La seguridad pública exige un enfoque que
combata la corrupción y promueva la cooperación.
México y sus autoridades enfrentan múltiples
retos en la construcción de un país que mira hacia el futuro. El panorama suele
ser alentador cuando la nación es una economía emergente; sin embargo, lo
alentador de una parte de la realidad no opaca la violencia e inseguridad.
Narcotráfico, secuestros, torturas, muerte, armas, balaceras, abusos, excesos,
son términos clave que identifican al país.
Existe
un reclamo por parte de la sociedad, se requieren acciones efectivas,
respuestas contundentes que aborden la problemática desde todas sus
dimensiones. Ya hemos visto el surgimiento de grupos cansados de la escasa
transparencia de sus autoridades, como las autodefensas en Michoacán. Dejaron
de creer y toman la justicia en mano propia. Las instituciones están corruptas
y la sociedad también. Cada vez se encuentran más lejos unos de los otros.
En
este contexto llega el proyecto estrella en esta materia del actual presidente,
Enrique Peña Nieto: Gendarmería Nacional. Fue presentada el 22 del pasado
agosto. Esta nueva corporación policiaca, séptima división de la Policía
Federal, es parte de los acuerdos del Pacto por México, firmado por las
principales fuerzas políticas el 2 de diciembre del 2012 y fue parte de las
propuestas de campaña del presidente.
Su
presentación no ha estado exenta de polémica, el modelo fue replanteado
públicamente en tres ocasiones. En un inicio prometía incluso ser el camino de
la desmilitarización. Su dimensión pasó de entre 40 000 y 50 000, prometidos en
campaña, a 5000 efectivos que tomaron protesta.
El paradigma
incremental ha caracterizado el manejo de seguridad pública. Calderón, en el
sexenio anterior, creo la Policía Federal y emprendió la guerra contra el
narcotráfico, incorporando a las fuerzas armadas a la misión de garantizar la
seguridad pública: militares y Marina. Más elementos suelen prometer cambios.
Lo novedoso de esta ocasión es que parece ser que la Gendarmería es un cuerpo
de seguridad con instrucción militar y preparación policial. Destinada
específicamente a fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad
públicas locales y salvaguardar los ciclos productivos, según dijo el
presidente. Ya se descartó que esta nueva fuerza sea un paso para efectuar la
retirada del Ejército de las labores de seguridad, lo cual fue una propuesta de
campaña.
Las
diferencias pudieron más que la necesidad de respuestas. La presentación de la
Gendarmería cuestiona una vez más la alabada institucionalidad. ¿Es el
presidente de la república la fuerza suprema? La cooperación necesaria para
construir un proyecto de alcance nacional quedó truncada ante las disputas por
el mando entre la Sedena y la Marina. La Comisión Nacional de Seguridad terminó
improvisando, nunca se logró un consenso. Con el antecedente de segmentos de
fuerzas de seguridad en los que se invirtió recursos capacitándolos para que
engrosen filas de grupos delictivos, ¿este grupo será distinto?
Aunque
la Gendarmería Nacional crea expectativas, los problemas de inseguridad y la
dimensión de la violencia sobrepasa el número de elementos, las diversas
policías, los partidos y sexenios. La necesidad de replantear el enfoque de
gestión vigente es parte del discurso de múltiples analistas, la ciudadanía
exige resultados que aborden la problemática desde diversos ángulos,
particularmente: la lucha contra la corrupción, la recuperación de la confianza
ciudadana y la relación Estado-sociedad.
Los
retos que enfrentamos
El
pesimismo se generalizó, el porcentaje de mexicanos de 18 años y más que
percibe inseguridad en su entidad federativa asciende al 72.3 por ciento, según
reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013.
El
gran reto es la creación de una política de seguridad convincente, logrando
superar los desaciertos del pasado y que recobre la confianza de la ciudadanía
en sus autoridades y en el futuro. Un proyecto nacional con un panorama alterno
en el que México considere la paz como una opción.
Peña
Nieto decía en una entrevista, en las oficinas de Reuters en la ciudad de
México, en el 2012: “Reafirmo la obligación del Estado mexicano de combatir al
narcotráfico, pero ahora tenemos otro tema que resulta de mayor prioridad que
es la violencia”. El gobierno debe ser eficaz en la prevención del delito y
para esto necesita una autoridad con objetivos y afiliaciones comunes. Tres
policías federales fueron asesinados en el Aeropuerto Internacional Benito
Juárez a manos de otros agentes investigados por narcotráfico hace pocos años,
esto refleja cómo la infiltración de la corrupción es un agravante y un enorme
reto.
La
Gendarmería Nacional es una división de la Policía Federal, esta ha sido
asociada con corrupción y abuso de poder. Durante el sexenio de Calderón fue
una de las dependencias que más quejas registró ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos. Estas situaciones desacreditan a la autoridad, el abuso de
poder se reproduce ante ausencia de protocolos claros, compromiso e incentivos.
La
sociedad debe volver a confiar en sus elementos de seguridad, pero ellos
también deben ser motivados a transformar su labor en un proyecto de vida. No
solo se deben consolidar los cuerpos policiales en sentido estratégico, también
ideológico; mejorando las condiciones laborales de estos seres humanos: padres
de familia, amigos, hijos o hermanos.
Ya en
el 2010 la Fundación Friederich Ebert, en el análisis “Condiciones
sociolaborables de los cuerpos policiales y de seguridad pública”, plantea la
necesidad de ofrecer un proyecto de vida atractivo a los elementos de las
corporaciones policiacas, siendo esto indispensable para elevar la eficacia en
el combate a la inseguridad. De esta suerte, es preciso garantizar condiciones
de trabajo mínimas como estabilidad y salarios dignos.
Las
razones que deben motivar a una fuerza pública a actuar deben ser claras,
objetivas y justificadas, y la finalidad y los medios utilizados, concordantes.
El compromiso con la sociedad y sentido de responsabilidad se debe promover en
cada integrante de los aparatos de seguridad. Esto debe garantizar el uso de la
fuerza siempre favoreciendo el ejercicio de los derechos humanos.
Superando
estos retos, la distancia entre la sociedad, sus instrumentos de seguridad
ciudadana y el Estado será cada vez más pequeña. Grandes problemas han marcado
la ineficiencia de antiguos intentos por mejorar la situación, pero pueden ser
superados. Unos creerán en otros y estarán dispuestos a luchar conjuntamente
por un México seguro donde la vida tenga un valor supremo e inviolable; para
ser efectiva, la Gendarmería Nacional debe llevar estos objetivos como
estandartes.
Un
cambio integral
En
múltiples ocasiones, Ernesto López Portillo, fundador y director ejecutivo del
Instituto para la Seguridad y la Democracia AC, ha planteado que el país no
necesita más, sino una mejor policía. Tal vez los éxitos de la recién creada
Gendarmería se sustentarán en reformas de otras policías, si no, tan solo será
la continuidad del paradigma incremental donde se crean nuevos grupos, pero no
se sanean los existentes.
Al
superar los problemas de corrupción y falta de transparencia, se mejoraría la
calidad de las instituciones y se crearía cercanía con la ciudadanía. Proyectos
y cambios conjuntos se pueden emprender superando la falta de continuidad,
característica de la política de los últimos tres sexenios. Se necesitan
progresos continuos y sostenibles, proveyendo estrategias a largo plazo,
sustentando un pacto social incluyente donde la seguridad sea valor democrático
garantía de los derechos.
La
Gendarmería Nacional, a pesar de ser parte de la PF, intenta dar respuesta a
algunas de estas problemáticas, contempla dentro de sus actividades programas
de vinculación social y de participación ciudadana permitiendo crear una
relación de apoyo con las comunidades. Además da importancia a la formación, ya
que sus miembros deben estar capacitados para trabajar con la ciudadanía.
Tienen un entrenamiento militar, formación jurídica y administrativa. Sin
embargo, en la dimensión del despliegue de fuerzas de seguridad en el país,
5000 miembros de la Gendarmería no resuelven el problema en conjunto.
Aun
queda cuestionar si los riesgos son mayores que las garantías. El plan original
de Peña Nieto no se consumó por falta de consensos, lo que ya le había pasado a
Calderón cuando no logró reformar la Ley Orgánica del Ejército. Además, qué
garantía se ha ofrecido a la sociedad de que los recursos invertidos en crear
policías mejor preparadas a largo plazo no resultarán en casos como los
célebres Zetas, exmilitares que usan sus conocimientos castrenses a la orden
del narcotráfico.
Además
de depurar las instituciones es necesario implementar políticas sociales
eficaces, pues la desigualdad y la violencia van de la mano; policías con mejor
calidad de vida serán menos propensos a desertar. En estos años México se
corrompió. En algunas zonas existe una percepción favorable hacia la
delincuencia, incluso más favorable que hacia la autoridad misma. El enfoque
debe conjuntamente promover mayores niveles de bienestar creando oportunidades
y empoderando a la sociedad para que los responsables de salvaguardar la
seguridad pública se constituyan como aliados y el Estado sea eficiente en su
labor de prevención y, además, sea capaz de construir consensos. Al final, la sociedad,
el Estado y sus instituciones deben tener objetivos comunes. ¿Por qué están tan
lejos unos de otros?
