Entre la competencia de mercado y el respeto a los derechos humanos.
Las Reformas Constitucionales en materia de Telecomunicaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. Para logarlo se vencieron muchos obstáculos y para implementarla se observan otros tantos.
En su gestación, el primer obstáculo fue conciliar poderosos intereses de índole política y económica. La experiencia indicaba que los pactos han funcionado en cuestiones económicas para resolver crisis coyunturales. Pero no había precedente de un pacto de orden político para gestar reformas estructurales de nivel constitucional con trascendencia a los sectores más sensibles de la agenda nacional tales como la educación, transparencia, energía, telecomunicaciones y radiodifusión. Para ello se firmó el Pacto por México como un acuerdo político para concretar diversas reformas, entre otras, la que nos ocupa. El objetivo era garantizar la función social de las telecomunicaciones y, al mismo tiempo, modernizar al sector a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo ello sin que el gobierno perdiera su potestad reguladora.
El segundo reto consistió en configurar esta reforma de tal manera que recogiera los posicionamientos políticos de los diferentes partidos y evitar que la legislación secundaria pudiese desvirtuar la esencia de la reforma. Para resolver esta cuestión, se incorporó al texto constitucional una serie de cuestiones que más bien corresponderían a la legislación secundaria. Hacerlo de esta manera evitaría que una mayoría simple en el Congreso de la Unión pudiera descarrilar los acuerdos políticos que permitieron la reforma. Fue por ello que se recurrió a la hiperregulación constitucional, sustantiva y transitoria. No es jurídicamente lo adecuado, pero era, políticamente, lo conveniente para lograr el objetivo, toda vez que reformar la Constitución requiere una mayoría calificada que en el contexto actual solo se lograría con un acuerdo cupular que involucre a todas las fuerzas políticas del país.
El tercer reto consistiría en compaginar el derecho humano al libre acceso a la información y a las tecnologías de comunicación, con las cuestiones de mercado que invariablemente imponen una realidad insoslayable a la construcción de un marco jurídico en telecomunicaciones y a la regulación de una sana competencia de mercado. Esta cuestión se pretende lograr con la creación del Instituto Federal de Telecomunicación. Este organismo constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, será la autoridad reguladora, promotora y supervisora del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, de los servicios de radiodifusión y de las telecomunicaciones. Se le otorga además una facultad de gran importancia consistente en regular los aspectos de competencia económica, determinar quiénes actúan como agentes económicos preponderantes y llevar a cabo la determinación de dominancia en el sector.
El cuarto reto que debe resolver esta reforma consiste en capacitar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales encargadas de resolver las controversias en esta materia. El aumento de las atribuciones del Ifetel, como autoridad reguladora y garante de una sana competencia económica, así como la creación de tribunales federales especializados en telecomunicaciones y competencia económica, requieren de personal capacitado. No basta un conocimiento jurídico del marco regulatorio de las comunicaciones. Se requiere además un manejo claro e informado del lenguaje técnico, conocimientos en materia económica para detectar las alteraciones en la sana competencia de mercado y, finalmente, un criterio objetivo y orientado con base en principios respecto de los contenidos en esta materia. Este debe ser un esfuerzo compartido entre sector público y privado, pues en ambos la capacitación es indispensable. Se abre una gran oportunidad para las instituciones de educación superior para desarrollar programas de especialización multidisciplinarios. Deben incluir el indispensable enfoque, terminología y conocimientos técnicos de los ingenieros. No pueden faltar las habilidades de los economistas para atender problemas tarifarios, detectar alteraciones a la competencia económica y establecer los parámetros respecto a la determinación de agente económico preponderante y declaración de dominancia. Se requiere también contar con la perspectiva de los comunicólogos para abordar los temas de contenidos. Desde luego, la visión del jurista que trasversalmente una todos estos enfoques y permita que el derecho sea el catalizador de los objetivos que persigue esta reforma.
Ahora bien, nuevos retos se ubican en la implementación de esta compleja reforma. La agenda para ello debe de contemplar una política digital universal, que permita que en todos los hogares y en las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con acceso a las redes de telecomunicación con una velocidad de descarga similar al resto de los países de la OCDE. Se deberán crear redes públicas compartidas que impulsen el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a todos los servicios de telecomunicaciones. Se deberá fomentar la competencia del sector de manera no discriminatoria. También se prevé eliminar las restricciones a la inversión extranjera en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. La meta será garantizar el acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial. Mejorar los niveles de competencia en radio y televisión, así como en telefonía y servicios de datos.
Todos estos aspectos se encuentran íntimamente ligados con la competencia de mercado que exige que más actores participen en la prestación de estos servicios. Ese es quizá el mayor de los retos de la reforma dada la concentración que el mercado tiene en la actualidad.
Hoy en día la tecnología de la comunicación se ha convertido en un factor diferenciador que genera brechas sociales. Por ello el acceso a estas tecnologías se ha convertido en un derecho humano, por su universalidad e interdependencia con otros tales como el derecho a la educación, a la información y a la libertad de expresión. En efecto, el acceso a las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicación y radiodifusión tienen una función dual. Son fundamentales para el desarrollo económico de cualquier país y, al mismo tiempo, son el conducto para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Se debe romper con la distinción entre quienes tienen acceso a ellos y quienes por su estado de postración no pueden disfrutarlos. La comunicación nos iguala y el tener acceso a las tecnologías de vanguardia en la materia nos iguala aún más y se convierte en un vehículo promotor del desarrollo social de cualquier Estado.
Encontrar el justo equilibrio entre respetar y fomentar una sana competencia de mercado e incorporar a la población al disfrute del derecho humano de acceso a la información, es el mayor de los retos que enfrenta un país con grandes brechas y desequilibrios como México.
Debemos partir de una realidad compleja que no facilita los buenos propósitos que pretende la reforma en telecomunicaciones. En México opera un mercado sumamente concentrado, con tasas de crecimiento y penetración de los servicios por debajo de los que requiere una economía dinámica e incluyente. Existe una brecha respecto al acceso a la infraestructura de banda ancha que se refleja en un inadecuado despliegue de redes avanzadas por todo el territorio nacional. Habitantes de comunidades remotas y de menores ingresos están excluidas de estos servicios. El fenómeno conocido como “analfabetismo digital” requiere incorporar a la población al lenguaje de la tecnología a fin de desarrollar capacidades de acceso a los mercados cibernéticos, ya que la sociedad cada vez se mueve más en esa dirección.
Las ventajas que tiene nuestro país para eliminar esos abismos son muchas, tiene una economía pujante y con alto potencial para el desarrollo de las tecnologías de información. A partir de la reforma cuenta con el Ifetel, autoridad única en la materia no solamente para efectos de concesión y autorización, sino también árbitro de la competencia económica. El sector tendrá una gran apertura hacia la inversión extranjera. Todo ello genera una expectativa de negocios y de desarrollo que ubica a México como un polo de atracción para los inversionistas.
La reforma en telecomunicaciones se pergeñó a partir de un pacto político. Su implementación requerirá de un pacto social incluyente que desarrolle en los mexicanos la vocación de sociedad autogestiva. Nos referimos a que el acceso a las tecnologías de la comunicación permitirá desarrollar una mayor conciencia social partiendo de la base de que la información es conocimiento y el conocimiento es progreso.
Ricardo Sodi Cuellar es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. @oscar_ahp.
