuntalarse como una cruzada en contra del analfabetismo”.

“El maestro enseñaba lo mismo a leer y a escribir que a hacer jabón o carpintería”, destaca el IEESA al exponer que, durante la década de 1930 y bajo el período presidencial de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), las normales incorporaron la idea de la educación socialista en su currículum académico (el cual aún sostiene la “Raúl Isidro Burgos”). Vaya, se pretendía dar a los mexicanos un “sentido de país” en lo que ya es catalogado como un error y figura del milagro leninista en un contexto histórico y global que, sin embargo, resultaba propicio.

Desde entonces, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se ha mantenido en un estado constante de tensión con el gobierno mexicano. En 1941, el gobierno de Manuel Ávila Camacho divulgó que los estudiantes normalistas habían agraviado a la bandera nacional al sustituirla por la bandera rojinegra de la huelga estudiantil, provocando el arresto de becarios y docentes. En 1975, la institución fue tomada por el Ejército por el secuestro de Lucio Cabañas en contra de Rubén Figueroa, en ese entonces gobernador de la entidad.

Fogonazos del nuevo milenio

Error, horror y terror… esa siempre fue, es y será la relación entre normalistas y gobiernos, tal y como se retrata desde noviembre de 2007 en un pintoresco crisol de revoltijos ideológicos…

Resultado de los desaciertos respecto a la implementación de los planes de estudio y a cifras apócrifas proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública (donde se advierte que de 1984 a 1991 la matrícula de estudiantes para profesores de educación primaria se desplomó en un 36.75 por ciento), el gobierno estatal de Guerrero intentó reformar la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, esto con el argumento de que era imposible seguir financiando el internado de estudiantes y que era necesaria la readecuación de la currícula.

Los normalistas reventaron y salieron a las calles, donde causaron daños a propiedad privada, protagonizaron la toma del Congreso estatal y destrozaron el inmueble por completo. Con 40 estudiantes detenidos, las autoridades finalmente “desistieron” en su intento por acabar con la casa de estudios y reformarla. Desde entonces, los maestros y estudiantes de Ayotzinapa inician con un paro anual de actividades en noviembre, cuando exigen al gobierno mejoras alimentarias, renovación de las instalaciones, ampliación de la matrícula y la revisión del monto de 35 pesos diarios asignados a la dieta de los internos.

Al no tener una respuesta “clara”, los normalistas y agitadores toman las calles de Chilpancingo y cierran la autopista México-Acapulco en espera de un arreglo parcial que termine por contener, nuevamente, el estallido que ya es toda una tradición. Pero 2011 fue un año diferente: miembros de la Policía Federal, estatal y municipal dispersan a la muchedumbre a base de disparos, provocando la muerte de dos jóvenes indígenas.

Inmediatamente, la prensa nacional difunde videos que ponen en evidencia los claroscuros del enfrentamiento del conflicto en general: mientras que el empleado de una gasolinera sufre quemaduras en su intento por evitar la explosión del inmueble (previamente siniestrado por supuestos estudiantes), también se detecta que aproximadamente una docena de personajes vestidos de civil dispararon a quemarropa en contra de manifestantes y normalistas. Las autoridades ponen a todos los implicados posibles bajo arresto domiciliario mientras investigan “quién le pegó a quién”.

El terror es horror, pero el error también ha sido un teatro que se refrenda, se redobla y se repite para los normalistas desde hace casi medio siglo, y aunque algo huele a podrido en el camino hacia las fosas de Guerrero, el “ritual del hilo negro” por fin se ha convertido en “sacrificio de estudiantes”.

Los perfiles: quimeras de una crisis profunda

Con el hallazgo de nueve fosas clandestinas en las afueras de Iguala, las sombras de un caso donde la mezcla de demandas estudiantiles y venganzas entre políticos hicieron un coctel explosivo con tres personajes en la madeja, quienes (literalmente) pecan de pensamiento, obra y perversión.

José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala:

Sombrerero de profesión, acomodado latifundista, próspero empresario y joyero oportuno, José Luis Abarca forjó entre 1992 y 2011 un “modesto” patrimonio que incluye, al menos, 19 propiedades reconocidas ante el Registro Público de la Propiedad del estado de Guerrero: casas en fraccionamientos residenciales, terrenos en Cocula, predios para el cultivo y los 40 000 metros cuadrados que conforman la plaza Galerías Tamarindo (considerado uno de los centros comerciales más importantes de la región sureste del país).

Es en 2011 cuando, gracias a la liquidez monetaria que ya era reconocida por los 140 000 habitantes del “pueblo de Iguala”, el joven Abarca decide coquetear con el PRI y el PRD para ser postulado como candidato a la presidencia municipal. Finalmente, se decide por la fórmula integrada por el sol azteca y el partido Convergencia, demostrando en sus recorridos por las colonias populares de la ciudad que puede ofrecer “muy buenas despensas”.

Arrasa el 1 de julio de 2012 con 21 546 votos; sin embargo, el marcado abstencionismo del 45 por ciento prometía “abreviar” sus dominios políticos… Lástima que no contábamos con su esposa, la señorita María de los Ángeles Pineda.

Desde que el matrimonio logró instalarse en el palacio de gobierno, medios nacionales reportaron cómo los estados de Guerrero y Morelos vivían un supuesto acrecentamiento en la presencia del grupo criminal Guerreros Unidos (considerada una escisión del cartel de los Beltrán Leyva). Para 2013, el Informe sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos en México (elaborado por la ONU) contabiliza al menos 37 miembros de agrupaciones políticas, sociales y ecológicas asesinados en Guerrero, así como la desaparición forzada de “un sinnúmero de dirigentes”.

Destacan nombres como Arturo Hernández Cardona (líder del grupo social Unión Popular), Raymundo Velázquez Flores (presidente de la Liga Agraria Revolucionaria Emiliano Zapata), Rocío Mesino Mesino (dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur) y Luis Olivares Enríquez (titular de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande), quienes tras denunciar el clima de violencia perviviente en la región o entrevistarse con el edil para solicitar apoyos al campo, vivían el calvario del plagio y la tortura para aparecer asesinados al borde de la carretera.

“¿Qué tanto estás chingando con el abono? Me voy a dar el gusto de matarte…”, resuenan las palabras del alcalde en una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Guerrero en octubre de 2013. Sí, son palabras del presidente José Luis Abarca Velázquez quien, presuntamente, habría asesinado a alguno de sus rivales de un escopetazo en la cara.

A un año de abrirse la averiguación previa y aún sin resultados, las autoridades jurídicas del estado “no descartan absolutamente ninguna línea de investigación”.

María de los Ángeles Pineda Villa, primera dama del municipio de iguala:

Según un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), los estudiantes de la normal de Ayotzinapa habrían sido asesinados por sicarios del cartel de Guerreros Unidos, cuyo jefe de plaza en Iguala es Salomón Pineda Villa, el Molón, y trabaja bajo las órdenes del alcalde José Luis Abarca.

¿Relación? Cuñados. ¿Nexo? María de los Ángeles Pineda Villa.

Y es que, como por arte de magia, luego de que el matrimonio integrado por José Luis y María de los Ángeles se diera a la fuga tras el incidente con los normalistas de Ayotzinapa, tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como su fracción Nueva Izquierda y la plantilla Izquierda Democrática Nacional han puesto a disposición del público pruebas de que, desde 2012, se encontraba podrida la casa de gobierno… pero eso sí, nunca las entregaron ante la Procuraduría General de la República.

“Gracias a los nexos de su esposa, suegra y cuñados, José Luis Abarca Velázquez pudo levantar en pocos años una fortuna considerable”, establece el documento con fecha del 1 de octubre pasado, donde se destaca que el alcalde “logró sobornar a las dirigencias estatal y nacional del PRD, a través de diversos mecanismos, como la entrega de dinero en efectivo y apoyos en especie destinados a la operación de dichos comités” para lanzar su candidatura a la presidencia municipal de Iguala.

El Cisen reporta asimismo que “el escarmiento” a los normalistas se dio para impedir que protestaran en un evento de María de los Ángeles Pineda, quien, como presidente del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), rendiría un informe de actividades en la plaza de armas y “buscaba desde hace al menos cinco meses ser postulada como candidata del PRD a la presidencia municipal en los comicios del 2015”, esto previo a ser electa como consejera estatal del sol azteca, lista para tomar posesión del cargo el próximo 19 de octubre.

Es de mencionar que, conforme a la PGR, a María Pineda Villa se le vincula como hermana de Marco Alberto, el MP, y Marco Antonio, el Borrado, Pineda Villa, presuntos miembros del clan de los Beltrán Leyva y quienes fueron asesinados en 2009 por una presunta traición a los dirigentes del cartel.

Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador del estado de guerrero:

De férrea militancia priista, la carrera de Ángel Aguirre se remonta a principios de la década de 1980, cuando su naturaleza “ecuánime, conciliadora, proteccionista” y un conjetural apadrinamiento tricolor le permitió eternizarse en las diversas secretarías generales del estado de Guerrero (Comercio Industrial, Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Económico, entre otras) hasta alcanzar dos diputaciones federales, una senaduría por parte del PRI, la presidencia estatal del organismo político y el gobierno interino en 1996.

Para 2010, el también apodado Cacique de Costa Chica decide ocupar nuevamente la silla del poder Ejecutivo y se destapa para una histórica contienda, no obstante, el Revolucionario Institucional designa a otro candidato rumbo a la cabecera de Chilpancingo. Camaleónico como muchos, Ángel Aguirre renuncia a su militancia, a su escaño en el Congreso y cambia de escudería bajo el pretexto de una “candidatura que va más allá de los partidos”.

Gana el gobierno de Guerrero en enero de 2011, con el 55.92 por ciento de las preferencias electorales… y apenas ocho meses dentro del PRD.

Desde entonces, su mandato no ha estado exento de escándalos: 38 de sus familiares colocados en la nómina del estado, 30 muertos en las tormentas Manuel e Ingrid y ahora 43 estudiantes normalistas desaparecidos le han permitido cosechar el mote del “Señor de las Matanzas”.

En ese sentido, Ángel Aguirre busca redimirse con una recompensa de un millón de pesos para todo aquel que provea información para dar con el paradero del alumnado evanescente, ha puesto tras las rejas a 22 policías preventivos del municipio de Iguala y se dice dispuesto a someterse a una consulta ciudadana que determine su permanencia o separación del cargo.

 @ElJovenRubio